Ayer, por sorpresa, el Gobierno de Aragón, el que preside la Sra. Rudi, presenta su Ley de Autoridad del Profesorado.

Lo que necesita la educación pública, en vez de una figura legal que declara al profesorado como autoridad pública, es más medios, más inversión y menos recortes.
¿Alguien se ha parado a pensar en las graves, e indeseables, consecuencias, que puede acarrear al profesorado y a la comunidad educativa esta decisión?. Se puede judicializar la acción y la relación entre el profesorado y el alumnado. Desde el respeto al profesionalismo opino que, decretar la presunción de veracidad del profesor o profesora, puede llevarles a consecuencias serias y, al mismo tiempo, puede dejar al alumnado en situaciones de indefensión ante decisiones arbitrarias o tomadas desde el principio jerárquico.
Tengo, además, serias dudas de que Aragón tenga competencia para considerar autoridad pública al profesorado de la enseñanza privada concertada con lo que se incurriría en un claro, y grave, caso de inseguridad jurídica que afectaría a un servicio esencial como es el educativo.
Soy mucho más partidario de que se reconozca la figura de los profesores y profesoras como un factor de calidad educativa, y no entiendo las prisas del Gobierno PP-PAR por seguir los pasos de Esperanza Aguirre para convertir al profesorado en “autoridad pública” mientras se olvida de dotar de más medios a los centros, mientras congela plantillas, mientras llena los colegios públicos de barracones y recorta el gasto educativo.
Recuerdo, incluso, que la Fiscalía General del Estado ya remitió una circular donde se plasma la autoridad pública de los docentes siempre que estos sufran una agresión en el ejercicio de sus funciones. Me parece innecesaria esta medida y un nuevo gesto para la galería que oculta los verdaderos problemas de la educación pública que está siendo víctima de las políticas de ajuste y recortes
Siempre he pensado que el mayor reconocimiento de los docentes desde las instituciones no ha pasado ni ahora ni nunca por ofrecer una nueva figura legal, sino por prestar más apoyo a los profesores y profesoras, por dotar a los centros de más recursos educativos para prevenir los posibles problemas de convivencia antes de que se produzca un conflicto y por fomentar la formación en valores democráticos. 
Si se pretende mejorar la convivencia en los centros escolares, habría que empezar por crear las condiciones adecuadas, tales como la dotación de equipos de mediadores, con personas cualificadas, o promover la participación de las ampas y las familias en los consejos escolares, evitar la masificación de las aulas, potenciar los programas de atención a la diversidad,…