Muchos y muchas tendréis la sensación de que ya estamos otra vez en campaña electoral. Los dos grandes partidos van de mitin en mitin especialmente empeñados en que parezca que sólo puede gobernar uno de los dos. Aquí, en Aragón, sabemos que casi todos los partidos están ya en proceso de elegir sus listas y candidaturas. Nosostro, los de I.U., estamos más centrados en proponer medidas para dar salida a la crisis pero, como es natural, sabemos que también tendremos que preparanos para las elecciones de Mayo del año 2011.

No tenemos, todavía, programa concretado, ni candidatos o candidatas que presentar, pero sí que tenemos muy claro que hay gente que no votará a Izquierda Unida. También tenemos muy claro que, esta vez, mucha gente que votó PSOE para que viniera la derecha volverá sus ojos hacia I.U..

Por ello, para ayudar, daré las razones para no votar a Izquierda Unida. Seguramente os sorprenderá mucho ver que escribo sobre las razones para no votarnos. Lo habitual es tratar de convencer y argumentar para pelear hasta el último de los votos. No lo es tanto dedicar espacio, y tiempo, a lo contrario. Recordad nuestro lema pasado, “con I.U. Es posible”. Por eso es posible escribir también para quienes no puedan votarnos.

Empiezo por decir, a quienes crean que bajar impuestos es de izquierdas, que no nos voten. Si opinan que el estado del bienestar y los servicios públicos se garantizan sin recaudar fondos mediante impuestos directos, si creen innecesario mantener una política fiscal progresiva que obligue a pagar más a quien más tiene y posibilite que quienes no tienen nada reciban lo que una democracia moderna debe garantizar a cada ciudadano o ciudadana, no opten por I.U.

No deben votarnos, tampoco, quienes no estén dispuestos a considerar el derecho a una vivienda digna como un derecho subjetivo de cada persona que pueda ser reclamado ante la justicia. Tampoco deben votarnos quienes vean normal especular con viviendas vacías y solares esperando revalorizaciones millonarias, ni deben votarnos quienes no crean que hay que hacer un parque público de vivienda de alquiler a precios sociales y, mucho menos deben votarnos quienes no estén dispuestos a acabar con la especulación de la Iglesia (caso del Seminario), de Defensa (venta de cuarteles) y del propio Gobierno de Aragón (Aramón y Suelo y Vivienda).

Si piensan que la OTAN es una ONG humanitaria, se equivocan si nos votan. No deben votarnos quienes no crean en el internacionalismo solidario, ni pueden votarnos quienes no defiendan el diálogo como método democrático de resolución de conflictos. No puede votarnos quien crea que decir, como hace veinte años, OTAN NO, BASES FUERA, está pasado de moda

No deben votarnos si están convencidos de que los y las inmigrantes vienen aquí para ser semiesclavos, “quitarnos” el empleo y aprovecharse de nuestra sanidad pública. Ni deben hacerlo quienes no quieran un Aragón mestizo, integrador, acogedor, intercultural y solidario.

No nos voten, tampoco, si consideran que la sanidad, los servicios sociales, la atención a la dependencia y cualquier otro servicio básico, se prestan mejor con empresas interpuestas o concertando con la Iglesia, asociaciones, fundaciones o empresas privadas. Mucho menos deben hacerlo si dudan de que la enseñanza debe ser laica, universal, pública, de calidad y gratuita.

No nos voten si están en cualquiera de esas circunstancias. El voto es un derecho ciudadano que debe ser ejercido con rigor y reflexión y debe darse a quienes mejor vayan a defender los intereses de quien vota. Les aseguro que Izquierda Unida no va a defender los suyos si son coincidentes con los supuestos que les he enunciado.

Como ven soy muy consciente de la parte del censo que no va votarnos. Pero, al mismo tiempo, se que queda gente suficiente para que Izquierda Unida, la izquierda con la que es posible hacer las cosas de otra manera, siga trabajando en los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel y consolide su representación en Las Cortes de Aragón. Así que no se me despiste nadie porque, de momento, somos menos.


Ni siquiera sé como se atreve la organización de los empresarios y empresarias de este país a pretender instaurar la esclavitud del Siglo XXI para los y las jóvenes de hasta 30 años.

Lanzan la idea de, para evitar que los y las jóvenes estén sin nada que hacer, un contrato de entre 6 y 12 meses, a salario mínimo (ni 700 €), sin cotizaciones sociales (así no paga nada el empresario) y sin derecho a paro cuando lo despidan gratuitamente.

Vaya clase empresarial que tenemos. Es insaciable. Encuentran en la crisis la justificación perfecta para despedir gente, para pedir más apoyos y subvenciones, para pedir más recortes laborales y ponen la guinda queriendo que les legalicen los contratos basura que proponen en su última ocurrencia.

Bueno, una más que va en misma dirección. La crisis no la están pagando quienes la han causado. Se sabe que, con la crisis, las rentas salariales han caído tres veces más que las rentas empresariales. Los trabajadores y trabajadoras, además, sufren el paro, el embargo de sus hipotecas, y, para colmo, les quieren tocar las pensiones.

De esta crisis sólo puede haber una salida para quienes la están pagando. Esa salida no la encuentra Zapatero, no la tiene la derecha política ni económica de este país. Hasta ahora sólo la izquierda ha puesto encima de la mesa alternativas sociales. Os invito a conocerlas y,si os convencen, a apoyarlas

Ahora nos sale Rodríguez Zapatero diciendo que los jubilados y jubiladas viven mucho y que, por eso, y por la sostenibilidad del sistema, hay que jubilarse más tarde.

Sobre el primer argumento no diré nada más que me parece mezquino y tremendamente estúpido.

Sobre lo de jubilarse a los 67 por la sostenibilidad si que me detendré un poquito más. Lo primero que tengo quie decir es que el sistema público de pensiones no está en crisis ni corre ningún peligro. Lo que hay detrás de este debate sobre el futuro de las pensiones, ligado a supuestos problemas de sostenibilidad de futuro, es favorecer los planes privados de pensiones.

La propuesta que más se ha dado a conocer : la jubilación a los 67 años es una propuesta injusta, innecesaria e insolidaria.

Es injusta porque, si no lo paramos, recaerá de nuevo sobre los trabajadores y trabajadoras otra medida más que asocian a la crisis. Crisis que no hemos causado quienes dependemos de una nómina.

Es innecesaria, puesto que en 2009 (habiendo ya crisis) el fondo público de la Seguridad Social ha tenido un superavit de 8.000 millones € y ya cuenta con un fondo de reserva de 60.000 millones más.

Es insolidaria con la juventud y las personas desempleadas, pues se está destruyendo empleo y el paro aumenta. En tiempos de crisis las medidas no pasan por alargar la vida laboral sino por crear empleo y repartir el existente. ¿Os acordáis de nuestra permanente reivindicación de las 35 horas de jornada?. Reduciendo la jornada y manteniendo el salario podemos trabajar todo y todas.

El problema no son las pensiones. El problema es como modioficamos la política económica y laboral para crear empleos estables que cotizan y generan derecho a la pensión futura.

Creo que es tendenciosa la afirmación de que peligra el sistema público de pensiones. Es cierto que la población está envejeciendo pero tambiñen lo es que los avances técnicos permiten incrementar la productividad, por consiguiente es perfectamente posible utilizar ese incremento para reducir la jornada, permitir la jubilación a los 65 años y repartir con más equidad la riqueza.

Yo creo que el sistema público de pensiones que, insisto, no corre ningún peligro puede fortalecerse creando empleo, elevando el Salario Mínimo para que aumente la base de cotización y dejando de rebajar cotizaciones sociales a las empresas. También habría que obligar a cotizar por la totalidad del salario recibido porque no es de recibo que salarios de 56.000 € mensuales (los de los altos ejecutivos, Botines y similares) solo coticen por la máxima que no llega a los 4.000 €.

Además es necesaria una profunda reforma fiscal proigresiva para que paguen más quienes más tienen y para acabar con el fraude fiscal. En estos momentos 1 de cada 4 € no paga impuestos.

Muy claro lo tengo: a la calle contra el pensionazo

 

Ni se está reconstruyendo el país. Ni se ha llevado la democracia a Afganistán. Ni se ha conseguido que las mujeres afganas tengan uno sólo de los derechos que la comunidad internacional reconoce a las personas. La ocupación sólo trae más muertos, tanto entre la población afgana como entre las tropas ocupantes.

Los mismos motivos que existían para retirar las tropas de Irak en 2004 se aplican al caso afgano hoy. Pero lejos de retirarse de Afganistán, el gobierno español participa cada vez más en la ocupación. Enviar más soldados más y asumir el mando del aeropuerto de Kabul son sólo los ejemplos más recientes de esta deriva «guerrera» de Zapatero y su Gobierno.

Chacón y Zapatero especialmente, intentan en todo momento y contra toda evidencia, presentar al ejército español como a una ONG, y disfrazar la ocupación de misión humanitaria. A pesar de todo, la mayoría de la opinión pública en el Estado español sigue oponiéndose a la actual presencia militar en Afganistán. Sólo el 3% de la población (y sólo el 1% de las mujeres) apoya la política del gobierno de enviar más tropas. Un 41% defiende la retirada (subiendo a un 47% entre las mujeres), y otro 19% favorece una reducción del contingente.

Pido la atención sobre esta guerra sin olvidarme de los otros problemas actuales y urgentes de un mundo afligido por las crisis económica y ecológica. Estas crisis están íntimamente relacionadas con la guerra en Oriente Medio. Los enormes gastos militares -nunca justificables- ahora además restan recursos a fines sociales, como la protección de los parados y paradas, inversión productiva pública, mantenimiento y mejora de los servicios públicos o el apoyo a las personas sin trabajo y a sus familias.

En una situación de grave crisis económica e intolerables niveles de desempleo como la actual, cuando el propio presidente Rodríguez Zapatero ha augurado más paro en 2010 pese a que pueda mejorar el crecimiento, yo creo que los recursos del Estado no deberían gastarse en aventuras militares que resultan costosas en vidas, pero también en bienes materiales.

Pienso, como mucha otra gente, que las prioridades políticas y económicas, deben centrarse en la creación de puestos de trabajo y en la búsqueda de respuestas reales a la crisis. Considero que los cerca de 365 millones de euros anuales, pagados con nuestros impuestos, que cuesta a las arcas públicas la contribución militar española a la ocupación de Afganistán podían dedicarse a un Plan de Empleo Municipal, con el que se podrían crear 60.000 puestos de trabajo, incluyendo contratos de seis meses para los parados y paradas que hayan agotado la prestación.

También podríamos, en vez de invertir en una ocupación militar, crear 40 Centros de Salud bien dotados (que podrían atender a más de un millón de personas); o podríamos, también, crear 9.125 escuelas infantiles, que tendrían capacidad para atender a cerca de 182.000 niños y niñas de 0 a 3 años, con una dotación de 2.000 euros por niño/a y año, además de contribuir a crear unos 40.000 puestos de trabajo en el sector.

Hay que decir ¡¡No a la Guerra¡¡ y apostar por una política internacional de cooperación bien dotada presupuestariamente, pero sobre las bases de la ayuda humanitaria y de la cooperación al desarrollo y la paz, no en la participación de una guerra de ocupación que dura ya más de siete años y que no ha dado ningún resultado positivo para el pueblo afgano, además de carecer de estrategia alguna para dar una salida a la situación.

Si me apuran también puedo decir que hay que salir de Afganistán para cumplir con lo establecido en el artículo 8 de la Constitución, que señala que la misión de las Fuerzas Armadas es garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y ordenamiento constitucional en vez de estar dedicando su esfuerzo militar a intereses geoestratégicos y económicos de Estados Unidos.

 

 

 Izquierda Unida ahora también está en contra de unos juegos olímpicos en el Pirineo. Lo hemos dicho en todas y cada una de las ocasiones, y ya van unas cuantas, en las que se ha lanzado la candidatura de Jaca, igual opinamos con la candidatura de Zaragoza que iba junto a Huesca y Jaca y pretendía sumar al Principado de Andorra y no hemos cambiado de posición.

 

No queremos para los Pirineos, ni para ninguna otra zona, la agresión medioambiental que supone una cita olímpica para deportes de invierno. No hay más que darse una vuelta por los lugares que han sido «sedes» de grandes eventos para ver la rentabilidad social que tienen para la ciudadanía las astronómicas inversiones necesarias para la práctica de deportes claramente elitistas como son los relacionados con la nieve.

Los palacios de hielo, las pistas de bobsleigh, los trampolines para los saltos, … no sirven nada más que para los juegos. Requieren miles de millones para su construcción y equipamiento, son grandes consumidores de energía para producir el hielo y nieve necesario y tienen unos elevados costes de mantenimiento.

Ciertamente que estos eventos generan actividad económica y sustanciosos beneficios. Pero estas cosas, tenemos el último ejemplo en Zaragoza con la Expo, sirven para que se especule con el suelo, y hagan negocio las grandes constructoras y las entidades financieras. El problema es que, como ha pasado aquí con la Expo, esos miles y miles de millones los pagamos todos y todas porque no es dinero privado el que se invierte. Es dinero público el que paga la factura.

Pensamos que es profundamente perverso el sistema. Los beneficios y ganancias van, como siempre, a quienes producen empleo temporal, mal pagado, utilizan la subcontratación y cuando acaba el evento desaparecen con sus cuentas de resultados bien saneadas y en condiciones de repartir dividendos a sus accionistas. Quedan las deudas y desfases millonarios, edificios carísimos, vacíos y un coste añadido de mantenimiento o de reconstrucción para que sirvan para algo. No hay más que ver lo sucedido con la Torre del Agua, el Pabellón Puente, la escultura del Splash, el Palacio de Congresos, el Pabellón de España y todo lo que tenemos en Ranillas sin saber cuanto más nos va a costar al final. Al margen de las posibles olimpiadas tenemos, hoy en día, otros ejemplos: Motorland ya va por 70 millones y el aeropuerto de Caudé es otro pozo sin fondo.

Mientras ésto sucede el paro no deja de subir, los parados y paradas agotan su prestación sin esperanza de un empleo, las cifras de embargos por ejecución de hipotecas se multiplican por cuatro, los comedores sociales triplican el número de usuarios y ya son un 21 % las familias aragonesas que sufren la exclusión social porque ninguno de sus miembros trabaja.

Supongo que pasa exactamente igual en Barcelona y en Cataluña porque la crisis, la del año 2010, es la misma en todas partes y eso es un elemento añadido más para que, ahora, además de decir como siempre ¡¡No a unos juegos de invierno en el Pirineo¡¡, digamos que es una inaceptable frivolidad que las instituciones y administraciones públicas aragonesas y catalanas, con la complicidad del Gobierno central, se enzarzen en una absurda competición para ver quien tiene una posibilidad (que no garantía) de aspirar a que el Organismo internacional de turno se fije en su propuesta. Una propuesta que es para 2022.

La ciudadanía, especialmente la más afectada por la crisis, necesita ya, y no dentro de 12 años, programas de empleo, programas sociales e inversión productiva generadora de empleo digno y con derechos. A eso deberían dedicarse con rigor, seriedad y energía quienes tienen las responsabilidades de gobierno y no a utilizar de manera oportunista, torpe y partidaria la posibilidad de aspirar a organizar un evento deportivo dentro de 12 años.

Los amigos y amigas de Rebelión nos han hecho llegar este dato que considero bueno ayudar a difundir

El diario El País del 15 de enero, en la página 3 de su edición de papel adjuntaba a su crónica sobre el terremoto de Haití un cuadro titulado “Ayuda financiera y equipos de asistencia” donde se detallaba la ayuda de 23 países más la ONU. En él se observa que el país que más personal sanitario tiene en Haití es Perú con 250 personas, seguido de Francia con 85.

Observamos que El País no incluye a Cuba entre los países que están ayudando a Haití. Por eso es bueno contar que los primeros en ofrecer asistencia sanitaria fueron “los 344 médicos y paramédicos cubanos que desde hace doce años colaboran en la paupérrima isla caribeña”. El Gobierno cubano “envió otros 30 especialistas con material de emergencia tras el terremoto. (…) En Puerto Príncipe, se encontraban 152 facultativos en el momento del terremoto. Su primera reacción fue levantar dos hospitales de campaña en su residencia porque el edificio donde trabajaban se derrumbó”.

Los datos los ofreció el corresponsal del grupo Vocento M. L. de Guereño, y se publicaron también el 15 de enero en periódicos regionales españoles como El Diario Montañés.

La Unión Europea paga a Marruecos para que los países que la integran puedan pescar en el Sahara Occidental ocupado ilegalmente por Marruecos.

Podeis expresar vuestro desacuerdo con esta medida claramente expoliadora de los recursos propios del pueblo saharaui entrando en la página que señalo abajo y firmando la carta de denuncia que allí aparece:

http://www.pescadosaharaui.es

¿Podrán pescar en sus aguas algún día?

¿Podrán pescar en sus aguas algún día?



La polémica levantada, en la que está participando casi todo el mundo, relativa a la competición entre Zaragoza y Barcelona por la organización de las olimiadas blancas de 2022 me parece, además de absurda, profundamente inmoral.

Ya lo dije cuando se presentó la candidatura de Zaragoza-Huesca-Jaca a la que intentaron sumar al Principado de Andorra. Unos juegos olímpicos de invierno requieren unas inversiones exageradas, suponen una agresión medioambiental de primer orden, requieren autopistas, aparcamientos, hoteles, trampolines, palacios de hielo,… y todo npara el mes que dura el evento. Luego, como ha pasado con la Expo, ahí se queda todo. Esa era la primera razón para decir ¡¡NO¡¡ a unos juegos olímpicos en el Pirineo.

Poco más o menos, como me pasó con lo de Gran Scala, fui acusado de “cenizo”, de ser de la tribu del “no a todo” y llegaron a calificarme de “antiaragonés” por no querer el progreso de esta tierra.

Lo cierto es que estos eventos, que se montan a base de subvenciones y dinero público, permiten la especulación con los terrenos, el negocio de las superconstructoras del ladrillo, sustanciosas comisiones a los bancos y entidades financieras, contratos suculentos en publicidad a las marcas comerciales y cosas así. El empleo que generan es temporal y con salarios que no llegan a los 1000 €. Esa era la segunda razón para decir ¡¡NO¡¡.

Estos eventos siguen un modelo económico y productivo que nos ha demostrado que está agotado, que hay que cambiarlo y apostar por otras cosas. Se les llena la boca con los “brotes verdes” y con la Ley de Economía Sostenible y siguen con lo mismo. Por eso ha sido un fracaso la cumbre de Copenhague contra el cambio climático. Esta es la tercera razón para decir ¡¡NO¡¡.

El colmo es ahora, en plena crisis, con 4 millones de parados, cuando acaban de reconocer que hay que ajustarse el cinturón, cuando no tienen ni puñetera idea de como frenar el aumento del paro, se les ocurre enzarzarse en una pelea para ver quien organiza las olimpiadas de 2022.

La actitud de los Gobiernos Aragonés y Catalán y de los Ayuntamientos de Zaragoza, Barcelona, Huesca y Jaca es indecente, es una falta de respeto absoluta hacia quienes hoy, en 2010, han agotado el desempleo, les han ejecutado la hipoteca de su casa, tiene que ir a los comedores sociales para subsistir y no hay una apuesta clara por el empleo y la inversión productiva.

Es indecente estar decididos a aportar recursos económicos a esta absurda competición cuando se han recortado los de la Ley de Dependencia, cuando no hay ofertas de empleo público, cuando no hay recursos para la construcción de las residencia, de las escuelas, de los centros de salud, de…que necesitamos

Son esfuerzos y compromisos con el 2020 lo que necesitamos y no absurdas quimeras para dentro de 12 años. Lo triste es que, además, este tema lo están convirtiendo en una cuestión “patriótica” y están, y es lo preocupante, consiguiendo que no se habla de lo que de varedad hay que hablar. Una pena

¿Habrá nieve en 2022?

Es lo habitual. Cada vez que llegan estas fechas todos y todas expresamos nuestros mejores deseos y deseamos alegría y felicidad a todas las personas de  nuestro entorno. Yo no voy a ser menos.

Os deseo, a todos y todas, lo mejor para el próximo año, y para todos los años que sigan pero también quiero, para este 2010 que va a empezar, un empleo digno y seguro para cada uno de esos parados y paradas, y quiero un Afganistán sin burkas ni soldados, y viajar a un Sahara libre e independiente, y ver como caen los muros que cercan Palestina, y saber que se toma conciencia de la gravedad de la crisis ecológica del Planeta, y más solidaridad, justicia y libertad.

Finalmente quiero que este 2010 que va a empezar sea un año menos que falte para que llegue la Mujeres saharahuis en Smara (campamentos)TERCERA

¡¡ Que pena¡¡. Ha sido decepcionante el resultado alcanzado en la recién terminada Cumbre de Copenhague. Lo sucedido en la capital danesa es un tremendo fracaso colectivo. Me parece patético especialmente que la representación española, encabezada por José Luis Rodríguez Zapatero, el de los brotes verdes y la economía sostenible, y la Unión Europea en su conjunto, que tendrá presidencia española en apenas 10 días, hayan cedido en sus pretensiones iniciales y se hayan sumado tras constatar el fracaso a la ineficaz proclama última de la Cumbre, pero sin conseguir un acuerdo que sea legalmente vinculante.

Por mucho que se empeñe la propaganda y por muchas proclamas oficiales, los logros vendidos por Obama o Rodríguez Zapatero, entre otros mandatarios presentes son absolutas mentiras. La triste realidad es que no se han fijado objetivos claros de reducción de emisiones y queda sin establecer un protocolo de actuación que sustituya al de Kyoto”.

En este momento tienen una especial gravedad estos resultados, sobre todo tras las expectativas generadas y también por hacerse caso omiso de la necesidad, absolutamente avalada por la comunidad científica, de actuar sin más demoras ante el progresivo calentamiento global. Resulta descabellado que se haya concluido con una simple declaración de intenciones y la voluntad, que no compromiso, de ayudar económicamente al tercer mundo.

Es inaceptable ver como los líderes mundiales, especialmente los de los países más ricos, han incumplido el compromiso adquirido hace dos años en Bali de llegar en 2009 a un nuevo acuerdo multilateral legalmente vinculante. Éste debía incluir compromisos de reducción para los países desarrollados y objetivos de desviación que moderaran el crecimiento de las emisiones de los países emergentes”.

Este fracaso será muy negativo para las víctimas del cambio climático, entre las que se encuentran millones de empleos afectados por las sequías, las inundaciones y los fenómenos climáticos extremos. Dejamos de enfrentarnos a unos cambios que afectarán a millones de trabajadores y trabajadoras y también se pone en cuestión la oportunidad de dar un giro importante al modelo productivo, que podría crear millones de ‘empleos verdes’ y mejorar la calidad de vida sin degradar el medio ambiente.

Denuncio, también, la exclusión de la sociedad civil en las negociaciones de la Conferencia. Ha sido un atentado contra la participación social y ciudadana, que ha roto con la tradición de participación de la sociedad civil en la agenda climática. Tenemos que conseguir que estos derechos para la participación ciudadana sean inexcusablemente recuperados en las próximas citas y así hay que exigirlo en todos los ámbitos y foros donde tengamos presencia.

Debemos seguir la lucha. Hay que emplazar a todos los agentes políticos y económicos de ámbito internacional para que adopten medidas que garanticen, sin presiones ni acuerdos previos por parte de ningún grupo de países por muy poderosos que sean, el necesario proceso de negociaciones multilaterales en el marco de Naciones Unidas que dé continuidad y alternativas al Protocolo de Kyoto.