El suministro eléctrico en nuestro país ha dado el paso definitivo hacia “el libre mercado”. Uno, que es de izquierdas, siempre ha pensado que el sector energético debe ser considerado estratégico y, por consiguiente, debe estar controlado por los poderes públicos y no ser un “objeto más de mercado”. El sector energético es fundamental para el desarrollo económico y, además, imprescindible para el estado del bienestar  de las sociedades democráticas.

Los servicios públicos (alumbrado, hospitales, centros educativos, residencias, centros de día, emergencias,…..) no pueden prestarse sin garantía de suministro energético. Por eso la izquierda viene reclamando, desde que este país es democrático, que el suministro energético a las administraciones públicas, además de estar garantizado, sea considerado un servicio esencial para la ciudadanía y, por consiguiente, merecedor de una tarifa social que esté protegida de los afanes de negocio de las compañías eléctricas.

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Igualmente he pensado siempre que las tarifas de los servicios esenciales (luz, agua, transporte público,….) debían ser claramente progresivas y discriminar positivamente a quienes menos nivel de renta y patrimonio tenían.

Lo cierto es que el Gobierno Zapatero, que ya subió en Enero un 5,5 el recibo de la luz, ha decretado que, desde el 1 de Julio, el mercado eléctrico esté liberalizado en este país. Ello supone, de entrada, que el consumo doméstico (el de nuestra casa que no llega a los 10 KW contratados) sea gravado con un 2 % adicional al 5,5 % de Enero. Me llamarán exagerado porque eso supone aproximadamente que nuestro recibo sufrirá un  aumento de 0,70 € de media. Cierto. Pero multipliquen ese 0,70 € por mes y por los 28,5 millones de hogares afectados y vean la cantidad que suma y al bolsillo de quien va.

Es verdad que la “liberalización” propuesta por Zapatero y los suyos tiene un “bono social” que hace que los más desfavorecidos vean “congelado”, que no reducido, su recibo y sólo hasta 2012.

Pero también es verdad que la factura sufre un incremento del 17,5 % (si la potencia contratada es hasta 15 KW) o del 20% (si es mayor de 15 KW). Este es el caso de las pequeñas, medianas y grandes empresas y el de los autónomos o sociedades laborales y cooperativas. Es evidente que en tiempos de crisis aguda como la que vivimos esta medida va a agravar las dificultades y repercutirá sobre el empleo. Eso sí las empresas eléctricas lo saludarán efusivamente.

Ocurre también, que la factura de los Ayuntamientos, Hospitales, Universidades, Centros Deportivos, Residencias,…. sufre igualmente el incremento del 17,5 o 20 % citado porque también tienen contratada potencia superior a los 10 KW. Mientras las empresas del sector se frotan las manos las administraciones públicas y, en definitiva, los servicios públicos que debe recibir la ciudadanía, pagan la “liberalización”. Realmente la pagamos todos y todas.

Es especialmente sangrante el tema en el caso de los Ayuntamientos y de aquellas instituciones que deben cumplir la normativa de contratación pública. En estos momentos ningún Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento establecido para poder adecuarse a la “liberalización”, no ha seleccionado una comercializadora (ni las conoce), ni ha redactado el pliego para la contratación, ni convocado concurso para la adjudicación del contrato, trámites todos ellos obligatorios. Pues bien, la norma “liberalizadora” penaliza con un 5 % más por cada mes que se tarde en tomar la decisión de sumarse al “libre mercado”.

Como puede verse la “liberalización” supone un evidente negocio para las eléctricas que se ha disfrazado con las supuestas ventajas del libre mercado ya que, nos dicen, que desde ahora podemos “negociar” con las empresas comercializadoras de la electricidad nuestra tarifa.

¿Han recibido Vds la información suficiente?, ¿conocen las tarifas de las diferentes empresas?, ¿saben, siquiera, qué empresas son?, ¿si la electricidad proviene de nucleares o de renovables?. No, pero desde el día 1 de Julio, su suministro eléctrico está “liberalizado”, la empresa que se lo cobre no la habrán elegido Vds. y la tarifa que les apliquen, más cara evidentemente, la habrá decidido por decreto Zapatero.

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