Como Portavoz de Izquierda Unida he presentado, en Las Cortes, una ley que habla de derechos, de derechos fundamentales de la ciudadanía, de los dos más inviolables que tiene todo ser humano, como son el de la vida y el de la libertad. El derecho a la vida no puede ni debe confundirse con la obligación de vivir.

La vida y la muerte nos pertenecen, una y otra son algo personal, intransferible e indelegable. La vida, como fenómeno natural, está compuesta por ciclos y etapas, por vivencias, por actos, y el último de ellos es la muerte, como consecuencia final de haber estado vivo. Este último acto, obligado para todas las personas, debe darse en las mejores condiciones posibles y con la libertad de decisión en caso de una obligada y cruel agonía o en el supuesto de que lo que llamamos «vida» sea ética y moralmente solo un no haber muerto pero no estar en condiciones de vivir. Vivir es hablar, y relacionarse, y soñar, y amar.

Estar vivo o viva es, además, querer vivir. Precisamente por ese doble derecho, inalienable, cuando el de la vida está gravemente afectado por unas condiciones de salud extremas e irreversibles, cuando la existencia depende de medios extraordinarios, o de estar conectado a máquinas de supervivencia, o sometido a estados vegetativos, debemos ser honestos y resolver un dilema. En estos casos ¿estamos procurando por la vida? o ¿estamos prolongando innecesariamente la agonía?.

Es entonces cuando, en función del derecho de libertad, la persona afectada debe tener derecho a elegir una muerte digna. Este derecho es inseparable del derecho a una información veraz y rigurosa que, ante una situación irreversible o terminal, permita decidir con el necesario conocimiento de causa si decidimos morir, si renunciamos libre y voluntariamente a una no deseada prolongación de nuestra existencia. Y aquí viene el derecho a morir con la misma dignidad con la que se ha vivido, derecho que significa decidir el momento de nuestra propia muerte con la misma autonomía que hemos tenido en nuestra vida.

El concepto de morir dignamente, así como el de ayudar a morir dignamente, debe ser entendido como el respeto a la persona en la elección de cuándo morir. La Ley que presenta Izquierda Unida pretende asegurar la plena dignidad de la persona en su proceso de muerte. Desarrolla derechos y determina deberes. Derechos de la ciudadanía, derechos del paciente, y deberes del personal sanitario, atribuyendo obligaciones también para las instituciones sanitarias, tanto si son públicas como si son privadas. Regula todo lo referente a la obligación del personal sanitario de dar la información adecuada, una información que debe quedar recogida y reflejada en la historia clínica. Garantiza el respeto hacia las preferencias del paciente, bien si las ha expresado mediante consentimiento informado o mediante testamento vital. Obliga a que los centros sanitarios garanticen el acompañamiento familiar en estos casos, una adecuada atención a la persona enferma, tanto en lo que se refiere al dolor como en lo referente a cuidados paliativos, recogiendo la posibilidad de prestarlos en el centro sanitario o en el domicilio, siempre respetando la decisión libre y personal de la persona enferma o, en el caso de que no pueda decidir o no esté en condiciones de hacerlo, de sus familiares y allegados.

Hemos presentado esta Ley porque la vida es un fenómeno natural, no es un misterio trascendente ni es un regalo divino, como hacen creer algunas confesiones. Las personas somos los únicos dueños de nuestra vida y por eso somos los únicos dueños de nuestra muerte. Esta ley, si sale adelante, obligará a respetar la dignidad de las personas moribundas, protegerá la voluntad de morir voluntariamente y con la debida atención de aquellas personas que, como pacientes, no quieran estar vivos sin poder vivir. Creemos que lo que debe preservar la medicina es el ser humano integral, y no solamente una mera existencia vegetativa.

Morir dignamente es más que morir libre de dolor, es más que disponer de los analgésicos y tranquilizantes necesarios, poder morir dignamente es el último derecho que debemos y que podemos ejercer.