La semana pasada el Congreso aprobó la Reforma de la Ley del Poder Judicial. La reforma aprobada supone una importante restricción para que los jueces españoles puedan perseguir la impunidad de los delitos más graves.
Curiosamente se aprobaba ésto en el Congreso a la vez que Simón Peres , aprovechando la visita a Israel, agradecía a Zapatero este frenazo a los procesos que se seguían en España contra las actuaciones de las fuerzas israelíes en Gaza, Cisjordania y Líbano.
El retoque que se ha dado a la Ley significa que los jueces españoles sólo podrán perseguir delitos graves, violaciones de derechos humanos, asesinatos, genocidios,… cuando se acredite que el presunto autor de los hechos esté en territorio español, que existan víctimas de nacionalidad española o que se constate que exista algún vínculo de conexión relevante con España y que, además, no se haya iniciado otro proceso en cualquier otro país.
Hasta ahora varios jueces españoles habían investigado crímenes contra la humanidad cometidos en Argentina, Chile, Guatemala y otros países sin ningún problema pero ahora el Gobierno de Zapatero ha decidido modificar la Ley para conseguir una evidente limitación de la jurisdicción universal que, hasta ahora, permitía la investigación y consiguiente proceso de crímenes, torturas y violaciones de derechos humanos en cualquier país.
Una vez publicada en el BOE entrará en vigor la nueva ley y, por ello, muchos de los procesos que se siguen en la Audiencia Nacional como los abiertos contra Israel por Gaza, contra EE.UU. por Guantánamo y los vuelos de la CIA o contra China por el caso del Tibet, por poner algunos ejemplos, deberán ser archivados.
El cambio de la Ley fue aprobado por abrumadora mayoría ya que votaron a favor, además del PP y PSOE, algunos nacionalistas de derechas (Convergencia y Unió, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro), Rosa Díez (UPyD) y Nafarroa Bai. Tan sólo votaron en contra PNV, BNG, ERC, ICV e Izquierda Unida.