Condeno y rechazo, sin ningún tipo de ambigüedad, la actitud de los controladores aéreos. Me parece un abuso de poder inaceptable que ha violentado el derecho de la libertad de circulación.

La forma que ha tenido el Gobierno de resolver el plante, que no huelga, de los controladores merece algunas reflexiones desde la izquierda. La irresponsable actuación de los controladores, cuerpo privilegiado donde los haya, le sirve al Gobierno para justificar la privatización de los aeropuertos. Es verdad que ya lo habían aprobado en Consejo de Ministros el viernes 3, pero gracias a lo sucedido la derecha mediática y política se deshace en elogios de la privatización y de la militarización como “método” para meter en cintura a quienes son, sin ninguna duda, un grupo privilegiado. Es más, el Gobierno ha conseguido todo el apoyo ciudadano.

Hemos visto como se llega a citar a Ronald Reagan que despidió a 11.000 controladores. Se olvidan de que aquellos estaban en huelga y los de aquí no. Nuestros controladores han jugado sucio con el derecho de huelga. Se hace huelga de frente, avisando de ella al usuario y jugándose el sueldo. No sirve maquillarla con bajas laborales o, como hacen todos los grupos corporativos, con chantajes a la ciudadanía y al servicio público llamados “huelgas de celo”.

Otra reflexión que suscita la actuación de Zapatero me lleva al terreno de los derechos y libertades. Para salvar el tráfico aéreo en unos aeropuertos recién privatizados, el Gobierno recurre a los militares, servidores públicos de momento, no olvidemos que Defensa ya ha iniciado la privatización (seguridad privada en recintos militares, mercenarios para los atuneros,…). Justo en el 32 aniversario de la Constitución, se resuelve un problema mediante una suspensión controlada de garantías constitucionales. Se aplica el estado de alarma que viene a decir que, o cumples con tu deber de servicio público o te militarizo.

Es verdad que así han resuelto el problema pero la duda es ¿y a partir de ahora qué?. La principal pregunta es: ¿ahora, para garantizar un servicio público, van a militarizar o van a recurrir al estado de alarma?, ¿van a extender el estado de alarma a otros servicios públicos esenciales? . Personalmente creo que es necesario regular, dentro del marco civil y del derecho laboral, las garantías de los trabajadores en los servicios públicos así como las garantías de los ciudadanos. En ese marco hay que acabar con los privilegios corporativos, pero eso no se hace utilizando mecanismos excepcionales como es el estado de alarma.

Una última reflexión es la justificación que se hace de la medida para acabar con los privilegios. La izquierda siempre ha luchado para acabar con los privilegios. Pero ahora hay que tener cuidado. Se considera un “privilegio” tener empleo estable como el de los funcionarios y por eso se aplaude socialmente que se “meta mano” a las nóminas de los trabajadores y trabajadoras públicos. Sólo la izquierda se opuso a esa medida que, como ésta de la militarización, fue adoptada por la socialdemocracia, fue socialmente aplaudida y ampliamente alabada por la derecha económica, mediática y política, como ahora.

La justificación que hizo el Presidente de la medida resultó una proclama sobre cómo acabar con los privilegios. Por lo tanto, digo yo, que ahora seguirá la senda de acabar con privilegiados y Zapatero pondrá en marcha una reforma fiscal que grave a las altas fortunas, que vuelva a cobrar el impuesto de Patrimonio y, de paso, dejará de aplicar recortes a los derechos laborales. Supongo que también dejará de pensar en meter mano a las pensiones mientras permite que Botín y los suyos tengan jubilaciones millonarias.

En definitiva, vale que hay que acabar con cuerpos corporativos y privilegiados, vale que hay que defender los servicios públicos, pero ojo. Hoy se apoya una militarización por una huelga que no lo es. Espero, y deseo, que mañana no se apoye acabar con una huelga legal militarizando. Recuérdese que, en vísperas del 29 S,  ya salieron voceros de la derecha cuestionando el derecho de huelga.