Soy maestro, siempre me gustó más esta denominación que la de profesor. Me ha parecido siempre más real, más republicano si se quiere.

Desde mi experiencia, más de 30 años en la escuela pública, he vivido el debate entre pública y privada desde el principio. He trabajado en colegios públicos en las condiciones precarias en las que el franquismo dejó a la escuela pública mientras, de la mano de la Iglesia, los colegios privados, solo en las zonas urbanas porque en el medio rural no se estableció ninguno, se consolidaban entre las capas sociales menos desfavorecidas. Frente a la pública tenían mejores instalaciones, mejores edificios, y, sobre todo, tenían gente de estratos sociales muy diferentes de los que iban a la pública.

En los años 80, con una incipiente democracia, la realidad del sistema educativo era el de una fuerte descompensación entre la enseñanza pública, abandonada durante décadas, y una enseñanza privada ampliamente establecida en las zonas urbanas que se había desarrollado vinculada a la Iglesia Católica y a los privilegios que les otorgaban la fidelidad al régimen y el Concordato.

En estas circunstancias llegó el PSOE al poder y para dar respuesta a las necesidades de plazas y equipamientos escolares suficientes para el incremento de alumnado que supuso el Baby Boom de los 80, optó por concertar con la privada y establecer las dos redes que existen hoy todavía.

El Gobierno de Felipe González fundamentó su decisión en la necesidad, totalmente cierta, de universalizar la educación básica. Dado el abandono al que el franquismo había sometido al sistema público educativo era evidente que las necesidades económicas para universalizar la red pública sobrepasaba las disponibilidades presupuestarias del Estado. Por ello, mientras se dotaba al sistema de una red pública suficiente, se optó por la concertación con la red privada. Realmente la concertación significó que la factura del cole privado la pagábamos entre todos y todas, pero el cole privado seguía con sus normas, con su ideario, con su uniforme, con sus actividades, con su selección de alumnado.

Lo que ya no se cumplió nunca fue aquello de “mientras se dotaba al sistema educativo de una red pública suficiente”. La realidad es que, tanto el PSOE como el PP, han concebido el sistema con la doble red y han facilitado que la privada concertada se consolidase con el eufemismo de “red de centros educativos sostenidos con fondos públicos”.

Esa es la realidad. Con esta política educativa se ha mantenido el elitismo y clasismo de la escuela privada, especialmente la vinculada a la Iglesia Católica, y no se ha superado ese imaginario colectivo de que la socialización del niño y de la niña en la escuela requiere que lo hagan sin ese mestizaje, sin esa mezcla social, que se da en la escuela pública. Por eso el argumento del derecho a la elección de centro lo que en realidad esconde es un rechazo a educar a sus hijos e hijas con quienes no son, o no consideran, de su misma clase social.

Si no rompemos esto estaremos legitimando la segregación social y facilitando la brecha en la cohesión social.

Hablando de derechos constitucionales, que también invocan los/as defensores/as de la privada concertada. La Constitución, habla del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. En ningún momento habla del derecho a elegir centro. Estos principios constitucionales están referidos a la posibilidad privada de crear centros educativos como una actividad económica más y la libertad de enseñanza está referida a la libertad de cátedra que el/la docente, en un sistema democrático debe tener, algo que dudo mucho se de en centros con un ideario católico.

Interesadamente la enseñanza privada concertada manipula el derecho a crear centros privados y lo convierte en el derecho a que el estado financie la elección de las familias.

Finalmente, la educación es un derecho y, por ello, no puede ser objeto de mercado ni de “gustos” ni “apetencias”. Las administraciones públicas deben garantizar la equidad en vez de mantener esa clasificación que, por elitista, acaba siendo segregadora. Y, es evidente, la única escuela inclusiva que no segrega es la escuela pública.

Esta mañana, al conocer que otra vez nuestro país es cómplice de una guerra, se me ha agravado la indignación, el cabreo y la mala hostia.
Hoy es el aniversario del asesinato de Anguita Parrado, mañana lo será de Couso Permuy. Dos periodistas que fueron asesinados, daño colateral dijeron estos cabrones, en Irak y que han quedado impunes.
Hoy, dos destructores estadounidenses, con base en Rota, esa base militar que el Gobierno español deja para la OTAN y sus aliados, han disparado 59 misiles tomahawk contra una base siria.
Hace unos días el fascista de Aznar se enorgullecía de la foto que, en Las Azores, compartió con otros tres genocidas. Otros que han quedado impunes a pesar de los miles de muertos, de los miles de desaparecidos, de los miles de desplazados, de los miles y miles que han sufrido “daños colaterales”.
En las Azores la “justificación” fueron unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Hoy ha sido un ataque con gas que, aunque Trump y otras “buenas gentes” atribuyen al régimen de El Asad, no pasa de ser una sospecha.
Entonces, y ahora, nuestro país fue complice y colaborador necesario de una guerra montada por EE.UU., Bush entonces, Trump ahora.
Esta misma semana Trump pedía a los miembros de la OTAN, entre ellos España, que pusieran más dinero. Rajoy, obediente, ha presentado unos presupuestos en los que hay un aumento del 30 % para el gasto militar mientras siguen los recortes en gasto social. Parece que, además de dejar que haya bases militares de la OTAN, Rajoy está dispuesto a pagar más gasto en defensa. Y claro, es que las guerras nos son baratas.
¿Saben que un misil tomahawk cuesta 400.000 €?, pues nada multipliquen por 59 que lanzaron esta mañana y empezarán a entender por qué las guerras, además de responder a los intereses geoestratégicos de “las grandes potencias” son un negocio.
Negocio, por cierto, del que participa nuestro país que tiene al Borbón como “apañador” de contratos de armamento con el que países tan democráticos como Arabia Saudí asesinan a poblaciones civiles con en el Yemen.
Ya lo dijo Julio Anguita: “Malditas sean todas las Guerras y los canallas que las apoyan”

Estos días vivimos, una vez más, la polémica sobre si la enseñanza debe ser pública o concertada. Yo, es conocido, me posiciono abiertamente a favor de la enseñanza pública, laica, universal, gratuita y de calidad.

Se cargan las tintas en el número de unidades que, dada la realidad demográfica, hay que cerrar en la enseñanza concertada. Ya me habría gustado a mí el mismo intenso debate cuando se cierran unidades en el sistema público.

El argumento más oído, el que más utilizan quienes defienden la privada concertada, es aquel de la libertad de las familias de elegir la enseñanza que quieren para sus hijos e hijas.

No seré yo quien niegue esa libertad, claro que quien quiera puede llevar a sus hijos e hijas al colegio privado que consideren. El problema no es el “quien quiera”, sino “quien pueda”. Porque, en este mundo capitalista que vivimos, la educación es, además de fuente de negocio, fuente de segregación y clasificación elitista. Por eso los colegios e institutos privados, tanto si son confesionales, como si no, son caros. Así el “derecho a elegir” solamente puede darse si el dinero público, el de todos y todas, lo asegura.

Solamente la educación pública es, de verdad, la que garantiza la igualdad de oportunidades, más allá de la posición social que se tenga, independientemente del lugar donde se viva (pocos centros privados hay en el medio rural) y la única que no es objeto de mercado y, por consiguiente, no está para dar rentabilidad económica.

Conviene mirar un poquito la historia para tener algunos datos. En este país llamado España, la educación, hasta bien entrado el S XIX, no ha sido razón de estado. La educación ha sido elemento de segregación clasista y, lamentablemente, hoy todavía lo es.

La primera Ley que establece un mínimo sistema de enseñanza en España es la Ley de Instrucción Pública, de Septiembre de 1857, conocida como “Ley Moyano”. Esa Ley, rubricada por Isabel II, pretendía dar respuesta al escandaloso nivel de analfabetismo que había en nuestro país en aquellos años, permitía que la enseñanza pudiera darse en centros públicos (apenas había) y en centros privados con la correspondiente subvención. La “Ley Moyano” reconocía a la iglesia el derecho a “vigilar la pureza ideológica de los estudios” lo que, de facto, suponía la legitimación del intervencionismo eclesiástico y aseguraba, por la vía de la financiación, el importante peso de la enseñanza religiosa en el sistema educativo.

Lo penoso, y patético, es que salvo el intento hecho por la II República en los cinco años que existió (1931-1936) la Ley Moyano ha sobrevivido más de un siglo.

En 1970, con el régimen franquista, se promulga la Ley General de Educación (Villar Palasí) que fue la primera vez, desde la Ley Moyano, que se refuerza y unifica el sistema educativo. Se establece la obligatoriedad de la enseñanza entre los 6 y los 14 años. La Ley Villar Palasí mantiene la presencia de la enseñanza privada subvencionada en el sistema.

El propio preámbulo de la Ley Villar Palasí señala: “El marco legal que ha regido nuestro sistema educativo en su conjunto respondía al esquema ya centenario de la Ley Moyano. Los fines educativos se concebían de manera muy distinta en aquella época y reflejaban un estilo clasista opuesto a la aspiración, hoy generalizada de democratizar la enseñanza. Se trataba de atender a las necesidades de una sociedad diferente de la actual: una España de 15.000.000 de habitantes con el 75 por 100 de analfabetos, 2.500.00 de jornaleros del campo y 260.000 “pobres de solemnidad”, con una estructura socioeconómica preindustrial en la que apenas apuntaban algunos intentos aislados de industrialización. Era un sistema educativo para una sociedad estática, con una Universidad cuya estructura y organización respondía a modelos de allende las fronteras.”

Ese sistema educativo elitista y segregador llevaba operando más de 100 años y el franquismo no lo resolvió. Lo que sí hizo el franquismo fue “agradecer” el apoyo de la Iglesia en su cruzada favoreciendo el auge y desarrollo de la enseñanza religiosa subvencionada.

En 1985, gobernando Felipe González, la Ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE) consagró los conciertos. Los centros religiosos y privados mantenidos con dinero público pasaron a formar parte del sistema educativo y pasaron a llamarse “colegios concertados”.

El PSOE resolvió las necesidades del crecimiento demográfico (baby boom de los 80), así como las derivadas del incremento en dos años de la obligatoriedad en la enseñanza, recurriendo al sistema privado en vez de potenciar y desarrollar el sistema público.

Hoy, 30 años después, tenemos un mapa escolar en el que la enseñanza pública es el 65 %, la enseñanza concertada es el 30 % y la enseñanza privada el 5 %.

Revertir esta situación, incrementar la enseñanza pública y disminuir la concertada, debe resolver dos grandes problemas. El primero se llama Conferencia Episcopal puesto que la Iglesia Católica es la propietaria del 80 % de los centros concertados y no parece dispuesta a renunciar a esa importante entrada de dinero que recibe del estado. El segundo es más complejo. Es “esa libertad de elegir” que invocan y que todos los gobiernos, hasta ahora, han consentido. Los centros concertados siempre han tenido más demanda, y eso les permite elegir. Tienen el alumnado con las mejores condiciones socioeconómicas, tienen, en general, mejores equipamientos e instalaciones que los públicos y tienen, en períodos de matriculación, “mejor carta de presentación”. Mientras tanto las personas más desfavorecidas, el alumnado con necesidades educativas especiales, la población inmigrante, la que sufre la pobreza y la exclusión social son atendidas por el sistema público. Es inadmisible, en una sociedad democrática, que se define igualitaria, estas situaciones clasistas y segregadoras que marcan diferencias sociales inaceptables en este S XXI.

Esta evidencia se llama segregación social. Pero algunos/as lo llaman “derecho a elegir”.

El verdadero derecho, constitucional y que es responsabilidad de garantizar por los gobiernos, es el de tener un sistema educativo que asegure la igualdad de oportunidades para todos y todas. Ello solo se garantiza, y consigue, con una escuela pública, laica, universal, gratuita y de calidad.

40 años separan estas dos fotografías

Uno de los debates cruciales que se está dando en el proceso asambleario de IU Aragón, creo que también en todo el estado, tiene que ver con la definición de lo que significa la “superación de IU”.
Nosotros y nosotras, las mujeres y hombres que defendemos la propuesta y candidatura Una IU en Movimiento, pensamos que Izquierda Unida debe llegar a ser el instrumento político, capaz de generar una correlación de fuerzas que posibilite la victoria sobre las fuerzas y partidos del régimen del 78  y permita iniciar procesos de ruptura democrática para superarlo.
Para eso necesitamos un nuevo actor político, un Frente, o Bloque, unitario de la izquierda en el que estemos todas las fuerzas políticas y sociales que compartamos la idea de un nuevo proceso constituyente para ese Nuevo País en el que dejen de jodernos la vida.
Ese nuevo proyecto, todavía sin construir, solo puede salir de la ideología socialista y solo podrá ponerlo en marcha una organización que, como IU, se caracteriza por su radicalidad democrática, por su capacidad de organización, por la capacidad de sus militantes y por su implicación y presencia en el conflicto social.
Por eso, más allá de hablar de si IU está superada o no, afirmamos que IU es necesaria, que IU debe ser capaz de recuperar el impulso de los años anteriores, de crear unidad popular en la calle y en el conflicto social, y esa debe ser la principal misión de este nuevo sujeto que queremos ayudar a construir.
Tenemos que ser capaces de poder relacionarnos, en pie de igualdad, con todos los sectores de la izquierda para sumar, en un mestizaje común, un frente para la ruptura y eso debemos hacerlo a todos los niveles, en Europa, en el Estado, en Aragón, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo.
Rechazamos esas propuestas que consideran a IU superada, decimos que no es cierto que se haya dado ese proceso de reconfigurar el bloque de izquierdas que todos y todas queremos. Ni las actuales confluencias municipalistas, ni la coalición electoral Unidos Podemos son, al menos no todavía, ese espacio de movilización social, política y ciudadana que creemos necesario.
No puede afirmarse, como llega a hacerse, que IU está ya superada por las confluencias cuando estas aún no tienen la vertebración y la organización necesaria.
Y no es porque desde IU no queramos que así sea, sino porque además de nosotros y nosotras hay muchos otros actores, que también tienen posición y condicionan su desarrollo.
Por eso, el documento de IU en Movimiento, propone que una de las tareas fundamentales de IU Aragón es impulsarlas y, para eso debemos implicarnos como organización lo que hace que, lejos de estar ya superada, IU sea más necesaria que nunca.
Si opinas como nosotros y nosotras, y eres militante de IU Aragón, puedes votar nuestro documento, mañana, en las urnas preparadas para ello

Hay quien me dice que el primer síntoma de la vejez es dedicarse a contar batallitas. Pues, ya me jode recordar. Me molesta porque veo que la cosa se repite y siento que la memoria es frágil.

Estos días estamos viendo como el sistema se reinventa, como escenifican esas aparentes diferencias que hay entre los dos grandes partidos que, gracias a ese sistema electoral que protege al bipartidismo, han gobernado este país.

Hoy me acuerdo de un 2 de febrero, el de 1984, ese día CC.OO., también ELA-STV en Euskadi, convocaron una huelga contra la reconversión industrial. Esa huelga no era apoyada por la UGT de Nicolás Redondo que, por aquel entonces, estaba claramente alineada con el PSOE y la socialdemocracia. La huelga paralizó por entero ciudades como Vigo, Ferrol, Cádiz, Gijón, Avilés, Sagunto, Cádiz,…

En 1984 gobernaba Felipe González. Había ganado las elecciones de 1982, su lema fue: Por el Cambio (¿os suena?) era la primera mayoría absoluta de la democracia y tenía 202 diputados.

Su gobierno, el primero de ellos, fue muy duro para la gente. Especialmente para trabajadores y trabajadoras del sector industrial.

El PSOE estaba empeñado en entrar en la OTAN y en lo que, entonces, era la Comunidad Económica Europea. También, en 1984, el gobierno socialista reformó el Estatuto de los Trabajadores e introdujo la “flexibilización” que acabó significando la precarización.

Europa, como condición previa a la entrada, exigió el desmantelamiento de sectores productivos importantes como eran el naval, el siderúrgico, el textil, el lechero e incluso el productor de vino.

El PSOE había ganado las elecciones prometiendo crear 800.000 empleos, pero el desmantelamiento industrial que reclamaba Europa dejó 100.000 parados y paradas y miles y miles de jubilaciones anticipadas.

El desmantelamiento de empresas fue llamado “reconversión industrial” pero realmente, lo que ciertamente ocurrió, es que se produjo un cierre, liquidación y privatización de empresas estatales como eran los astilleros y las siderurgias.

Ese proceso, además de miles de parados y paradas, de desmontar el sector industrial, le costó al estado (eran empresas públicas la mayoría) un billón (con b) de pesetas.

Fue el inicio del camino que convertía a España en un “país de servicios”.

Los ministros socialistas, Boyer y Solchaga, el brazo ejecutor de esta política, no tenían reparos en proclamar que la titularidad de las empresas nos importa y que España no debe competir con los países europeos industriales. Afirmaban que nuestro futuro está en el turismo.

Para no aburrir. El PSOE gano en 1986 (mayoría absoluta), en 1989 (mayoría absoluta) y en 1993 (mayoría simple que reforzó pactando con nacionalistas catalanes y vascos a quienes prefirió en vez de pactar con IU que, con Anguita, tenía 18 escaños).

Y,… bueno, aquí estamos, seguimos pagando la crisis los mismos, seguimos votando a los mismos y se siguen forrando los mismos.

La cosa está que arde

Cuando alguien se empeña en ver un detalle, en vez de un conjunto, se suele decir que está como aquel, o aquella, que se fijaba en un árbol pero no veía el bosque.
Algo así está pasando con un rumor, creo que muy interesado, que están lanzando estos días a propósito de algo que nadie ha planteado como es la fusión de IU con Podemos.
El run run, extendido convenientemente a través de las tertulias televisivas y de las redes sociales, ha merecido, incluso, una portada de El País.
Según esa portada, y esas tertulias, una de las cuestiones a debatir en el encuentro de Podemos de Vistalegre 2, es si hay o no hay fusión con IU.
No conozco las intenciones de Podemos, ni voy a entrometerme en su proceso. Conozco perfectamente la decisión, que no intenciones, de IU, y aseguro que nunca, en ningún momento, se plantea, ni se ha planteado, ni fusión ni integración en ningún sitio.
Lo diré una vez más, como lo ha dicho y repetido Alberto Garzón, nuestro Coordinador Federal, lo podremos decir más alto, gritando si se quiere, pero no más claro: IU no tiene ninguna intención de fusionarse con Podemos.
Estamos decididos y decididas a conseguir ese Nuevo País que defendemos. Queremos cambiar las cosas. Queremos acabar con el bipartidismo ramplón que nos ha gobernado y gobierna. Queremos un nuevo sistema que salga de una ruptura democrática y se apoye en un nuevo proceso constituyente.
Sabemos, estamos convencidos y convencidas, que para ello es imprescindible un Bloque Social y Político en el que, junto a IU, estén Podemos y los demás actores políticos, sociales y ciudadanos de la izquierda de este país. Necesitamos ese proceso unitario, no uniforme, de la izquierda y queremos construirlo con quienes, como Podemos, son diferentes a nosotros y nosotras pero compartimos espacio político y social. Pero nunca, en ningún momento, defendemos una fusión.
En estos momentos con Podemos, y otros partidos, compartimos la coalición electoral Unidos Podemos. Una coalición es precisamente eso, una coalición de partidos diferentes en la que se respetan las identidades de cada uno, las siglas y su programa.
Pero sabemos que no basta con una coalición electoral. Creemos necesario, además del trabajo conjunto en las instituciones, conseguir un Bloque Social y Político que consiga ese proceso de ruptura que sería el nuevo proceso constituyente y eso, pensamos que es necesario trabajar juntos y juntas en las instituciones, sí, pero también en las calles, construyendo la alternativa contra la injusticia y el recorte de derechos y libertades.
Queremos poner en común en vez de competir. Lo que queremos es seguir colaborando, queremos trabajar juntos en las instituciones y en las calles, construyendo desde abajo y luchando contra las injusticias. Poniendo en común lo que nos une podemos intentar ese bloque que construya esa alternativa política, social, económica y productiva que necesitamos.
Quizá es por eso por lo que el bipartidismo y los poderes fácticos y económicos nos quieren reñidos, quizá, por eso alienten rumores, quizá, por eso, inventen una noticia y le den una portada. Por eso señalan un árbol y no dejan ver el bosque.
Ciertamente cansa, y molesta, ver como alguno y alguna intenta utilizar el árbol, este falso rumor, para sus intereses en los procesos internos.
Están ayudando a invisibilizar el bosque, en ese bosque en el que están todos los árboles, cada uno siendo como es, puede construirse la alternativa para esas clases populares que son víctimas del capitalismo y de la crisis. De ese bosque común puede salir el fin de los recortes en sanidad, educación, pensiones y otros servicios públicos, de las reformas laborales, de los empleos basura; de ese bosque común puede salir la fuerza que acabe, también, con la pobreza y con la muerte porque te cortan la luz.
En eso estamos, aquí, en Aragón, con motivo de nuestra XII Asamblea, el documento “Movilización y Confluencia”  que, junto a otros compañeros y compañeras, presentamos al debate lo deja claro: “Creemos necesaria una IU fuerte que sea capaz de ayudar a la construcción de un instrumento de lucha anticapitalista, feminista, ecologista, internacionalista y solidaria. Queremos una IU fuerte que sea un actor más al servicio del proyecto social y político común”.
Destaco, un actor más, no uno menos.
c210dyuwqaaqvr6

Los datos macroeconómicos, una vez hechos los balances del 2016 que acaba de concluir, dicen que España logró un crecimiento superior al 3% en 2016 por segundo ejercicio consecutivo.

Ese es el mensaje del Gobierno, de los poderes económicos y de los medios de comunicación.

Pero la realidad es que esa riqueza que, a pesar de la crisis se ha producido, no es para toda la población. Los datos económicos, aunque en ello se ponga menos énfasis y se pase de puntillas, dejan muy claro que la brecha (trinchera más bien) entre ricos y pobres es cada vez mayor.

En estos momentos la mitad de la riqueza de este país está en manos del 10 % de la población. El ranking lo encabezan Amancio Ortega (dueño de Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y demás marcas del grupo Inditex), su hija Sandra y Juan Roig (propietario de Mercadona), entre los 3 tienen la misma riqueza que la que pueden sumar 14 millones de españolitos/as.

La cosa no es particular de España. Intermon-Oxfam, en su último informe, señala que “en el mundo hay más de siete mil millones de personas y sólo ocho, ocho empresarios, ocho personas, acumulan la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, es decir ocho frente a 3.600 millones de personas”.

Son datos conocidos. Si tenéis interés en conocer las grandes fortunas no tenéis que hacer nada más que entrar en internet, teclear Lista Forbes 2016, y conoceréis a quienes la crisis les está haciendo más ricos y ricas cada vez. En esa lista hay, junto a la de los Ortega, otras 20 fortunas españolas más.

Lo cierto y evidente es que el crecimiento de la economía española, por encima del 3 por ciento, no ha conseguido reducir la brecha que es, cada vez más profunda, en salarios y condiciones de vida.

Lo que también es cierto es que en estos años de “recuperación económica” tan solo han subido los salarios de las personas que ocupan cargos ejecutivos en los Consejo de Administración y, es cierto también, que las empresas del IBEX han repartido más dividendos.

Los datos, con la frialdad que dan las cifras, señalan que mientras los salarios altos han crecido, dicen que muy poco, solo un 3%, los salarios que no llegaban a los 1000 € en 2007 han caído el 28 %. Eso da resultados tales que hay salarios de ejecutivos/as que equivalen al de 90 trabajadores/as de nivel medio.

A ello debemos añadir que, tal y como demuestran, también, las cifras, que el deterioro del mercado laboral, la precariedad y la bajada de salarios, es el principal factor generador de desigualdades y el responsable de que la renta de los hogares haya perdido un 20 % en estos años de crisis.

Estas políticas, tan alabadas y bendecidas por el FMI, la Comisión europea y la propia Sra. Merkel no se cansan de repetir parabienes a Rajoy y a Montoro por lo bien que se ha resuelto la crisis en España, nos han situado, en lo que a brecha social entre ricos y pobres se refiere, en el 2º lugar de Europa. Tan solo Chipre nos supera en lo que a desigualdad se refiere.

Esto es la globalización. Esto es lo que significa, y los resultados, de las políticas neoliberales, de los tratados económicos y comerciales (CETA, TTIP,…) que recortan derechos laborales y desmantelan los servicios públicos.

Esto es lo que venimos denunciando, esto es lo que nos lleva a salir a la calle pidiendo Pan, Techo, Trabajo y Dignidad.

Publicado en https://www.facebook.com/IU.Aragon/?fref=ts

manifa madrid

Esa es la subida para las pensiones que aprobará hoy el Gobierno de Mariano Rajoy.
Es una subida que significa unos 3 € al mes de media y que está por debajo de la previsión de inflación para el año que viene que es del 1,2 %. Una subida que va a suponer, para quienes cobramos una pensión, pérdida de poder adquisitivo. Una subida que va a suponer un empobrecimiento que será mucho más acusado para quienes tienen las pensiones más bajas.
Ya se que hoy seguiremos hablando de la contaminación en Madrid, del proceso de Podemos y de si Pedro Sánchez vuelve o no a presentar su candidatura. Me temo que esta noticia apenas tendrá hueco. Pero a mi me parece importante, no porque sea un pensionista, que lo soy, sino porque el debate sobre las pensiones no está cerrado y es un tema que requiere, lo primero información y lo segundo decisiones. La decisión que toma hoy Rajoy es una mala noticia para los y las 8.609.085 pensionistas actuales.
Yo creo, y es en lo primero que tendríamos que ponernos de acuerdo, que el principal objetivo de un sistema de pensiones es social, debe ser capaz de garantizar una renta a quienes alcanzan una edad determinada y acaban su vida laboral o profesional o, también, para quienes sufren una incapacitación que le impide trabajar o, igualmente, para quienes son conyuges, pareja, hijos, hijas y beneficiarios/as de la pensión contributiva que ha generado un trabajador/a que ha fallecido.
En definitiva, creo que la principal función de un sistema de pensiones es asegurar un ingreso económico que proporcione un nivel mínimo de vida suficiente. Por eso creo que debe mantener relación directa con la capacidad de compra que no debe quedar limitada.
Es especialmente importante tener en cuenta que los y las pensionistas son, en su inmensa mayoría, trabajadores y trabajadoras que han llegado al final de su vida laboral, que han contribuido con sus cotizaciones al sistema y que es la pensión su única fuente de ingresos.
En estos momentos 2,5 millones de pensiones están por debajo de los 600 € mensuales y 4 millones están entre los 600 y los 1000 € mensuales. Resumiendo, el 75 % de los y las pensionistas de este país ni siquiera son mileuristas.
imgres
Es muy recurrente. Todos los días oímos llamadas al consenso, al acuerdo. Se argumenta la necesidad de acordar y se trata de “criminalizar” a quienes lo “dificultan” o, simplemente, no entran en el juego.
El argumento fácil, simplón me atrevo a decir, lo sirven los resultados electorales que han dejado claro que no hay nadie capaz de gobernar si no hay acuerdos. A partir de aquí se construye, lo dice hasta Rajoy, esa “necesidad” del acuerdo al que hay que llegar “por responsabilidad”.
¿Para qué nos piden responsabilidad?, ¿para qué el consenso y acuerdo?
La realidad dice, aunque se empeñen en tratar de convencer de otra cosa, que el país, sigue sufriendo una dura crisis económica que afecta, especialmente, a la ciudadanía, a las clases populares. También hay una crisis política que afecta, especialmente, a las organización políticas de la izquierda.
Sólo esta situación de crisis que incide, también, en la política, puede explicar que, a pesar de las movilizaciones, a pesar de las denuncias sobre corrupción, a pesar de las medidas represoras como la Ley mordaza y a pesar de todas las amarguras y sin sabores que el PP ha causado a las clases populares, sea el ganador de las elecciones y siga ganando apoyos.
Ambas crisis, la económica y la política, están afectando gravemente a nuestra sociedad.
La económica está siendo saldada con duros recortes sociales, con pérdida de derechos, con aumento de la pobreza y la desigualdad social, con grave daño ecológico y con constantes sucesos de corrupción. Es lo lógico que sucede cuando hay una crisis del capitalismo y la gestiona la derecha neoliberal.
El austericidio, el deterioro de las condiciones de vida, la precariedad laboral y la pérdida de derechos causan frustración, alimentan los populismos, el racismo y la xenofobia y son caldo de cultivo para la ultraderecha que está resurgiendo. ¿Nos llaman a un pacto para evitar ésto?, creo que no. Nos invitan a un pacto para salvbar el¿Nos llaman a un pacto para evitar ésto?, creo que no. Nos invitan a un pacto para salvar el sistema y ese sistema, y el régimen que lo mantiene, nos han llevado a la situación de emergencia social que vivimos.
Las llamadas al acuerdo se plantean en términos de “hay que remar juntos”. Están consiguiendo que, en este clima de drama social, esté mal visto no subirse al barco.
Yo no me veo facilitando, o apoyando, un consenso que pretenda seguir la política económica actual, que sea obediente al austericidio que sigue reclamando la troika europea. Tampoco me veo en un “pacto” que confirme la pérdida de derechos y el deterioro de los servicios públicos. Prefiero ser acusado de no remar antes que remar en la dirección equivocada.
¿Qué pacto, acuerdo o consenso se puede pedir que no sea para el cese inmediato de las políticas de ajuste, recorte, precarización y desmantelamiento de lo público?.
img_2731-a-jpg

La gente de orden dice que mentir es muy feo, la gente que frecuenta las iglesias dicen que es un pecado, violenta el 8º mandamiento, mentir y levantar falsos testimonios. El PP miente y levanta falsas expectativas.

Os preguntareis a que viene este inicio. Hace días que nos están bombardeando con aquello de…. “este país necesita con urgencia un gobierno que asegure la recuperación económica que ya ha empezado”, incluso el gobierno en funciones se permite decir que “estamos creciendo y superando la crisis”.

Se ha conocido estos días el informe que Eurostat , la oficina estadística de la Unión Europea, ha hecho con motivo del “Día Internacional de Erradicación de la Pobreza”.

Ese informe, que puede consultar quien lo considere oportuno, dice y demuestra la burda mentira de la recuperación que dice el PP que llega a nuestro país.

Eurostat establece el umbral de la pobreza en nuestro país en unos ingresos anuales de 8.011 euros para un adulto solo o de 16.823 para una pareja con dos hijos. Es evidente que quienes están por debajo de esos ingresos ya son considerados pobres.

Los datos publicados señalan que esta España, que según el PP avanza, es el tercer estado de la UE en el que más ha crecido la tasa de personas en riesgo de pobreza. Tan solo ha crecido más que aquí en Grecia y en Chipre.

En nuestro caso el riesgo de pobreza está 5 puntos por encima de lo que estaba en 2008, el año que se inició la crisis. En 2008 la pobreza afectaba al 23,8 % de la población española y ahora afecta al 28,6 % mientras que la media europea es del 23,7. El dato escalofriante es que hemos llegado a los 13,1 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social.

Un dato, todavía más preocupante, es que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social menores de 18 años llega al 34,4%.

En lo referente a las ayudas sociales, algo de lo que no suele hablar el PP, los datos dicen que somos el cuarto país por abajo. Tan solo están por detrás de nosotros Rumanía, Letonia y Lituania por lo que, se concluye, no hay políticas eficaces en materia de protección social.

El informe de Eurostat demuestra otra de las mentiras peperas. El de que el crecimiento ayuda a resolver la crisis. Los datos oficiales dicen que, en el último ejercicio económico, el de 2015, ha habido un crecimiento superior al 3%.

Como hemos venido denunciando, y así volvimos a hacerlo esta semana de lucha y resistencia contra las políticas neoliberales, se produce crecimiento económico a costa de los trabajadores y trabajadoras que ben como se empeora su empleo porque se precariza y se reducen sus salarios. La “receta del PP”, la de crear empleo convirtiendo uno fijo en 2 o tres temporales da estos resultados.

España es el segundo país europeo, por detrás de Grecia, en el que más personas (el 15,4 %) viven en hogares en los que, a pesar de que alguien de la familia trabaja, no llega el salario a fin de mes. El PP ha creado un nuevo tipo de pobre. El trabajador/a que. Aunque trabaja, no cubre con su salario sus necesidades básicas.

Desgraciada y lamentablemente hay que añadir a este despropósito la denuncia de la ONGs que trabajan con niños y niñas que dicen que el 16 % de la población infantil de nuestro país sufre pobreza severa.

Finalizo con una pregunta ¿de verdad quieren convencernos de que lo mejor para este país es que siga el PP otros 4 años?, ¿no seríamos capaces de desenmascararlos si hubiese otras elecciones?.

paro3