Al hilo del debate sobre las pensiones se está hablando mucho de las de los políticos. Hoy, ningún diputado o diputada, tiene derecho a baja laboral por enfermedad, ni a una pensión. Ello es debido a que no cotizan a la seguridad social. Tampoco, por el mismo motivo, tienen derecho a prestación por desempleo ni a ninguna indemnización cuando, tras 4, 8, 12…. años dejan de ser diputados o diputadas.

Por eso, cuando dejan de ser diputados o diputadas salvo que sean funcionarios o funcionarias y les hayan reservado su puesto de trabajo, o sean personas de posibles (ricos, para que nos entendamos) quedan en la calle. Si no es el caso, es decir, si no son funcionarios/as o ricos/as, pueden intentar reincorporarse al mundo laboral. Puedo asegurarles, porque conozco el caso de compañeras y compañeras, que el currículum de quien ha sido diputado o diputada de izquierdas, se ha destacado por ser beligerante con los reformazos, pensionazos y demás cosas que acaban en “azo” y son agresiones a trabajadores y trabajadoras, que han insistido una y otra vez en la necesidad de que las rentas altas paguen impuestos, que…., bueno que han sido y son clara y nítidamente de izquierdas, no ayuda precisamente a encontrar nuevamente trabajo. Y, aún, en el caso de que lo encontraran habrían dejado de cotizar durante esos 4, 8, 12,… años. Bueno, ya saben como se calcula la pensión y esas cosas.

Yo, que me creo lo de la democracia, reclamo que los/as trabajadores/as, los míos y mías, en definitiva, puedan ser diputados o diputadas.

Por eso veo bien, y lo defiendo, que algunos Parlamentos hayan establecido para sus diputados y diputadas que, a partir de los 65 años, puedan cobrar una pensión decente (nunca la de un banquero y no oigo a nadie clamar contra eso), habiendo estado al menos 11 años como parlamentario o parlamentaria y sólo para el caso de que no hayan cotizado (por ser diputado o diputada) los años necesarios.

Creo que conviene, también, decir que lo que han establecido esos Parlamentos que lo han hecho son complementos retributivos (nunca una pensión), que no van a cargo de la Seguridad Social (no “chupan” de la caja común) y van a cargo de los presupuestos del Congreso o Cámara Parlamentaria correspondiente.

Termino diciendo que, aquí, en Las Cortes de Aragón donde actualmente soy diputado, no hay ningún complemento retributivo para nadie.

Resumo, yo, que no quiero que sólo puedan ser representantes públicos los ricos/as o los funcionarios/as, no hago populismo ni demagogia con estas cosas.

Ni le hago el juego a la derechona reaccionaria que, mientras ve normal y natural que los Botín y compañía tengan pensiones escandalosas, se escandaliza porque quienes son servidores públicos, elegidos democráticamente en las urnas (¿quien vota a Botín?), en los casos señalados, tengan un complemento retributivo que nunca es una pensión vitalicia.

Concluyo. Todo este tema se arregla con algo que Izquierda Unida ha propuesto y que ningún otro partido ha apoyado. Se resolvería regulando por Ley el tema de la representación política, los derechos, las incompatibilidades, …, claro, que si eso pasara no serían posibles casos como los de los ex-presidentes González y Aznar. Ayer mismo PSOE y PP tumbaron una propuesta de Llazares para que no fuera compatible la pensión de 80.000 € con el salario que las eléctricas les pagan y esas mismas voces que claman contra los «privilegios» de la clase política no dijeron nada.

El tema da para mucho, debate todo el necesario, pero sin populismo oportunista.