Pasó el debate sobre el «pensionazo«. Zapatero sacó adelante esta nueva agresión gracias al apoyo de CiU y a la abstención del PNV. Otra vez la derecha nacionalista (la que gracias al sistema electoral bipartidista mercadea con sus votos) salva a Zapatero y le facilita una nueva agresión a los/as trabajadores/as. CiU fue la única formación política que votó a favor de alargar la jubilación a los 67 años y su apoyo al PSOE fue decisivo.

En esta ocasión son las pensiones. Una vez más pagan los efectos de la crisis quienes no la han provocado.

Ya se que esta noticia apenas ha tenido eco en los grandes medios de comunicación que, mucho menos, han informado de las contraprestaciones con las que Zapatero y el PSOE han «pagado» el voto favorable de la burguesía catalana.

Ahora el pago ha sido la cesión a la Generalitat de los 8 hospitales públicos de la Seguridad Social que hay en Cataluña. La cesión de patrimonio estatal es la contrapartida del apoyo de Convergencia i Unió a la reforma de la ley de pensiones. CiU «vendió» su apoyo cuando consiguió que el Gobierno se comprometa a realizar cambios legales en los próximos seis meses para transferir el patrimonio único de la Seguridad Social a las comunidades que tengan adscritos hospitales y deseen su propiedad. Ojo, que aunque es interés de CiU se abre la veda para todas las Comunidades.

El portavoz parlamentario de Convergència i Unió (CiU), Josep Antoni Duran Lleida, ha defendido esta transferencia a cambio de su apoyo a la reforma de las pensiones. «Es una contrapartida democrática de cualquier negociación que es además para todas las comunidades autónomas».

Seguramente la mayoría de la gente, al no tener información de lo que esto significa, no dará mayor importancia al asunto. «No pasa nada, dirán la mayoría, porque seguirán atendiéndome».

Bueno, intento aportar algunos datos para que, quien quiera, reflexione y opine.

Primero: Los Hospitales Públicos son patrimonio de la Seguridad Social. Son patrimonio de todos y todas los y las trabajadores y trabajadoras que han cotizado y cotizamos, a la Seguridad Social. Son , por tanto, patrimonio de la clase trabajadora y forman parte de la Caja Única de la Seguridad Social que, entre todos y todas, con nuestras aportaciones pasadas y actuales, hemos conseguido.

Ceder la propiedad de este Patrimonio rompe la Caja Única que hemos tenido que defender con huelgas y movilizaciones y que es una de las pocas cosas que aún se salvan del Pacto de Toledo. Aviso para sindicatos que son firmantes de este Pacto. La cesión de Patrimonio de todos y todas es una descapitalización del Patrimonio de la Seguridad Social. En definitiva la Seguridad Social pierde activos que pasan a las Comunidades Autónomas.

Segundo: La cesión de Patrimonio Público a las CC.AA. rompe el principio de solidaridad de la caja única y, lo que es áun más grave, no asegura que sigan siendo públicos.

De hecho la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de CiU, tiene previsto vender estos hospitales públicos que va a recibir como «pago» de sus votos favorables al pensionazo.

Tiene previsto hacerlo (ya lo ha anunciado así) mediante una operación de ‘lease-back’ y calcula (aunque la Consellería de Finanzas no quiere dar cifras concretas) conseguir unos 300 millones de Euros por los 8 centros hospitalarios.

El objetivo es vender los edificios que son actualmente parte del patrimonio único de la Seguridad Social a fondos de inversión inmobiliarios a los que garantizará un canon de alquiler al quedarse como inquilino el servicio público catalán de Salud.

La operación se realizará con opción de recompra para «justificar» que los edificios públicos no han sido realmente vendidos.

Algo debe saber de esto la Vicepresidenta Elena Salgado que ya ha mantenido un encuentro en Barcelona con el ‘conseller’ de Finanzas catalán, Andreu Mas-Colell.

Estamos ante un nuevo proceso de desmantelamiento de un servicio público, ante una venta de patrimonio público a especuladores y volviendo a ser víctimas del liberalismo salvaje que no cesa.

Estamos, en definitiva, ante un nuevo ataque a los servicios públicos que abre la puerta a más privatizaciones y que supone un gravísimo precedente de utilización de fondos de la Seguridad Social con fines distintos a los que le son propios.