Estamos viendo, en estos días veraniegos, el debate que ha surgido en torno al coste económico que, para la sanidad pública, va a tener la nueva Ley que despenaliza la interrupción del embarazo.

El debate, interesadamente desde mi punto de vista, se vincula al de la sostenibilidad económica de la sanidad pública y justo cuando cada vez hay más voces que llegan a plantear el repago (copago llaman otros como si no se pagara ya la sanidad con los impuestos). Lo cierto es que está sirviendo como excusa para dar otro paso más hacia la privatización del sistema sanitario público.

Aquí, en Aragón, ya se habla del millón de € que las justitas arcas de la sanidad tendrán que pagar a la medicina privada como consecuencia de la previsible cantidad de abortos que las ciudadanas aragonesas, con todo el derecho, van a querer hacer en los hospitales públicos.

No se dice claramente cual es el verdadero motivo, cual es la causa, de que la prestación sanitaria del aborto al que, insisto, las mujeres tienen derecho, suponga un millón de € que habrá que pagar a las clínicas privadas. Será un millón más añadido a la factura sanitaria. Ese dinero deberá salir de las arcas públicas, de nuestros impuestos, porque determinados profesionales sanitarios, que trabajan (y cobran) en los centros hospitalarios públicos, decidirán declararse objetores, se negarán a practicar abortos y, en definitiva, serán los únicos responsables de ese gasto. No se entiende que teniendo, como tenemos, equipamientos sanitarios públicos, pagados con los impuestos de toda la ciudadanía y magníficos profesionales sanitarios capacitados en las plantillas del Salud, haya que derivar a la sanidad privada la prestación de un derecho que, además, está regulado por ley.

Ciertamente que cada persona, el personal sanitario también, tiene derecho a ser objetor de conciencia y a no ser obligado a hacer o ejecutar nada que vaya en contra de sus convicciones éticas, morales o religiosas. Por eso no se obliga a nadie a ser profesional sanitario público ya que, entonces, deberá estar al servicio de la ciudadanía y atender todos y cada uno de los requerimientos que la cartera de servicios (abortos también) garantiza a la ciudadanía. Es decir, que la objeción de conciencia debe ejercerse en ese momento, antes de optar a una plaza en la red sanitaria pública, pero nunca después. A mí, que soy claramente pacifista, no se me ocurre (aunque tenga derecho a ello) formar parte del ejército profesional, cobrar la nómina y luego invocar que soy objetor para no ir a la guerra. Pero si se me ocurriera, ¿me permitirían ejercer mi derecho a objetar?. Tampoco me dejan hacerme objetor fiscal de los gastos militares, de los de la Casa Real o de las subvenciones a la Iglesia.

Siempre he defendido la laicidad (neutralidad) absoluta en el servicio público ya que la ciudadanía y sus derechos deben estar garantizados por los gobiernos y administraciones públicas. Por eso, entiendo, el servidor público debe estar en condiciones de dar todos los servicios públicos. Por otra parte, ser trabajador o trabajadora del sector público (la sanidad es pública) no es obligatorio. Hasta ahora el Gobierno se atreve con los salarios, pero no obliga a ser funcionario o funcionaria. Por ello mismo, porque no es obligatorio, quien libremente decide entrar en la función pública debe hacerlo con todas sus consecuencias.

Llegados a este punto surge una duda. ¿Por qué se objeta en la sanidad pública y no en la privada?. ¿Será que los profesionales sanitarios objetores están todos y todas en la pública?. Se supone que el Departamento de Salud del Gobierno de Aragón debería responder estas preguntas. Aquí va otra, ¿será que en la privada les aclaran antes de contratar a nadie cuales son las obligaciones que significa el contrato?. El rizo rizado ya sería (digo sería) que hubiera profesionales sanitarios que trabajando en la pública y en la privada a la vez (tampoco es obligatoria la exclusividad por lo que es legal ser trabajador de la pública y de la privada) no practicaran abortos en los hospitales públicos pero si lo hicieran en clínicas privadas.

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