UNA VALORACIÓN DE URGENCIA

El Gobierno presenta un acuerdo que recorta de forma sustancial los derechos sociales de la ciudadanía. Por ello creo que hay que seguir movilizándose y seguir apoyando las movilizaciones que se produzcan reclamando una salida social de la crisis y las que se convoquen contra este acuerdo.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales implica un recorte en las pensiones. Un recorte que solo servirá para mantener la tasa de beneficios del mundo financiero y empresarial, y para dar más razones a los especuladores, de que su actividad tiene frutos en forma de bombeo de riqueza desde quienes menos tienen a quienes más poseen.

El acuerdo, respecto a los años necesarios para jubilarse y la edad de jubilación, consiste en que los trabajadores/as podrán jubilarse a los 65 años, conservando la pensión completa si han cotizado al menos durante 38 años y medio. Es decir: si empezaron a trabajar a los 26 años, o antes, y lo han hecho de manera ininterrumpida y a jornada completa. En realidad, para la mayoría de la población, será necesario haber cotizado 37 años para jubilarse a los 67 años con la pensión íntegra, que es la demanda que hacía la UE, el FMI y los grandes fondos financieros. Es decir: Hay que trabajar más para cobrar menos

En el acuerdo no figuran temas claves para abordar el asunto de las pensiones en toda su complejidad. Uno de ellos es la distinta esperanza de vida en función de los ingresos, ya que, a más ingresos más esperanza de vida y, por lo tanto, más años de disfrute de la jubilación. En España, las clases altas viven diez años más que un trabajador no cualificado con más de dos años en paro. Esto implica que serán las clases más bajas las que vean reducidos fundamentalmente sus derechos.

Otro aspecto que no forma parte del acuerdo es que la productividad de los trabajadores por hora trabajada ha ido aumentando de forma progresiva durante estos años (casi un 10% entre 2000 y 2009 en España según Eurostat). Sin embargo, esto no ha redundado en un incremento de los descansos sino todo lo contrario, con un aumento de las horas trabajadas y, ahora, de la vida laboral. Este incremento de la productividad tan solo ha beneficiado a las empresas, que ahora no se ven obligadas a aportar para las pensiones de los/as trabajadores/as, de los que sacan beneficios crecientes. Tampoco se habla de pensiones claramente insuficientes como pueden ser las de orfandad o viudedad ni se habla de regímenes especiales como los del campo o las empleadas de hogar.

A esto hay que añadir que lo que cobrarán los/as futuros/as pensionistas se reducirá, pues el cómputo para calcular la pensión aumenta de 15 a 25 años. Es una agresión para millones de trabajadores y trabajadoras.

Hay que añadir que, además de la banca, con esta reforma solo gana el Gobierno, que ve legitimada sus políticas cada vez más antisociales.

COMPLETARÉ TAN PRONTO DISPONGA EL TEXTO EXACTO DEL ACUERDO



Al hilo del debate sobre las pensiones se está hablando mucho de las de los políticos. Hoy, ningún diputado o diputada, tiene derecho a baja laboral por enfermedad, ni a una pensión. Ello es debido a que no cotizan a la seguridad social. Tampoco, por el mismo motivo, tienen derecho a prestación por desempleo ni a ninguna indemnización cuando, tras 4, 8, 12…. años dejan de ser diputados o diputadas.

Por eso, cuando dejan de ser diputados o diputadas salvo que sean funcionarios o funcionarias y les hayan reservado su puesto de trabajo, o sean personas de posibles (ricos, para que nos entendamos) quedan en la calle. Si no es el caso, es decir, si no son funcionarios/as o ricos/as, pueden intentar reincorporarse al mundo laboral. Puedo asegurarles, porque conozco el caso de compañeras y compañeras, que el currículum de quien ha sido diputado o diputada de izquierdas, se ha destacado por ser beligerante con los reformazos, pensionazos y demás cosas que acaban en “azo” y son agresiones a trabajadores y trabajadoras, que han insistido una y otra vez en la necesidad de que las rentas altas paguen impuestos, que…., bueno que han sido y son clara y nítidamente de izquierdas, no ayuda precisamente a encontrar nuevamente trabajo. Y, aún, en el caso de que lo encontraran habrían dejado de cotizar durante esos 4, 8, 12,… años. Bueno, ya saben como se calcula la pensión y esas cosas.

Yo, que me creo lo de la democracia, reclamo que los/as trabajadores/as, los míos y mías, en definitiva, puedan ser diputados o diputadas.

Por eso veo bien, y lo defiendo, que algunos Parlamentos hayan establecido para sus diputados y diputadas que, a partir de los 65 años, puedan cobrar una pensión decente (nunca la de un banquero y no oigo a nadie clamar contra eso), habiendo estado al menos 11 años como parlamentario o parlamentaria y sólo para el caso de que no hayan cotizado (por ser diputado o diputada) los años necesarios.

Creo que conviene, también, decir que lo que han establecido esos Parlamentos que lo han hecho son complementos retributivos (nunca una pensión), que no van a cargo de la Seguridad Social (no “chupan” de la caja común) y van a cargo de los presupuestos del Congreso o Cámara Parlamentaria correspondiente.

Termino diciendo que, aquí, en Las Cortes de Aragón donde actualmente soy diputado, no hay ningún complemento retributivo para nadie.

Resumo, yo, que no quiero que sólo puedan ser representantes públicos los ricos/as o los funcionarios/as, no hago populismo ni demagogia con estas cosas.

Ni le hago el juego a la derechona reaccionaria que, mientras ve normal y natural que los Botín y compañía tengan pensiones escandalosas, se escandaliza porque quienes son servidores públicos, elegidos democráticamente en las urnas (¿quien vota a Botín?), en los casos señalados, tengan un complemento retributivo que nunca es una pensión vitalicia.

Concluyo. Todo este tema se arregla con algo que Izquierda Unida ha propuesto y que ningún otro partido ha apoyado. Se resolvería regulando por Ley el tema de la representación política, los derechos, las incompatibilidades, …, claro, que si eso pasara no serían posibles casos como los de los ex-presidentes González y Aznar. Ayer mismo PSOE y PP tumbaron una propuesta de Llazares para que no fuera compatible la pensión de 80.000 € con el salario que las eléctricas les pagan y esas mismas voces que claman contra los «privilegios» de la clase política no dijeron nada.

El tema da para mucho, debate todo el necesario, pero sin populismo oportunista.

Este año que acaba de empezar hay elecciones. Las encuestas hablan de que puede haber en Aragón un Gobierno de Izquierdas. Espero y confío en que la voluntad mayoritariamente expresada en las urnas por la ciudadanía sea que se puedan hacer, digo hacer y no prometer, políticas más sociales y progresistas, más de izquierdas en definitiva.

Interesadamente tercia en este debate el PAR, ese PARtido que quiere seguir en el Gobierno jugando ese papel de bisagra que le permite bailar con el PSOE o con el PP.

Dice que el tripartito es malo y que esa posibilidad ayuda a que la gente vote al PAR para que siga habiendo un gobierno “centrado”, ¿Centrado en qué? me pregunto.

Parece que lo único que no le gusta al PAR es que en ese tripartito posible, del que todo el mundo habla excepto Izquierda Unida, esté Izquierda Unida. Ya hay ahora un tripartito (PSOE,PAR,CHA) en las Diputaciones de Zaragoza y Huesca y no le preocupa al PAR lo más mínimo.

Argumenta el PAR, además, que no puede haber gobiernos de izquierdas porque hay que gobernar para todos. Se deduce de esta declaración que el PAR considera que un gobierno de izquierdas practicaría exclusiones.

Interesada y falaz afirmación. Durante 12 años ha gobernado el «centrado» bipartito PSOE-PAR y queda claro que el gobierno “centrado” de Iglesias-Biel no ha gobernado para todos y todas. Se gobierna para todos cuando se redistribuye la riqueza y se evita que el 40 % de las familias de este Aragón tan rico pasen problemas para llegar a fin de mes. También se hace cuando se antepone el interés general al particular y se resuelve el problema de la vivienda para quien la necesita. Igualmente es pensar en todos cuando una parte de los beneficios empresariales sirve para evitar salarios por debajo de los 800 €, fíjense que ni siquiera hablo de llegar al “mileurismo”. No me negarán, tampoco, que es gobernar para todos y todas aprovechar el ciclo económico expansivo para conseguir empleo estable, de calidad y seguro así como para consolidar unos servicios públicos no privatizados, una buena y segura red de comunicaciones y una puesta en marcha de la Ley de Dependencia con los recursos humanos y económicos suficientes.

Puedo asegurarles que un gobierno de izquierdas haría todo esto y estas actuaciones redundarían en los ciudadanos y ciudadanas de izquierdas, de centro y de derechas puesto que serían acciones de gobierno para toda la ciudadanía.

Recuerden esto en Mayo.

¡¡ Vamos > la izquierda

Hoy, después de unos días que he estado fuera cargando las pilas, y nada más volver al despacho, hemos conocido el esperado comunicado de ETA. Creo que el comunicado del Alto el Fuego emitido por la banda terrorista ETA responde a las exigencias de la izquierda y de la ciudadanía vasca.

Por eso digo que era un anuncio esperado. El comunicado, que he podido leer en su integridad, tiene elementos positivos pero no puedo verlo tan favorable como me gustaría porque, desde mi punto de vista, tiene ausencias que deben quedar clarificadas”.

Es positivo porque responde a la petición que le hace la ciudadanía vasca y especialmente toda la izquierda aberztale (tanto la legal como la ilegalizada) para poder dar una oportunidad al proceso de normalización democrática con el que la izquierda vasca (incluida Ezker Batúa) está comprometida.

Pero para poder valorarlo claramente como positivo le falta hablar de la irreversibilidad del proceso para quitarle toda apariencia de “tregua” o de “para ver que pasa”. La derecha ya está argumentando en esta dirección.

Es un comunicado que, en estos momentos, es necesario (lo pide toda la izquierda vasca y la ciudadanía que se manifestó recientemente) pero no puede ser entendido como la resolución del problema.

No podemos dejar que sea ETA el árbitro de la situación ni mucho menos dejar que sea ETA quien marque las reglas de juego.

Yo reconozco, valoro y apoyo el compromiso claro de toda la izquierda aberztale con la normalización democrática que está llevando a cabo con gran esfuerzo y rigurosidad. Es, en definitiva, la izquierda vasca (incluida I.U.) la que ha OBLIGADO A ETA a lanzar este comunicado y por ello creo necesario seguir trabajando por la normalización democrática que es la mejor garantía para la desaparición de ETA.

La imagen es propia. Está tomada en un pueblo del Rif (Norte de Marruecos).

Puede ser copiada y difundida

Pues sí, el sábado, como tantos y tantos miles de trabajadores y trabajadoras me manifesté contra la política de recortes que, para regodeo de la derecha, sigue desarrollando el Gobierno de Zapatero.

Los mercados, esos que marcan la agenda de Zapatero, no tienen bastante con los recortes laborales, no basta con congelar las pensiones, no basta con abaratar más todavía el despido, no son capaces de plantar cara a los mercados, pero son capaces de plantear un nuevo ataque como es el de aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años. Son capaces de hacerlo mientras los bancos y cajas de ahorros están prejubilando, con mucha pasta, a la gente que les sobra.

Mientras tanto Zapatero, y su Gobierno, defienden más y más recortes del gasto público. Lo hacen justificando la necesidad de recortar el déficit y por eso recortan el gasto social, por eso dicen que no hacen inversiones públicas, que no construyen hospitales, carreteras, colegios, …. No quieren recortar el déficit aumentando los ingresos porque no se atreven a subir impuestos para que las grandes fortunas paguen más, ni se atreven a meter mano a las escandalosas jubilaciones de los banqueros. Solo se atreven con los más débiles. Solo cargan contra trabajadores y pensionistas.>

Las gaviotas están bien en las playas

Los de la gaviota están tranquilos. Cada medida que toma Zapatero les abre un poco más las puertas del Gobierno. Observése que tan sólo dicen de lo que propone el Gobierno que es «insuficiente» (ellos lo harían más duro), que «llega tarde» (ellos habrían empezado antes) y que «se hacen mal» (son medidas de derecha y el PP es un experto en neoliberalismo mientras que el PSOE está haciendo cursillos acelerados). Si no lo remediamos Rajoy y los suyos gobernarán, rematarán la faena que les hace el PSOE y, a poca suerte que tengan, la economía repuntará en unos años. Sería la leche que, encima, vendieran que ellos, los de la gaviota, han salvado el país. Espero que la gente desencantada del PSOE, aquella que le votó para que no llegara la derecha, no vuelva a equivocarse más, no se deje engañar y se de cuenta que el verdadero y único voto útil es votar a la izquierda, pero a la de verdad, no a la que se disfraza de socialdemocráta.

<p<Por todo eso, porque hay que decir basta, porque hay que frenar las políticas de derechas, porque hay que reclamar otras maneras de resolver la crisis, porque creo que hay medidas diferentes, porque creo que la crisis deben pagarla los especuladores que la han provocado, por eso me manifesté.

Es verdad que a la vez que nos manifestábamos veíamos a la gente entrar y salir de los grandes centros comerciales con sus compras navideñas, ¿no estarán preocupados por lo que viene?. Y es verdad que frente a los miles de trabajadores y trabajadoras que nos manifestábamos hubo más miles que no lo hicieron. ¿Por qué fuimos menos los que nos manifestábamos?. Es una pregunta que me hago. No puedo aceptar que la gente se haya rendido ante lo que le dicen que es inevitable. Ni puedo creer que les hayan metido tanto miedo en el cuerpo como para anular su voluntad de lucha por sus derechos, por su futuro y el de sus hijos e hijas. Ni quiero aceptar que en este país no podamos movilizarnos como lo hacen en Grecia, en Italia, en Francia, en Inglaterra,…

Asumo que hay que volver a insistir, a informar, a gritar, a decir que NO, que así NO.

Vienen a por todo y por eso hay que apretar los dientes, hay que sacar la mala leche y hay que preparar una Huelga General contundente.

Condeno y rechazo, sin ningún tipo de ambigüedad, la actitud de los controladores aéreos. Me parece un abuso de poder inaceptable que ha violentado el derecho de la libertad de circulación.

La forma que ha tenido el Gobierno de resolver el plante, que no huelga, de los controladores merece algunas reflexiones desde la izquierda. La irresponsable actuación de los controladores, cuerpo privilegiado donde los haya, le sirve al Gobierno para justificar la privatización de los aeropuertos. Es verdad que ya lo habían aprobado en Consejo de Ministros el viernes 3, pero gracias a lo sucedido la derecha mediática y política se deshace en elogios de la privatización y de la militarización como “método” para meter en cintura a quienes son, sin ninguna duda, un grupo privilegiado. Es más, el Gobierno ha conseguido todo el apoyo ciudadano.

Hemos visto como se llega a citar a Ronald Reagan que despidió a 11.000 controladores. Se olvidan de que aquellos estaban en huelga y los de aquí no. Nuestros controladores han jugado sucio con el derecho de huelga. Se hace huelga de frente, avisando de ella al usuario y jugándose el sueldo. No sirve maquillarla con bajas laborales o, como hacen todos los grupos corporativos, con chantajes a la ciudadanía y al servicio público llamados “huelgas de celo”.

Otra reflexión que suscita la actuación de Zapatero me lleva al terreno de los derechos y libertades. Para salvar el tráfico aéreo en unos aeropuertos recién privatizados, el Gobierno recurre a los militares, servidores públicos de momento, no olvidemos que Defensa ya ha iniciado la privatización (seguridad privada en recintos militares, mercenarios para los atuneros,…). Justo en el 32 aniversario de la Constitución, se resuelve un problema mediante una suspensión controlada de garantías constitucionales. Se aplica el estado de alarma que viene a decir que, o cumples con tu deber de servicio público o te militarizo.

Es verdad que así han resuelto el problema pero la duda es ¿y a partir de ahora qué?. La principal pregunta es: ¿ahora, para garantizar un servicio público, van a militarizar o van a recurrir al estado de alarma?, ¿van a extender el estado de alarma a otros servicios públicos esenciales? . Personalmente creo que es necesario regular, dentro del marco civil y del derecho laboral, las garantías de los trabajadores en los servicios públicos así como las garantías de los ciudadanos. En ese marco hay que acabar con los privilegios corporativos, pero eso no se hace utilizando mecanismos excepcionales como es el estado de alarma.

Una última reflexión es la justificación que se hace de la medida para acabar con los privilegios. La izquierda siempre ha luchado para acabar con los privilegios. Pero ahora hay que tener cuidado. Se considera un “privilegio” tener empleo estable como el de los funcionarios y por eso se aplaude socialmente que se “meta mano” a las nóminas de los trabajadores y trabajadoras públicos. Sólo la izquierda se opuso a esa medida que, como ésta de la militarización, fue adoptada por la socialdemocracia, fue socialmente aplaudida y ampliamente alabada por la derecha económica, mediática y política, como ahora.

La justificación que hizo el Presidente de la medida resultó una proclama sobre cómo acabar con los privilegios. Por lo tanto, digo yo, que ahora seguirá la senda de acabar con privilegiados y Zapatero pondrá en marcha una reforma fiscal que grave a las altas fortunas, que vuelva a cobrar el impuesto de Patrimonio y, de paso, dejará de aplicar recortes a los derechos laborales. Supongo que también dejará de pensar en meter mano a las pensiones mientras permite que Botín y los suyos tengan jubilaciones millonarias.

En definitiva, vale que hay que acabar con cuerpos corporativos y privilegiados, vale que hay que defender los servicios públicos, pero ojo. Hoy se apoya una militarización por una huelga que no lo es. Espero, y deseo, que mañana no se apoye acabar con una huelga legal militarizando. Recuérdese que, en vísperas del 29 S,  ya salieron voceros de la derecha cuestionando el derecho de huelga.

Vaya foto la del Presidente Zapatero con los 37 empresarios más potentes del país.

Hubo una Huelga General el 29 de Septiembre y el Sr. Presidente no se ha reunido con los sindicatos, no ha sido capaz de dar ni una mínima respuesta a los miles y miles de trabajadores y trabajadoras que, con la huelga, le pedían un cambio de políticas sociales y económicas.

No se ha reunido con los trabajadores y trabajadoras, pero sí lo ha hecho con la cúpula empresarial. Acaba de demostrar que su apuesta, la apuesta de Zapatero y del PSOE, es seguir la senda del liberalismo salvaje que ha causado millones de parados y paradas, que ha congelado las pensiones, que ha rebajado el sueldo a trabajadoras y trabajadores del sector publico, que recorta la inversión, que cuestiona los servicios públicos con su política de ajuste, que quiere modificar el sistema de pensiones para que cueste más llegar a jubilarse y se cobre menos.

Vaya nueva traición a la clase trabajadora de quienes, como Zapatero, como Iglesias, como Almunia, pidieron el voto para que no gobernara la derecha y lo han utilizado para aplicar la misma política laboral y económica que predican Rajoy y los suyos. Recordad que de lo único que se quejan los de la gaviota es de que las reformas llegan tarde, van lentas y están mal aplicadas, pero no presentan ni una sola alternativa diferente. No pueden. Lo que está aplicando elk PSOE es liberalismo puro y duro, es la receta del capitalismo, es lo que imponen y mandan los mercados.

En esa reunión, junto a Zapatero, Salgado y Rubalcaba, estaban gente como Botín cuyo banco jubila a sus ejecutivos con millones de € mientras pide aumentar la edad de jubilación para trabajadores, estaba Inditex que acaba de repartir 441 millones de € a sus accionistas, estaban las grandes constructoras que se han forrado con la burbuja inmobiliaria, las eléctricas que cierran minas de carbón y suben las tarifas del suministro,… Bueno, estaba quien ha provocado la crisis y quienes, a pesar de la crisis, siguen haciendo negocio.

Al acabar la reunión, sin ningún rubor, Zapatero la califica «de extraordinariamente útil» porque ha servido, dice, para generar confianza y reforzar el compromiso del Gobierno y los empresarios con la estabilidad económica. Compromiso con la Economía, no con el empleo que destruyen a golpe de ERE los empresarios que allí estaban, no con quienes pierden la vivienda porque les ejecutan las hipotecas quienes estaban sentados a la mesa, no con quienes agotan las prestaciones y subsidios. No, ni una sola mención. Con nada de ello hubo compromisos.

Si que lo hubo para apretar más, para más reformas laborales, para meter más la mano a las pensiones, para fusionar cajas y bancos y despedir la tercera parte de las plantillas, para acelerar las reformas que pide el Fondo Monetario Internacional. Hubo acuerdo para seguir haciendo que la crisis la paguemos no la hemos provocado.

Hay que volver a salir a la calle, a defender lo nuestro, a reclamar justicia y a decir ¡¡ya basta¡¡. Para este mes de Diciembre hay más movilizaciones convocadas, unas son por los sindicatos, otras por plataformas sociales y ciudadanas, otras por Izquierda Unida. Hay que participar en ellas y gritar, otra vez, ¡¡Ya basta¡¡, queremos una salida diferente a la crisis. Queremos una salida por la izquierda y a la izquierda hay que reforzar. Tenemos una oportunidad de hacerlo en Mayo. En Mayo votar a la izquierda es ahora el voto útil.

Como Portavoz de Izquierda Unida he presentado, en Las Cortes, una ley que habla de derechos, de derechos fundamentales de la ciudadanía, de los dos más inviolables que tiene todo ser humano, como son el de la vida y el de la libertad. El derecho a la vida no puede ni debe confundirse con la obligación de vivir.

La vida y la muerte nos pertenecen, una y otra son algo personal, intransferible e indelegable. La vida, como fenómeno natural, está compuesta por ciclos y etapas, por vivencias, por actos, y el último de ellos es la muerte, como consecuencia final de haber estado vivo. Este último acto, obligado para todas las personas, debe darse en las mejores condiciones posibles y con la libertad de decisión en caso de una obligada y cruel agonía o en el supuesto de que lo que llamamos «vida» sea ética y moralmente solo un no haber muerto pero no estar en condiciones de vivir. Vivir es hablar, y relacionarse, y soñar, y amar.

Estar vivo o viva es, además, querer vivir. Precisamente por ese doble derecho, inalienable, cuando el de la vida está gravemente afectado por unas condiciones de salud extremas e irreversibles, cuando la existencia depende de medios extraordinarios, o de estar conectado a máquinas de supervivencia, o sometido a estados vegetativos, debemos ser honestos y resolver un dilema. En estos casos ¿estamos procurando por la vida? o ¿estamos prolongando innecesariamente la agonía?.

Es entonces cuando, en función del derecho de libertad, la persona afectada debe tener derecho a elegir una muerte digna. Este derecho es inseparable del derecho a una información veraz y rigurosa que, ante una situación irreversible o terminal, permita decidir con el necesario conocimiento de causa si decidimos morir, si renunciamos libre y voluntariamente a una no deseada prolongación de nuestra existencia. Y aquí viene el derecho a morir con la misma dignidad con la que se ha vivido, derecho que significa decidir el momento de nuestra propia muerte con la misma autonomía que hemos tenido en nuestra vida.

El concepto de morir dignamente, así como el de ayudar a morir dignamente, debe ser entendido como el respeto a la persona en la elección de cuándo morir. La Ley que presenta Izquierda Unida pretende asegurar la plena dignidad de la persona en su proceso de muerte. Desarrolla derechos y determina deberes. Derechos de la ciudadanía, derechos del paciente, y deberes del personal sanitario, atribuyendo obligaciones también para las instituciones sanitarias, tanto si son públicas como si son privadas. Regula todo lo referente a la obligación del personal sanitario de dar la información adecuada, una información que debe quedar recogida y reflejada en la historia clínica. Garantiza el respeto hacia las preferencias del paciente, bien si las ha expresado mediante consentimiento informado o mediante testamento vital. Obliga a que los centros sanitarios garanticen el acompañamiento familiar en estos casos, una adecuada atención a la persona enferma, tanto en lo que se refiere al dolor como en lo referente a cuidados paliativos, recogiendo la posibilidad de prestarlos en el centro sanitario o en el domicilio, siempre respetando la decisión libre y personal de la persona enferma o, en el caso de que no pueda decidir o no esté en condiciones de hacerlo, de sus familiares y allegados.

Hemos presentado esta Ley porque la vida es un fenómeno natural, no es un misterio trascendente ni es un regalo divino, como hacen creer algunas confesiones. Las personas somos los únicos dueños de nuestra vida y por eso somos los únicos dueños de nuestra muerte. Esta ley, si sale adelante, obligará a respetar la dignidad de las personas moribundas, protegerá la voluntad de morir voluntariamente y con la debida atención de aquellas personas que, como pacientes, no quieran estar vivos sin poder vivir. Creemos que lo que debe preservar la medicina es el ser humano integral, y no solamente una mera existencia vegetativa.

Morir dignamente es más que morir libre de dolor, es más que disponer de los analgésicos y tranquilizantes necesarios, poder morir dignamente es el último derecho que debemos y que podemos ejercer.