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Representación indígena de la Pachamama

El próximo 19 al 22 de abril estaré en Cochabamba (Bolivia). Allí participaré con los pueblos y los procesos que se oponen a las políticas transnacionales y persisten en defender la Pachamama (así llaman a la Madre Tierra los pueblos indígenas aymara y quechúa del altiplano), en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, convocada por el Presidente Evo Morales. Esta convocatoria, realizada desde los pueblos y desde el Gobierno de Bolivia es una respuesta ante la incapacidad de los gobiernos del Norte y la falta de voluntad política característica de las transnacionales, que en Copenhague no permitieron tomar decisiones y acciones contundentes para frenar las agresiones a la Madre Tierra. Es así como en Cochabamba nos reuniremos los partidos de la izquierda alternativa y transformadora, con movimientos sociales, con colectivos, gobiernos, organizaciones campesinas, ecologistas… y con personas individuales para seguir reflexionando sobre las causas estructurales y las consecuencias de la crisis climática, con el ánimo de tomar decisiones y medidas necesarias que permitan una relación armónica entre los seres humanos y la naturaleza.

Os cuento a la vuelta

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Vaya por delante que reconozco la importancia de la celebración del Gran Premio Aragón en Motorland y que creo que tendrá repercusiones muy positivas para Alcañiz, para el Bajo Aragón y para Aragón en su conjunto. Pienso, también, que la organización de este gran premio puede ser una buena ocasión para que Motorland empiece a recuperarse de los números rojos a los que la mala planificación de inversiones han conducido y dar alguna utilidad a la faraónica inversión que ya se ha producido y que, hasta ahora, tan sólo ha generado 18 empleos directos.

Estoy seguro, como siempre lo he estado, de que todo el mundo hará lo necesario para que salga bien porque nos jugamos mucho. Lo hará también, con total lealtad, el ayuntamiento de Alcañiz que siempre ha colaborado con Motorland acelerando, dentro de la más escrupulosa legalidad, todos los procedimientos administrativos para que los trabajos que ha necesitado, y sigue necesitando, el circuito, y que dependían de trámites municipales, salieran lo antes posible.

Pero dicho esto no vamos a aceptar, ni podemos consentirlo, que desde el Gobierno se diga que tan sólo hay que aplaudir y que no es el momento de hablar del coste. Estamos hablando de dinero público, de dinero de todos los aragoneses y aragonesas y en medio de una crisis salvaje que requiere rigor en el gasto público.

Por eso, porque tenemos derecho y la ciudadanía a la que representamos también, pedimos, como en todos los casos, toda la información referente al proyecto, a su desarrollo, a su presupuesto, a sus inversiones, a su cuenta de resultados y a las repercusiones económicas y sociales que tenga.

Motorland no es un cortijo, como tampoco lo son Gran Scala, el Aeropuerto de Caudé, Dinópolis, Plaza, las Olimpiadas, las Expos o cualquier otro de los importantísimos proyectos en los que se embarca el Gobierno de Aragón. Ninguno de estos proyectos son un cortijo en el que el señorito ordena, dispone, exige acatamiento incondicional de sus decisiones y no da explicaciones. Eso, afortunadamente, ya hace mucho tiempo que dejó de ser así aunque el Sr. Biel parece no haberse enterado.

Insisto, una vez más, en que debe darse toda la información porque estamos hablando de un nuevo gasto comprometido. ¿Cuál es el coste exacto del contrato firmado con Dorna Sports para que Motorland acoja una, de momento sólo una, carrera de motos?. Ese dinero deberá ser aportado por las arcas públicas y, por consiguiente, debe conocerse con exactitud y de forma transparente, ya que el presupuesto de la DGA está cerrado, es muy ajustado y no tiene partidas presupuestadas para la organización de un Gran Premio de motos.

Deberíamos, también, conocer las contraprestaciones que vamos a recibir. Cuestiones como ¿cuántos contratos de trabajo va a producir para los más de 95.000 parados y paradas que hay en Aragón?, ¿qué tipos de contratos?, ¿indefinidos, por 15 o 7 días?, ¿de 700 € al mes?. Ya se que la velocidad de la moto en la que se ha subido Biel le impide ver estas cosas, pero para mí, y para esa gente sin trabajo, son importantes.

No puede despacharse Biel desde la prepotencia, demostrada en la propia tribuna parlamentaria, con la vaguedad de que el Ejecutivo buscará fórmulas para financiar el Gran Premio exigiendo, si hace falta, una aportación de todos los departamentos, en función del presupuesto del que dispone cada uno.

¿Qué servicio, qué hospital, qué carretera, que residencia, qué partida, en definitiva, va ser destinada a financiar el convenio con Dorna?. El Gobierno debe dar explicaciones y si se lo encomienda a Biel es quien debe hacerlo con rigor y con trasparencia dado que la envergadura, volumen de inversión y repercusión social y económica que puede tener Motorland así lo requiere. No aceptaré nunca la callada por respuesta ni las acusaciones de “antitodo” que se me hacen cuando pido algo que es la base de la democracia, que es algo a lo que tengo derecho como diputado y representante de la ciudadanía.

Pido información de todos los proyectos que, como el de Motorland, son de iniciativa pública y se promueven con el dinero público. Lo seguiré haciendo aunque se moleste el Señorito.

¿Quien echará chispas?

¿quien echará chispas?

Siempre respeto y acato las decisiones del poder judicial porque creo en el sistema democrático y en la separación de poderes. Lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo a pesar de que el bipartidimo feroz que vive la democracia española haga, en muchas ocasiones, un flaco favor a este elemento esencial de un estado democrático.

Ahora bien, acatar y respetar, no significa compartir. Hay casos en los que obliga a opinar y lo que está ocurriendo con el juez Garzón es uno de ellos. Nunca ha sido Garzón un juez por el que yo haya sentido especial admiración y en muchas ocasiones he manifestado mi desacuerdo con su afición a las cámaras y medios de comunicación así como su, en ocasiones, oportunismo político.

Pero claro, lo que sucede ahora, es que va a acabar en el banquillo acusado por la ultraderecha que, incluso, ve reforzada su acusación por personajes implicados en las últimas tramas de corrupción que están en los tribunales.

En estos momentos parece que la Falange Española, responsable de la casi totalidad de los crimenes del franquismo, y sus aliados, van a conseguir que acabe acusado el juez que intentó abrir una causa para investigar la represión franquista.

Creo, y por eso este escrito, que ha llegado el momento de responder de una forma democrática y absolutamente respetuosa con la independencia judicial a esa campaña contra el juez Garzón iniciada por sectores de la extrema derecha y la derecha de nuestro país. Estamos ante un hecho inadmisible en democracia que busca minar la independencia judicial y pretende enviar un mensaje a toda la sociedad de que existen límites no escritos para la acción de la justicia y la democracia.

Es indignante que en lugar de animar al esclarecimiento de los delitos cometidos durante la dictadura franquista contra muchos ciudadanos y dar respuesta a las legítimas exigencias de sus familiares y de las asociaciones de la Memoria Histórica para contribuir a solucionar desde el ámbito judicial el problema de los juicios ilegales y de las fosas comunes, tal y como marca la ley, se persiga a aquellos que intentan contribuir a hacer justicia. No es de recibo que una vez más se ampare a quienes siempre han apoyado esos crímenes y se deje de lado a las víctimas, a sus familiares y a las asociaciones que les representan.

En medio de este proceso Correa, un imputado en el caso Gurtel se suma a este acoso querellándose contra Garzón. Es una clara actuación emprendida contra el magistrado de la Audiencia Nacional para apartarle de la carrera judicial que, asi lo parece, busca anular las actuaciones llevadas a cabo por Garzón en el marco de sus competencias como instructor.

Este es el otro objetivo claro del acoso contra Garzón. Se pretende cortar de raíz cualquier acción judicial que intente esclarecer tramas de corrupción como el ‘caso Gürtel’, cuya investigación inició este magistrado antes de que pasara a otras instancias judiciales.

El ataque a la actuación de este juez tiene, también, como finalidad anular una parte sustancial del procedimiento llevado a cabo, lo que limitaría la posibilidad de investigación presente y futura. De continuarse por este camino, además del reflejo que tendría en otros casos, se pondría en peligro la investigación del ‘caso Gürtel’ y, una vez más, se abriría el camino para la impunidad de sus presuntos responsables”.

Por todo ello creo que es necesario actuar para mostrar la solidaridad y apoyo al juez Baltasar Garzón, ante la campaña de acoso y derribo a la que está siendo sometido.

Hay que exigir al Consejo General del Poder Judicial que actúe con absoluta imparcialidad en el presente asunto sin proceder a tomar decisiones de suspensión de las funciones del juez Baltasar Garzón en tanto en cuanto no se produzcan resoluciones judiciales en relación con los hechos que se le imputan.

También, ya que no les dejan, hay que reclamar que las víctimas del franquismo que instaron el inicio del procedimiento judicial abierto por los crímenes del franquismo puedan ser parte en el procedimiento judicial contra el juez Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo.

Y, finalmente, hay que garantizar que los procedimientos por corrupción investigados hasta el momento por el juez Garzón continúen y amplíen el ámbito de investigación con objeto de esclarecer las responsabilidades penales a que hubiera lugar.

Tumbas republicanas ya exhumadas

Tumbas republicanas ya exhumadas


PSOE, PP y los nacionalistas rechazan la reforma electoral de fondo que sugirió el Consejo de Estado y apoyaba IU.

Llamazares dice que se ha blindado el bipartidismo marginando a una tercera fuerza estatal y no descarta abandonar la subcomisión

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) –
El PSOE, el PP y los partidos nacionalistas aunaron hoy fuerzas en la subcomisión del Congreso encargada de proponer cambios en la Ley Electoral de 1985 para rechazar los cambios de fondo en el sistema vigente que sugirió el Consejo de Estado y que defendían tanto Izquierda Unida como Unión, Progreso y Democracia (UPyD).
Durante el encuentro que el órgano que preside Alfonso Guerra mantuvo esta tarde en la Cámara Baja, los partidos mayoritarios y las fuerzas nacionalistas acordaron por mayoría no atender las propuestas del órgano consultivo que apostaba por aumentar el número de diputados del Congreso, adelgazar las circunscripciones menos pobladas y prescindir de la Ley D’Hont por la que se reparten matemáticamente los escaños.
Esas reformas que apunta el Consejo de Estado coinciden con las demandas de IU, que estuvo representada en la reunión por Gaspar Llamazares, y de UPyD, cuya diputada, Rosa Díez, no acudió al encuentro de esta tarde. Ambas formaciones se consideran perjudicadas por el vigente sistema electoral por su condición de fuerzas minoritarias de ámbito estatal.
En el informe que le encargó el Gobierno, el Consejo de Estado reconocía que el actual sistema electoral perjudica a ese tipo de formaciones y, en aras a la mejora de la proporcionalidad, del principio de igualdad y del propio régimen democrático, proponía aumentar hasta 400 el número de diputados, acogiéndose a la previsión contemplada en la Constitución de 1978, disminuir de dos a uno la representación mínima inicial de cada circunscripción provincial, lo que restaría peso a las provincias menos pobladas, y buscar una fórmula electoral más proporcional que la actual ley D’Hont.
Esos cambios de calado no cuentan, en cambio, con el beneplácito de los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP, que copan los escaños en liza en buena parte de las provincias con menor censo, ni tampoco cuenta con el visto bueno de los partidos nacionalistas, que son mayoritarios en sus respectivas comunidades.

SIN CONSENSO NO HAY CAMBIOS

Tras constatar que las recomendaciones del órgano consultivo no cuentan con el nivel de consenso suficiente que requiere una reforma como la de la Ley Electoral, que afecta a las reglas del juego democrático, la subcomisión optó por descartarlas.
El debate de esas propuestas ya se esbozó en el Pleno del Congreso hace unas semanas, cuando se reclamó un proyecto de ley de reforma electoral en línea con lo apuntado por el Consejo de Estado. Esta iniciativa sólo fue apoyada por IU y  UPyD pero fue rechazada por el resto de grupos parlamentarios.
La negativa de los grupos mayoritarios y los nacionalistas a modificar el sistema electoral llevó al diputado de IU, Gaspar Llamazares, a comparecer en rueda de prensa para denunciar que se haya dado “portazo” a una reforma de fondo blindando el bipartidismo y marginando a una tercera fuerza política estatal.
“Han dicho no al aumento de diputados alegando ahora razones de austeridad, han rechazado reducir el mínimo por provincia,  considerando que algunas circunscripciones quedarían desguarnecidas, han rechazado la creación de un fondo de restos, y han desechado cambiar la fórmula D’Hont al considerar que no es bueno cambiar y porque podrían perder influencia”, resumió.
Así las cosas, insistió en que se ha optado por mantener “la ley del embudo” –“el ancho para ellos y estrecho para una tercera fuerza de ámbito estatal”, dijo– y por limitar el pluralismo en el ámbito territorial.
Es una sistema a la carta para PSOE y PP y aceite de ricino para una tercera fuerza estatal”, apostilló, tras constatar que, después de “dos años mareando la perdiz”, la subcomisión se vaya a limitar a acordar “medidas cosméticas”.
Con este panorama, Llamazares se planteará si continúa “con esta comedia” o si abandona la subcomisión para no asistir a “debates de besugos” como calificó, por ejemplo, el relativo a la creación de la figura del diputado suplente, sobre cuya conveniencia dijo tener “bastantes dudas”.

Muchos y muchas tendréis la sensación de que ya estamos otra vez en campaña electoral. Los dos grandes partidos van de mitin en mitin especialmente empeñados en que parezca que sólo puede gobernar uno de los dos. Aquí, en Aragón, sabemos que casi todos los partidos están ya en proceso de elegir sus listas y candidaturas. Nosostro, los de I.U., estamos más centrados en proponer medidas para dar salida a la crisis pero, como es natural, sabemos que también tendremos que preparanos para las elecciones de Mayo del año 2011.

No tenemos, todavía, programa concretado, ni candidatos o candidatas que presentar, pero sí que tenemos muy claro que hay gente que no votará a Izquierda Unida. También tenemos muy claro que, esta vez, mucha gente que votó PSOE para que viniera la derecha volverá sus ojos hacia I.U..

Por ello, para ayudar, daré las razones para no votar a Izquierda Unida. Seguramente os sorprenderá mucho ver que escribo sobre las razones para no votarnos. Lo habitual es tratar de convencer y argumentar para pelear hasta el último de los votos. No lo es tanto dedicar espacio, y tiempo, a lo contrario. Recordad nuestro lema pasado, “con I.U. Es posible”. Por eso es posible escribir también para quienes no puedan votarnos.

Empiezo por decir, a quienes crean que bajar impuestos es de izquierdas, que no nos voten. Si opinan que el estado del bienestar y los servicios públicos se garantizan sin recaudar fondos mediante impuestos directos, si creen innecesario mantener una política fiscal progresiva que obligue a pagar más a quien más tiene y posibilite que quienes no tienen nada reciban lo que una democracia moderna debe garantizar a cada ciudadano o ciudadana, no opten por I.U.

No deben votarnos, tampoco, quienes no estén dispuestos a considerar el derecho a una vivienda digna como un derecho subjetivo de cada persona que pueda ser reclamado ante la justicia. Tampoco deben votarnos quienes vean normal especular con viviendas vacías y solares esperando revalorizaciones millonarias, ni deben votarnos quienes no crean que hay que hacer un parque público de vivienda de alquiler a precios sociales y, mucho menos deben votarnos quienes no estén dispuestos a acabar con la especulación de la Iglesia (caso del Seminario), de Defensa (venta de cuarteles) y del propio Gobierno de Aragón (Aramón y Suelo y Vivienda).

Si piensan que la OTAN es una ONG humanitaria, se equivocan si nos votan. No deben votarnos quienes no crean en el internacionalismo solidario, ni pueden votarnos quienes no defiendan el diálogo como método democrático de resolución de conflictos. No puede votarnos quien crea que decir, como hace veinte años, OTAN NO, BASES FUERA, está pasado de moda

No deben votarnos si están convencidos de que los y las inmigrantes vienen aquí para ser semiesclavos, “quitarnos” el empleo y aprovecharse de nuestra sanidad pública. Ni deben hacerlo quienes no quieran un Aragón mestizo, integrador, acogedor, intercultural y solidario.

No nos voten, tampoco, si consideran que la sanidad, los servicios sociales, la atención a la dependencia y cualquier otro servicio básico, se prestan mejor con empresas interpuestas o concertando con la Iglesia, asociaciones, fundaciones o empresas privadas. Mucho menos deben hacerlo si dudan de que la enseñanza debe ser laica, universal, pública, de calidad y gratuita.

No nos voten si están en cualquiera de esas circunstancias. El voto es un derecho ciudadano que debe ser ejercido con rigor y reflexión y debe darse a quienes mejor vayan a defender los intereses de quien vota. Les aseguro que Izquierda Unida no va a defender los suyos si son coincidentes con los supuestos que les he enunciado.

Como ven soy muy consciente de la parte del censo que no va votarnos. Pero, al mismo tiempo, se que queda gente suficiente para que Izquierda Unida, la izquierda con la que es posible hacer las cosas de otra manera, siga trabajando en los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel y consolide su representación en Las Cortes de Aragón. Así que no se me despiste nadie porque, de momento, somos menos.


Ni siquiera sé como se atreve la organización de los empresarios y empresarias de este país a pretender instaurar la esclavitud del Siglo XXI para los y las jóvenes de hasta 30 años.

Lanzan la idea de, para evitar que los y las jóvenes estén sin nada que hacer, un contrato de entre 6 y 12 meses, a salario mínimo (ni 700 €), sin cotizaciones sociales (así no paga nada el empresario) y sin derecho a paro cuando lo despidan gratuitamente.

Vaya clase empresarial que tenemos. Es insaciable. Encuentran en la crisis la justificación perfecta para despedir gente, para pedir más apoyos y subvenciones, para pedir más recortes laborales y ponen la guinda queriendo que les legalicen los contratos basura que proponen en su última ocurrencia.

Bueno, una más que va en misma dirección. La crisis no la están pagando quienes la han causado. Se sabe que, con la crisis, las rentas salariales han caído tres veces más que las rentas empresariales. Los trabajadores y trabajadoras, además, sufren el paro, el embargo de sus hipotecas, y, para colmo, les quieren tocar las pensiones.

De esta crisis sólo puede haber una salida para quienes la están pagando. Esa salida no la encuentra Zapatero, no la tiene la derecha política ni económica de este país. Hasta ahora sólo la izquierda ha puesto encima de la mesa alternativas sociales. Os invito a conocerlas y,si os convencen, a apoyarlas

Ahora nos sale Rodríguez Zapatero diciendo que los jubilados y jubiladas viven mucho y que, por eso, y por la sostenibilidad del sistema, hay que jubilarse más tarde.

Sobre el primer argumento no diré nada más que me parece mezquino y tremendamente estúpido.

Sobre lo de jubilarse a los 67 por la sostenibilidad si que me detendré un poquito más. Lo primero que tengo quie decir es que el sistema público de pensiones no está en crisis ni corre ningún peligro. Lo que hay detrás de este debate sobre el futuro de las pensiones, ligado a supuestos problemas de sostenibilidad de futuro, es favorecer los planes privados de pensiones.

La propuesta que más se ha dado a conocer : la jubilación a los 67 años es una propuesta injusta, innecesaria e insolidaria.

Es injusta porque, si no lo paramos, recaerá de nuevo sobre los trabajadores y trabajadoras otra medida más que asocian a la crisis. Crisis que no hemos causado quienes dependemos de una nómina.

Es innecesaria, puesto que en 2009 (habiendo ya crisis) el fondo público de la Seguridad Social ha tenido un superavit de 8.000 millones € y ya cuenta con un fondo de reserva de 60.000 millones más.

Es insolidaria con la juventud y las personas desempleadas, pues se está destruyendo empleo y el paro aumenta. En tiempos de crisis las medidas no pasan por alargar la vida laboral sino por crear empleo y repartir el existente. ¿Os acordáis de nuestra permanente reivindicación de las 35 horas de jornada?. Reduciendo la jornada y manteniendo el salario podemos trabajar todo y todas.

El problema no son las pensiones. El problema es como modioficamos la política económica y laboral para crear empleos estables que cotizan y generan derecho a la pensión futura.

Creo que es tendenciosa la afirmación de que peligra el sistema público de pensiones. Es cierto que la población está envejeciendo pero tambiñen lo es que los avances técnicos permiten incrementar la productividad, por consiguiente es perfectamente posible utilizar ese incremento para reducir la jornada, permitir la jubilación a los 65 años y repartir con más equidad la riqueza.

Yo creo que el sistema público de pensiones que, insisto, no corre ningún peligro puede fortalecerse creando empleo, elevando el Salario Mínimo para que aumente la base de cotización y dejando de rebajar cotizaciones sociales a las empresas. También habría que obligar a cotizar por la totalidad del salario recibido porque no es de recibo que salarios de 56.000 € mensuales (los de los altos ejecutivos, Botines y similares) solo coticen por la máxima que no llega a los 4.000 €.

Además es necesaria una profunda reforma fiscal proigresiva para que paguen más quienes más tienen y para acabar con el fraude fiscal. En estos momentos 1 de cada 4 € no paga impuestos.

Muy claro lo tengo: a la calle contra el pensionazo

 

Ni se está reconstruyendo el país. Ni se ha llevado la democracia a Afganistán. Ni se ha conseguido que las mujeres afganas tengan uno sólo de los derechos que la comunidad internacional reconoce a las personas. La ocupación sólo trae más muertos, tanto entre la población afgana como entre las tropas ocupantes.

Los mismos motivos que existían para retirar las tropas de Irak en 2004 se aplican al caso afgano hoy. Pero lejos de retirarse de Afganistán, el gobierno español participa cada vez más en la ocupación. Enviar más soldados más y asumir el mando del aeropuerto de Kabul son sólo los ejemplos más recientes de esta deriva “guerrera” de Zapatero y su Gobierno.

Chacón y Zapatero especialmente, intentan en todo momento y contra toda evidencia, presentar al ejército español como a una ONG, y disfrazar la ocupación de misión humanitaria. A pesar de todo, la mayoría de la opinión pública en el Estado español sigue oponiéndose a la actual presencia militar en Afganistán. Sólo el 3% de la población (y sólo el 1% de las mujeres) apoya la política del gobierno de enviar más tropas. Un 41% defiende la retirada (subiendo a un 47% entre las mujeres), y otro 19% favorece una reducción del contingente.

Pido la atención sobre esta guerra sin olvidarme de los otros problemas actuales y urgentes de un mundo afligido por las crisis económica y ecológica. Estas crisis están íntimamente relacionadas con la guerra en Oriente Medio. Los enormes gastos militares -nunca justificables- ahora además restan recursos a fines sociales, como la protección de los parados y paradas, inversión productiva pública, mantenimiento y mejora de los servicios públicos o el apoyo a las personas sin trabajo y a sus familias.

En una situación de grave crisis económica e intolerables niveles de desempleo como la actual, cuando el propio presidente Rodríguez Zapatero ha augurado más paro en 2010 pese a que pueda mejorar el crecimiento, yo creo que los recursos del Estado no deberían gastarse en aventuras militares que resultan costosas en vidas, pero también en bienes materiales.

Pienso, como mucha otra gente, que las prioridades políticas y económicas, deben centrarse en la creación de puestos de trabajo y en la búsqueda de respuestas reales a la crisis. Considero que los cerca de 365 millones de euros anuales, pagados con nuestros impuestos, que cuesta a las arcas públicas la contribución militar española a la ocupación de Afganistán podían dedicarse a un Plan de Empleo Municipal, con el que se podrían crear 60.000 puestos de trabajo, incluyendo contratos de seis meses para los parados y paradas que hayan agotado la prestación.

También podríamos, en vez de invertir en una ocupación militar, crear 40 Centros de Salud bien dotados (que podrían atender a más de un millón de personas); o podríamos, también, crear 9.125 escuelas infantiles, que tendrían capacidad para atender a cerca de 182.000 niños y niñas de 0 a 3 años, con una dotación de 2.000 euros por niño/a y año, además de contribuir a crear unos 40.000 puestos de trabajo en el sector.

Hay que decir ¡¡No a la Guerra¡¡ y apostar por una política internacional de cooperación bien dotada presupuestariamente, pero sobre las bases de la ayuda humanitaria y de la cooperación al desarrollo y la paz, no en la participación de una guerra de ocupación que dura ya más de siete años y que no ha dado ningún resultado positivo para el pueblo afgano, además de carecer de estrategia alguna para dar una salida a la situación.

Si me apuran también puedo decir que hay que salir de Afganistán para cumplir con lo establecido en el artículo 8 de la Constitución, que señala que la misión de las Fuerzas Armadas es garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y ordenamiento constitucional en vez de estar dedicando su esfuerzo militar a intereses geoestratégicos y económicos de Estados Unidos.

 

 

 Izquierda Unida ahora también está en contra de unos juegos olímpicos en el Pirineo. Lo hemos dicho en todas y cada una de las ocasiones, y ya van unas cuantas, en las que se ha lanzado la candidatura de Jaca, igual opinamos con la candidatura de Zaragoza que iba junto a Huesca y Jaca y pretendía sumar al Principado de Andorra y no hemos cambiado de posición.

 

No queremos para los Pirineos, ni para ninguna otra zona, la agresión medioambiental que supone una cita olímpica para deportes de invierno. No hay más que darse una vuelta por los lugares que han sido “sedes” de grandes eventos para ver la rentabilidad social que tienen para la ciudadanía las astronómicas inversiones necesarias para la práctica de deportes claramente elitistas como son los relacionados con la nieve.

Los palacios de hielo, las pistas de bobsleigh, los trampolines para los saltos, … no sirven nada más que para los juegos. Requieren miles de millones para su construcción y equipamiento, son grandes consumidores de energía para producir el hielo y nieve necesario y tienen unos elevados costes de mantenimiento.

Ciertamente que estos eventos generan actividad económica y sustanciosos beneficios. Pero estas cosas, tenemos el último ejemplo en Zaragoza con la Expo, sirven para que se especule con el suelo, y hagan negocio las grandes constructoras y las entidades financieras. El problema es que, como ha pasado aquí con la Expo, esos miles y miles de millones los pagamos todos y todas porque no es dinero privado el que se invierte. Es dinero público el que paga la factura.

Pensamos que es profundamente perverso el sistema. Los beneficios y ganancias van, como siempre, a quienes producen empleo temporal, mal pagado, utilizan la subcontratación y cuando acaba el evento desaparecen con sus cuentas de resultados bien saneadas y en condiciones de repartir dividendos a sus accionistas. Quedan las deudas y desfases millonarios, edificios carísimos, vacíos y un coste añadido de mantenimiento o de reconstrucción para que sirvan para algo. No hay más que ver lo sucedido con la Torre del Agua, el Pabellón Puente, la escultura del Splash, el Palacio de Congresos, el Pabellón de España y todo lo que tenemos en Ranillas sin saber cuanto más nos va a costar al final. Al margen de las posibles olimpiadas tenemos, hoy en día, otros ejemplos: Motorland ya va por 70 millones y el aeropuerto de Caudé es otro pozo sin fondo.

Mientras ésto sucede el paro no deja de subir, los parados y paradas agotan su prestación sin esperanza de un empleo, las cifras de embargos por ejecución de hipotecas se multiplican por cuatro, los comedores sociales triplican el número de usuarios y ya son un 21 % las familias aragonesas que sufren la exclusión social porque ninguno de sus miembros trabaja.

Supongo que pasa exactamente igual en Barcelona y en Cataluña porque la crisis, la del año 2010, es la misma en todas partes y eso es un elemento añadido más para que, ahora, además de decir como siempre ¡¡No a unos juegos de invierno en el Pirineo¡¡, digamos que es una inaceptable frivolidad que las instituciones y administraciones públicas aragonesas y catalanas, con la complicidad del Gobierno central, se enzarzen en una absurda competición para ver quien tiene una posibilidad (que no garantía) de aspirar a que el Organismo internacional de turno se fije en su propuesta. Una propuesta que es para 2022.

La ciudadanía, especialmente la más afectada por la crisis, necesita ya, y no dentro de 12 años, programas de empleo, programas sociales e inversión productiva generadora de empleo digno y con derechos. A eso deberían dedicarse con rigor, seriedad y energía quienes tienen las responsabilidades de gobierno y no a utilizar de manera oportunista, torpe y partidaria la posibilidad de aspirar a organizar un evento deportivo dentro de 12 años.

Los amigos y amigas de Rebelión nos han hecho llegar este dato que considero bueno ayudar a difundir

El diario El País del 15 de enero, en la página 3 de su edición de papel adjuntaba a su crónica sobre el terremoto de Haití un cuadro titulado “Ayuda financiera y equipos de asistencia” donde se detallaba la ayuda de 23 países más la ONU. En él se observa que el país que más personal sanitario tiene en Haití es Perú con 250 personas, seguido de Francia con 85.

Observamos que El País no incluye a Cuba entre los países que están ayudando a Haití. Por eso es bueno contar que los primeros en ofrecer asistencia sanitaria fueron “los 344 médicos y paramédicos cubanos que desde hace doce años colaboran en la paupérrima isla caribeña”. El Gobierno cubano “envió otros 30 especialistas con material de emergencia tras el terremoto. (…) En Puerto Príncipe, se encontraban 152 facultativos en el momento del terremoto. Su primera reacción fue levantar dos hospitales de campaña en su residencia porque el edificio donde trabajaban se derrumbó”.

Los datos los ofreció el corresponsal del grupo Vocento M. L. de Guereño, y se publicaron también el 15 de enero en periódicos regionales españoles como El Diario Montañés.