obispos-gordos1En enero de 1979, recién aprobada nuestra Constitución, se firmaron  unos acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede que forman lo que se conoce como Concordato con la Iglesia Católica. Este acuerdo, en teoría, sustituía al que firmó el régimen franquista en 1953 mediante el cual España se definía como “una Monarquía tradicional, católica, social y representativa que considera un honor el acatamiento de la Ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional”. En 1953, con Franco necesitado de reconocimiento internacional y con el Estado gobernado por una dictadura fascista, era entendible. En 1979, con la restauración de la democracia y con la Constitución que diseña un estado aconfesional, no estaba justificado el Concordato.

Es cierto que nuestra Carta Magna de 1978 no supo, o no pudo, establecer un estado claramente laico y se limitó a garantizar la libertad de creencias y a proclamar que ninguna confesión tendría carácter estatal.

Pero, a pesar de ello, en virtud del acuerdo firmado, la Iglesia Católica mantiene un conjunto de privilegios que le garantiza el Concordato. Así, por ejemplo, se reconoce a todas las órdenes, congregaciones e institutos religiosos personalidad jurídica civil, se garantiza la inviolabilidad de los lugares de culto y de sus archivos, registros y documentos y tiene libertad de publicación. En el terreno educativo el Estado está obligado por el Concordato a que toda la educación que se imparta en los centros públicos sea “respetuosa con los valores de la ética cristiana” y a que los planes educativos incluyan “la religión católica en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. Aunque no sea evaluable, ni obligatoria el Estado debe garantizar que se imparte pagando al profesorado de Religión que le imponga el obispado de turno. En el terreno fiscal la Iglesia Católica no paga el impuesto sobre la renta (IRPF), ni paga contribuciones urbanas (IBI) por sus edificios, incluidos  lugares de culto, oficinas, seminarios y residencias para sacerdotes y está totalmente exenta del impuesto por donaciones y sucesiones.

Estas ventajas, profundamente discriminatorias con el resto de ciudadanos, hacen que la Iglesia esté libre de impuestos. Pero además hay que añadir la peculiar forma de financiación que tiene. El Concordato establece que a los tres años, es decir, a partir de 1982, la Iglesia mantendría todos estos privilegios (que ya son) pero los presupuestos del estado sólo le ingresarían lo que la ciudadanía libre y voluntariamente decidiera mediante su declaración de IRPF, la famosa crucecita que, si alguien quiere que lo suyo vaya para la Iglesia, debe marcar. Curiosamente el Estado todos los años le ingresa “a cuenta” mucho más que lo que la ciudadanía marca en sus declaraciones.  Extrañamente la “cuenta” nunca se ajusta y ello acumula una DEUDA de la Iglesia con el Estado de miles de millones que nadie reclama.

Así todos y todas contribuimos a financiar a la Iglesia Católica independientemente de nuestras creencias.

El mandato constitucional de la “neutralidad” del Estado está siendo claramente vulnerado.

Mientras tanto la Iglesia Católica demuestra una preocupante falta de respeto hacia el estado democrático y de derecho cuestionando, cuando no combatiendo abiertamente, decisiones democráticamente adoptadas por el Congreso de los Diputados. Es conocida la animadversión y beligerancia con la que censuran y critican la regulación legal del aborto llegando a comparar esta decisión con actos de terrorismo de estado, es ridícula la argumentación que hacen contra la autorización legal de que las parejas de gays o lesbianas puedan adoptar niños o niñas, y han llegado a hacer llamamientos públicos a la desobediencia civil, invocar la moral católica para que funcionarios públicos, como son los jueces o los alcaldes y concejales, se nieguen a celebrar matrimonios homosexuales y dejen de lado su obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. Estas actuaciones, además de intolerables para el estado de derecho, son una muestra palpable de la aversión de la Iglesia Católica hacia la democracia y sus instituciones.

El Estado debe defenderse de agresiones de este tipo, pedir responsabilidades y obligar a la Iglesia a cumplir con todo lo que el resto de ciudadanos y ciudadanas cumplimos respetando, o cuando menos obedeciendo, las leyes y normas democráticas que dicta el Parlamento. Ha llegado el momento de denunciar un convenio trasnochado como el Concordato, de acabar con los privilegios de la Iglesia, y de apostar clara y decididamente por un estado laico.

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