Se ha convertido en un “best seller” de las redes lo que dicen que he dicho sobre el expolio sufrido por el Monasterio de Sijena en la guerra civil que siguió a la sublevación fascista contra el legítimo gobierno de la República.

Dicen que he dicho que el “expolio de Sijena fue un acto democrático”. No he dicho, ni mucho menos, eso aunque interesadamente se quiera hacer creer que lo he dicho. Puede leerse en el diario de sesiones lo que realmente he dicho.

He dicho, y seguiré diciendo porque está perfectamente documentado, que cuando, en plena guerra civil, el Monasterio de Sijena fue incendiado algunas obras de arte fueron salvadas por gentes del pueblo.  y que, tras el incendio, las pinturas del siglo XIII que cubrían los muros de la sala capitular fueron trasladadas al hoy Museo Nacional de Arte de Cataluña.  Las trasladó el Gobierno democrático y legítimo de la Generalitat de Cataluña, que era quien tenía las competencias legalmente atribuidas en materia de cultura, actúo como corresponde y recogió del Monasterio de Sijena parte de lo que pudo salvarse del incendio.  Alguien llama a esta acción “expolio”, yo me limito a informar. Lo cierto es que, desde entonces, esas obras, propiedad de la iglesia como tantas otras, fueron depositadas en Cataluña y allí siguen.

Luego, se supo en 1997, hay otras obras, también del Patrimonio cultural de Sijena, que la Generalitat de Cataluña compró a las hermanas de la Orden de Malta, gestoras del Monasterio y que, supongo que con permiso de la Iglesia, vendieron 44 piezas por 16 millones de pesetas en 1983 y 52 piezas por 39 millones de pesetas entre 1992 y 1994. Estas obras fueron “compradas”, no “expoliadas,” porque las monjas las vendieron libremente e hicieron caja con ellas.

Otra cosa es que el Gobierno de Aragón ni se enterara y que ahora quiera recuperarlas ejerciendo el derecho de retracto (pagando el justiprecio que se estime). La Generalitat no acepta el derecho de retracto y el tema está en los tribunales. Lógicamente, al igual que con las que el Gobierno de la Generalitat depositó en Cataluña al salvarlas del incendio, los dos Gobiernos, el catalán y el aragonés, deben encontrar la fórmula para el retorno de esos bienes del patrimonio cultural aragonés. Como no se han puesto de acuerdo el tema está en los tribunales y los tribunales dirán. Pero son dos casos diferentesPonencia para el estudio del Proyecto de Ley del Patrimonio de Aragón

Resumiendo, lo que he dicho es que se habla de “expolio”  pero hay que decir la verdad. Eso no quita para que, desde el rigor, reclamemos lo que es patrimonio cultural aragonés.

Si viviera en Cataluña, o en cualquier otra parte, me gustaría opinar. Opinar libremente, con toda la información, sin manipulaciones. Especialmente cuando hay que opinar sobre un tema importante y la cuestión soberanista, nacionalista, independentista,… lo son.

Como cuestión previa me gustaría, porque es un derecho democrático,  que se respetara mi derecho a decidir. Poder decidir, sobre cualquier aspecto de mi vida, es un derecho que, una sociedad democrática, debe respetar. No por ser catalán, ni madrileño, ni…. Debo tener derecho a decidir por ser ciudadano. En estos momentos, antes de llegar a cualquiera de las cuestiones que acaban en “ista” ya se pone en duda ese derecho. “No está en la Constitución”, se argumenta. Bien, pero… ¿puede estar?. En la Constitución no estaba el mandato de que cumplir el objetivo de déficit fuese prioritario, pero ahora está. Bastó una reunión de una tarde de verano, alrededor de una mesa camilla, para que PP y PSOE se pusieran de acuerdo y cambiaron la Constitución. Luego, la Carta Magna no es inmutable. Es, a lo que parece, muy fácil de cambiar, pero para lo que se quiere. Yo, ahora mismo, daría unas cuantas razones para cambiarla. Es más, creo que ya no sirve y hay que ir a un nuevo proceso constituyente, pero vuelvo al tema que es objeto de estas líneas. La consulta, ¿puede o no puede hacerse?, ¿No podría cambiarse para que fuese constitucional poder preguntar a la gente?. Tendríamos resuelto uno de los “dilemas” que la cuestión suscita.

Si tuviera resuelto mi derecho a decidir entraríamos al tema de opinar.
Si me dejaran opinar, para eso me deberían preguntar, si me preguntaran, diría, alto y claro, que no soy nacionalista, que no soy independentista, que no me identifico con ninguna bandera (salvo la republicana) ni frontera.  Cuando llego aquí siempre me preguntan, “¿qué eres entonces?”, me considero internacionalista. Soy trabajador y la clase trabajadora, sea catalana, madrileña, aragonesa, portuguesa, griega, boliviana, brasileña,…. es mi clase y mi clase, y sus derechos, creo que se defienden mejor en un estado federal, republicano, laico, justo y redistributivo.

Si viviera en Cataluña preguntaría, a quienes quieren llevarme a una consulta que, a pesar de la campaña mediática, aún no me han explicado bien, por qué apoyan al PP en el Congreso y por qué votan a favor de todas y cada una de las políticas que, como a quienes viven en Aragón, Madrid, … me están amargando la vida, dejando sin esperanza, acabando con mis derechos, destruyendo los servicios públicos que son los únicos que me atienden y arrasando el estado social que tanta lucha, muertos y asesinados incluidos, costó. Si viviera en Cataluña viviría tan mal, o tan bien, como quien vive aquí en Aragón, o en Galicia, o…. Los problemas son los mismos, las “recetas” sociales, económicas,… que se aplican siguen los mandatos de la troika europea. No oigo, a quienes nos llevan al debate de las banderas, proponer alternativas a la pobreza, no les oigo decir que van a derogar la reforma laboral, no les oigo decir que hay que implantar un sistema fiscal progresivo, directo y redistributivo. No responsabilizan del drama que vive la ciudadanía al capital, ni a los bancos especuladores, ni a los defraudadores, ni a los corruptos, ni a los corruptores. ¿El problema es una bandera, una frontera?.

Si viviera en Cataluña, pero incluso viviendo en Aragón, o en Madrid, o en La Rioja, les preguntaría, a ellos y a quienes alimentan la polémica soberanista, por qué quieren hacerme creer que es el tema más urgente, el que más tiempo debe ocupar, el que más atención requiere. Preguntaría por qué me embarcan en este debate mientras me aplican la reforma laboral, mientras llenan de millones a la banca, mientras no persiguen el fraude fiscal, mientras privatizan la sanidad y la educación, mientras eliminan la Ley de Dependencia, mientras apoyan las congelaciones salariales, mientras permiten el ataque a las pensiones, mientras…

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El lunes, 23 de Septiembre, Wert y el Príncipe, venían a Zaragoza para hacer la inauguración oficial del Curso académico 2013-2014. Ciertamente no iban a ser recibidos con aplausos y ya se había solicitado que no se aceptase el “sarao” en el que Wert, el mayor destructor de la educación pública, sería protagonista. Se había convocado, fuera del recinto académico, una concentración de rechazo a la presencia de Wert, de rechazo a la LOMCE y de Defensa de la escuela pública. Se habían restringido mucho las invitaciones oficiales pero, no era posible asegurar que todos los “invitados” aplaudiesen. Tampoco se podía garantizar que no llevasen camisetas verdes. Pero el colmo fue que se negó la posibilidad hablar a representantes de la Comunidad Universitaria que, de manera oficial y educada, habían solicitado dirigirle unas palabras al Ministro.

El caso es que ayer, jueves, se decide suspender el acto y se justifica por la “seguridad” de que se producirían  altercados. ¿Que altercados?, ¿No aplaudir al Ministro?, ¿Llevar camisetas verdes?, …

Realmente ha sido una “suspensión preventiva” del acto oficial de apertura del curso universitario 2013-2014 que iba a contar con la presencia del Príncipe y del Ministro de Educación, Sr.Wert.

Yo, como otros miles de ciudadanos, pienso que el Ministro Wert, que se distingue por sus continuos ataques a la Educación Pública en todos sus niveles, no tiene derecho a protagonizar el acto de apertura del curso académico 2013-2014 puesto que su presencia, por muy protocolaria que sea, viene a legitimar la política de recortes y ajustes que está aplicando a la Universidad y a la Escuela Pública.

Me parecía inadecuado que, además, viniera acompañado por el Príncipe cuando es conocido que la corona, presuntamente implicada en temas fiscales poco claros, tampoco es conocida por su compromiso con la educación pública.

Por eso, una vez que habían decidido venir a Zaragoza, queríamos aprovechar la visita, especialmente la de Wert, para hacerle llegar, junto a otras organizaciones que defendemos la escuela pública, nuestras preocupaciones y reivindicaciones y, al mismo tiempo, íbamos a participar en las concentraciones convocadas para ese día en la calle en las que, como siempre, íbamos a reclamar la retirada de la LOMCE y el cese de los recortes en la educación pública.

Lo iba a hacer, y lo seguiré haciendo, junto a la ciudadanía porque es mi derecho democrático, porque tengo derecho a decir que no estoy de acuerdo con la política que sigue el PP y que representan Wert en Madrid y Serrat aquí y porque la Constitución me reconoce ese derecho.

Los actos de reivindicación y protesta son legítimos y no vamos a permitir que se asocien a algaradas callejeras, a actos violentos, ni mucho menos que se caractericen las protestas, concentraciones y manifestaciones como actos que atentan contra la seguridad de nadie.

Ya nos pareció un desatino que saliera, también preventivamente,  la Consejera de Educación, Sra. Serrat,  dudando de la “educación” de la ciudadanía zaragozana y nos parece otro despropósito suspender el acto de manera preventiva para, dice la justificación oficial, evitar incidentes.

Los conflictos se evitan cuando se aplican medidas justas, razonables, equitativas, dialogadas, explicadas, negociadas y, si es posible, acordadas. Sin embargo el PP, Wert, Serrat y todo el Gobierno Central y Autonómico, están imponiendo medidas que, además de ser profundamente injustas, atentan contra el derecho a la educación y son diariamente contestadas con la movilización y la rebeldía ciudadana.

Mientras siga adelante el PP con estas políticas de recorte y destrucción de los servicios públicos habrá movilización y será cada vez más contundente porque no vamos a permitir que, con la excusa de la crisis, de desmantele el estado social que tanto costó conseguir.

Cortes. 7-2-13

En Aragón hemos empezado el curso escolar 2013-2014 y lo hemos hecho con los mismos problemas que el curso anterior, pero agravados.

La política de recortes y ajustes sigue provocando cierre de aulas escolares, precariedad del profesorado, imposibilidad de desarrollar programas educativos, aumento de ratios, insuficiencia de equipamientos escolares,… La Educación Pública sigue siendo la gran perjudicada. Cada uno de estos problemas da para escribir un artículo, pero quiero centrarme en el tema de los comedores escolares.

La realidad es que, en estos momentos, hay 6 centros públicos que no han podido abrir el comedor porque no llegan a los mínimos 11 comensales que establece la normativa, que hay un descenso generalizado de usuarios que, como media es del 30 %. Hay un dato irrefutable. La plantilla de monitores/as de comedores escolares para este curso es justamente la mitad que la del curso pasado.

Todo ello está motivado por la política ultraliberal que siguen PP y PAR, que consideran que el comedor escolar no tiene nada que ver con el gasto educativo, que no es un derecho de la ciudadanía y que no tienen ninguna obligación de garantizar el comedor escolar nada más que al alumnado que, por necesidades de la planificación educativa, es desplazado. Es, también, consecuencia de esa forma que tiene la derecha más reaccionaria de abandonar sus obligaciones y responsabilidades en manos de la caridad y la beneficencia. Es, igualmente, el resultado de ese afán, profundamente antisocial, de desmantelar y destruir toda la red de protección social que, en 40 años de democracia, se había tejido. El drama es que esta política golpea, de manera más dura y salvaje, a los más necesitados, a los que margina y excluye el sistema social y económico que marcan los mercados y que, obedientemente, sigue nuestro Gobierno.

Hay una primera reflexión que hacer. Un Gobierno democrático que se precie debe considerar, como prioridad absoluta, que ningún niño o niña pase hambre. Sabemos que, hoy en día, hay escolares que la única comida que pueden hacer es la que hacen en el colegio. Habría otras consideraciones que tienen que ver con la nutrición adecuada y el rendimiento escolar, pero hoy sólo destaco que el Gobierno que da prioridad a pagar a los bancos no considera prioritario que todos los niños y niñas, al menos una vez al día, coman.

Siento vergüenza cuando veo a un Gobierno, en este caso al de Aragón, incumplir gravemente su responsabilidad social y sus obligaciones y condenar a la ciudadanía más vulnerable a la desprotección social.

Sólo así se entiende la forma indecente que ha tenido el Gobierno PP-PAR de excluir de la convocatoria de ayudas para comedor escolar a todo aquel escolar que viva en una familia cuya renta familiar sea superior a los 533 € al mes.

La convocatoria no es para ayudar. Fija el nivel de esa renta en el año 2011. No deja aportar documentación que justifique la situación económica real en 2013. Es de cínicos. De 2011 a 2013 hay 20.000 parados y paradas más, han pasado de 30.000 a 45.000 las personas que han agotado el desempleo y los subsidios y no se les deja acreditar que hoy, en 2013, sus rentas familiares no llegan ni a esos 533 € mensuales.

La convocatoria es para excluir. De entrada excluye y margina a gente que sufre la pobreza. Todos los organismos internacionales reconocen la pobreza cuando los ingresos personales, no familiares, no llegan a los 613 €.

Quedan, también fuera, quienes no pueden presentar la solicitud en persona. Sólo se permite hacer la petición por vía telemática como si las nuevas tecnologías estuvieran accesibles para el todo el mundo y, especialmente, para quienes sufren la pobreza y la exclusión social.

El objetivo es muy claro. Recortar el gasto, dejar fuera a la mayor cantidad posible de gente y atender las imposiciones que le marcan desde Bruselas.

El sonrojo es mayor cuando vemos las ayudas adjudicadas, las sumamos, y comprobamos que mientras hay niños y niñas que no pueden ir al comedor escolar porque sus familias no pueden pagarlo, hay 322.000 € que, aunque están presupuestados para becas de comedor, se quedan en el cajón.

423465_250338815045325_100002076241662_541875_1890928533_nEs otro motivo más para gritar:  ¡¡¡Gobierno Dimisión¡¡

 

O las dos cosas. Hablamos de lo que quiere el FMI para España. Menos salrios y más reformas laborales.

Por supuesto, no vayamos a liarla, me refiero al FMI (La Sra. Lagarde, su directora, cobra 324.000 € al año libre de impuestos), al  vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Ollie Rehn que le parece bien la propuesta, al Presidente de Mercadona (Sr.Juan Roig) que dice que hay que seguir el modelo chino, al Sr.Rosell que quiere contratos por debajo del Salario mínimo, a Rajoy, Rudi, Cospedal  y toda esa “presunta” cuadrilla que aplica las recetas que manda el FMI.

La última, ya la sabemos: Rebaja salarial del 10 % para crear empleo y otro “retoque” a la reforma laboral.

Se es sádico, bueno diré “presunto sádico” cuando se disfruta con el dolor y sufrimiento ajeno. Sólo “presuntos” sádicos pueden proponer más hambre, miseria dolor y sufrimiento a quienes, sin ser los causantes, están siendo las víctimas de esta estafa que es la crisis y ya están sufriendo y pasándolo muy mal.

Se es prevaricador, también diré “presunto prevaricador” cuando se toman decisiones sabiendo que van causar daño. Eso hace toda esta “presunta cuadrilla de indeseables” que siendo conscientes de que sus “recetas” nos han llevado a 6 millones de parados y paradas, a que ya se haya perdido más de un 13 % de media de masa salarial, a que la rebaja de las retribuciones haya sido del 22 % en los tres últimos años y a que no haya más que empleo basura precario y temporal,  perseveran y siguen  tomando decisiones que joden la vida a millones de trabajadores y trabajadoras.

¡¡Hay que echarlos cuanto antes¡¡

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Con permiso de Forges

Este fin de semana, el Sr.Rajoy, ha declarado nada más y nada menos que España va bien. ¡¡La hostia¡¡. ¿Se ha enterado en qué país vivimos?. Una de dos, o vive en una burbuja, o es un cínico desalmado. Justifica esa afirmación en los datos del desempleo del último mes. Es verdad que hay menos parados y paradas inscritos e inscritas en el desempleo. Es verdad, también, que 9 de cada 10 de est@s nuev@s trabajador@s, dentro de 60 días van a estar otra vez en las filas del desempleo.

Algunos de esos “nuevos empleos” se deben a condiciones laborales como las que vemos en esos miles de anuncios de “ofertas” de trabajo. Pongo como ejemplo esta que cita Publico: “Se precisa recepcionista Freelance para atender centralita desde casa, preferiblemente chica, para empresa call center. Se exige título de ESO y dos líneas de teléfono en casa. Contrato de autónomo. 450 euros brutos. Jornada completa” y con esos 450 € te pagas las cotizaciones tú mismo.

La triste, dura y dramática realidad es, entérese D.Mariano, que desde que Vd. gobierna somos un país en el que cada vez hay más pobres, incluso entre los que trabajan. Lo dice el último informe hecho público por Cáritas. Más del 26% de los ciudadanos de nuestro país son pobres, 630.000 hogares (más del doble que en 2007) carecen de ingresos; uno de cada diez trabajadores con empleo sobrevive con el salario mínimo o con menos; el 46 % de desemplead@s han agotado las prestaciones por desempleo, la mayor parte de las madres con bebés no pueden permitirse darles el pecho; los niños con problemas de desnutrición se cuentan por millares.

Eso sí, seguramente el país va bien para la Casa Real, a pesar de los escándalos. Irá bien para esos y esas que cobran sobresueldos, para quienes hacen negocios con las posibles olimpiadas, para esos defraudadores (aclamados deportistas incluidos), para los chorizos y corruptos, para esos banqueros responsables de la crisis que se llevan los riñones bien cubiertos.

Pero para la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas la cosa está muy jodida. Así que, Sr. Rajoy, no sea cínico, no mienta y háganos el favor de dimitir y dejar que haya unas nuevas elecciones.

Madrid 20-3-011

 

¡¡Gobierno Dimisión¡¡

Este fin de semana he repasado, despacio, lo que han acordado PP y PSOE. Es lo que van a presentar, juntos y en buena armonía, en el Congreso. Es un “pacto de Estado” para que España lleve una posición “común” al Consejo Europeo de los próximos días 27 y 28 de junio. Si este acuerdo sale adelante, entre otras cosas, ya “no hará falta luchar” por una Política Agrícola Común (PAC) porque “la agricultura habrá desaparecido en España”.

Su acuerdo incluye, también, el impulso de un acuerdo de libre comercio entre EEUU y la Unión Europea (UE) que supondrá el “fin de la poca soberanía económica en este país”. Ya hemos perdido la soberanía financiera y ahora, PP-PSOE entregan totalmente la posibilidad de planificar, aunque sea mínimamente, nuestra economía.

Revitalizan e impulsan “de manera efectiva” la directiva de Servicios, la Directiva Bolkenstein, con la que se pretende favorecer la libre circulación de servicios entre los Estados de la UE. No me extraña que el PP defienda estas propuestas, pero el colmo es que el “renovado e izquierdoso PSOE” apoye ese acuerdo de libre comercio y la directiva de Servicios y se retraten juntos Rubalcaba y Rajoy.

Bueno, frente a todo ello hay una alternativa que pasa por la aprobación de la proposición no de ley presentada por IU, ICV-EUiA, CHA y que se debatirá también mañana, martes día 25, en el Congreso conjuntamente con la de PP-PSOE. En ella se reclama la anulación de la reforma del artículo 135 de la Constitución -ejecutada con celeridad en 2011- para que se elimine así la prioridad absoluta del pago de la deuda y se justifiquen los recortes.
Nuestra iniciativa incluye además varios puntos para que en el próximo Consejo Europeo se promueva la derogación del Pacto de Estabilidad, se adopte un plan de emergencia contra el desempleo y se defienda el diálogo social en el ámbito comunitario, entre otras propuestas.

Se trata, en definitiva, de pasar de Europa de los mercados y banqueros a la de los trabajadores y trabajadoras.

Llegando al Parlamento Europeo

Llegando al Parlamento Europeo

¡¡Si se puede¡¡

El Gobierno ha encargado un informe sobre la próxima reforma de las pensiones y ya se conoce el borrador que han elaborado los expertos a quienes ha consultado. Lo primero que “recomiendan”, es que se aplique cuanto antes lo que proponen.

Proponen una nueva reforma, que dicen hay que aplicar ya en 2014 y, desde luego, antes de 2019. Una vez más, dicen que para garantizar la sostenibilidad del sistema, hay que recortar. Proponen, atentos y atentas, congelar las actualizaciones del IPC para todos y todas los y las pensionistas actuales y bajar las cuantías de las pensiones para l@s nuev@s perceptores. Dicen, no se lo pierdan, que no hay que revalorizar las pensiones según el índice de precios sino en función de de las cuentas de la Seguridad Social.

¿Se quedan aquí?. No, ni mucho menos. Están dispuestos a hacer algo que, hasta ahora, no se habían atrevido. Han llegado a congelar las pensiones, pero ahora proponen bajarlas. Eso si, dicen que esto no debería afectar a los pensionistas actuales porque (que detalle) supondría cambiarles “drásticamente” las reglas del juego a gentes quienes, como ya están jubilados y sin posibilidad de cotizar más, ya no tienen posibilidad de adaptarse a las nuevas rebajas, pero que es necesario para las nuevas pensiones que entren en el sistema en los próximos años. Ponen sobre la mesa la necesidad de bajar las pensiones si la Seguridad Social tiene más gastos que ingresos.

Lo justifican relacionando la pensión y la cuantía con la esperanza de vida. Recomiendan que, para las nuevas pensiones se aplique una reducción del 6 % para quienes se jubilasen en 2024 y un 12 % para quienes lo hicieran en 2032. En definitiva, si vas a vivir más cobrarás menos.

Esto significa que, además de que todos, los actuales y los nuevos, van a sufrir pérdida de su poder adquisitivo, los y las pensionistas futuros serán doblemente afectados. Ni siquiera se les actualizará la pensión que, por eso de las cuentas de la Seguridad Social, se les habría rebajado.

 

Bueno, pues eso. Atentos y Atentas y a rebelarse. Todos y todas somos, o seremos, pensionistas (eso espero al menos)

 

Sólo podemos pararles con una movilización contundente.

 

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¡¡Nos vemos en las calles¡¡

 

El jueves 9 de mayo, toda la comunidad educativa (madres y padres, estudiantes y profesionales de la educación) ha convocado una huelga general para mostrar su unánime rechazo a los ataques que sufre la educación pública, mediante políticas centradas en brutales recortes que tienen como objetivo el desmantelamiento del servicio público educativo, único garante real del derecho a la educación en condiciones de igualdad.

A ello se suma el ministro Wert que sigue adelante con la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), a pesar del rechazo de amplios sectores de la comunidad educativa y del varapalo recibido desde el Consejo de Estado, que sostiene que, ni se necesita una nueva ley de educación, ni es de recibo plantearla sin amplio acuerdo con el conjunto de las fuerzas políticas y sociales.

Las medidas que recoge la LOMCE supondrán el principio del fin del modelo de educación pública conquistado durante décadas, y su sustitución por un sistema mercantilizado, cuya calidad estaría relacionada con el poder adquisitivo de las familias. Trata así de consolidar y aumentar la diferenciación de dos redes de educación. La pública centrada en atender a las clases bajas, y a quienes sean rechazados por el sector privado y zonas rurales, que no son rentables para la iniciativa privada.

También se quieren potenciar centros de diferentes niveles según los contextos socioeconómicos, fomentando la especialización y “excelencia” de unos en detrimento de otros, en lugar de garantizar el derecho universal a una educación de calidad para todos y todas. Además esa especialización estará más ligada a intereses privados empresariales y de “los mercados,” que a la formación integral del alumnado.

La LOMCE pretende potenciar territorios escolares reservados a la élite, excluyendo a su vez a las hijas y los hijos de la clase trabajadora a la hora de acceder a determinados niveles y centros educativos. Por eso busca reducir el período de enseñanza obligatoria, la exclusión de una parte de quienes han sido incluidos en el último medio siglo y la reformulación del principio de gratuidad mediante fórmulas de re-pago. El bachillerato supondría gastos que no toda la ciudadanía podrá costear, por no hablar de los aumentos, que ya estamos sufriendo, de las tasas para los ciclos de FP, de las tasas universitarias o de los desorbitados precios de másteres y cursos de postgrado.

Todo enmarcado, a su vez, en un proceso de recortes que atacan directamente la calidad de la educación pública: aumento de ratios de alumnado, reducción drástica de personal docente, eliminación o reducción de becas y ayudas, presupuesto irrisorio en las partidas destinadas a formación, investigación…

La comunidad educativa viene reclamando desde hace meses las medidas que pueden mejorar la calidad del sistema educativo con equidad, asegurando en todo caso los recursos necesarios para ello y aplicando un “rescate” a la educación pública semejante al que se ha puesto a disposición de las entidades bancarias. La educación pública no se vende. Se defiende

Defendemos una educación pública inclusiva, igualitaria, laica, de calidad, gratuita y democrática. Una educación laica que respete la libertad de conciencia y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. Una educación personalizada, integral e inclusiva, que reduzca la ratio de estudiantes por grupo y potencie la tutoría y la orientación educativa, con un currículo y una organización pensados para atender mejor a la diversidad del alumnado y formar ciudadanos críticos y capacitados para cooperar en la construcción de un mundo mejor y más justo. Una educación en igualdad que fomente la coeducación y no segregue por razón de sexo ni de orientación sexual ni por ninguna otra característica de índole personal o cultural

Por ello toda la comunidad educativa y toda la ciudadanía debemos sumarnos a la huelga del 9 de mayo, tan oportuna como necesaria; y a cuantas movilizaciones sean convocadas contra los recortes y frente a las contrarreformas educativas que quieren imponernos.

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¡¡Nos vemos en las calles¡¡

Se extiende la teoría del pacto. Llaman al Pacto Nacional, y de su necesidad quieren convencer a la gente, el empresariado español, los grandes partidos y, como he visto en los últimos días, una buena parte de los ciudadanos.

Más o menos la cosa se plantea en los términos de “remar  juntos” en la lucha contra el paro. Ante este grave drama social puede ser mal visto no querer hacer de “remero”. Yo, lo que pienso es que antes de “alistarse”, hay que saber el rumbo que lleva el barco. Lo digo porque prefiero ser acusado de “no remar” que de remar en la dirección equivocada.

¿De qué pacto hablamos?. ¿Empezamos por derogar las reformas laborales o se va a profundizar en el abaratamiento del despido?. ¿Hay que recuperar la inversión pública o se trata de continuar con los recortes y la austeridad?.¿Reformamos la Constitución para sacar del Artº 135 el principio del cumplimiento del déficit o seguimos las recetas de la economía europea que nos han llevado a más de 6 millones de parados y paradas?.

Es evidente que entre las políticas que, siguiendo las directrices de la troika han aplicado los últimos gobiernos, y la ciudadanía (incluyendo a votantes y exvotantes de PP y PSOE) hay un abismo. Hay, como se vió este 1º de Mayo, un rotundo y contundente NO a las políticas neoliberales. ¿Qué otro gran pacto se puede pedir que no sea para el cese inmediato de las políticas de ajuste y recorte?.

Seamos serios. No es tiempo de la demagogia oportunista, ni de lanzar cortinas de humo, ni de llamadas vacías de contenido sobre supuestos pactos. Es el momento de que todos, partidos, sindicatos, empresarios, banqueros, nos “retratemos” y hagamos propuestas concretas para crear empleo. No “remaremos” en ningún barco que busque mantener la política económica actual. No estaremos si el pacto es para confirmar la política de austericidio y la pérdida de derechos.

La trampa es clara y evidente. Bruselas dice que hay que recortar más. ¿Cómo hacerlo con la que le está cayendo al PP y al PSOE?. Pues vistiendo de “acuerdo social y político” las “necesarias” medidas. El pacto-trampa es una perversa tergiversación. Pretende demostrar que las nuevas medidas de ajuste no son impuestas por Merkel y la troika sino que es fruto de un gran pacto nacional al que se “apuntan”, y además corriendo, todos.

Recuerdo el último gran acuerdo que hubo. Era sobre las pensiones y permitió alargar la edad a la que nos jubilamos sin apenas oposición social organizada. La excusa empleada fue garantizar la sostenibilidad del sistema. Pero empezó un camino que se quiere seguir. Estamos discutiendo si nos aplican antes de lo “acordado” la ampliación de la edad de jubilación a los 67 o si, directamente y mediante un Decreto-Ley, nos aplican la edad de jubilación a los 70 años.

¿Estoy en contra de los pactos y acuerdos?. No, claramente no. Los considero necesarios. He vivido algunos que, para mi, han sido importantes. Por ejemplo el que permitió la salida de la dictadura. En los 70 queríamos democracia y libertad y, aún con dudas, las renuncias estuvieron acompañadas de avances (democráticos y sociales). Durante mi experiencia sindical he negociado convenios colectivos y he mediado en conflictos laborales. En todos los acuerdos, es verdad que unas veces más que otras, hubo avances para los trabajadores y trabajadoras. He participado, ya como diputado, en consensos y acuerdos de los que destaco el del agua, el del nuevo estatuto de autonomía, el de la Ley de muerte digna,… todos estos acuerdos en los que he participado me han demostrado lo importante que es encontrar una salida y hacerlo de manera negociada y, en la medida de lo posible, consensuada.

Por eso, desde el convencimiento de la necesidad de abrir la puerta a un acuerdo, afirmo que frente a un Pacto de Estado para “salvar” al sistema, apuntalar políticas que nos han llevado a la recesión, al desempleo y al desmantelamiento de los servicios públicos, hay que “acordar” una salida de la crisis basada en la creación de empleo, en los derechos sociales, en la Reforma Fiscal necesaria y en la defensa de la Democracia.

Ese es el gran acuerdo que reclama la gente en las calles y es el que necesitamos. 

Sesión Plenaria

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