Hoy hemos denunciado la desproporcionada actuación policial ante una protesta ciudadana que, de manera pacífica y sin violencia, se manifestó en la calle. Hemos denunciado el inicio de un expediente sancionador, por parte de la Delegación del Gobierno, a 51 personas que participaban el pasado martes en un escrache en la calle donde vive el diputado nacional del PP Eloy Suárez.

Me parece inadmisible la criminalización que pretende hacerse de las protestas ciudadanas. Me parece muy burda la campaña puesta en marcha por la derecha para justificar un “cordón de seguridad” que impida el ejercicio del derecho democrático de la manifestación en una calle pública.

Por mucho que se hable de la inviolabilidad del domicilio, derecho constitucional que defiendo, los escraches se realizan en la calle que, mientras no se diga lo contrario, “sigue siendo espacio público”.
Por eso me parece un exceso policial identificar indiscriminadamente a la ciudadanía, incoar expediente sancionador y remitir el atestado a la fiscalía.

Es lo que ya pasó cuando la Plataforma Stop Desahucios hizo una protesta en la CAI que fue finalmente retirada y sobreseída. Esto mismo es lo que se hizo ayer con el expediente de identificación realizado a 51 personas que se manifestaron para reclamar apoyo a la ILP sobre dación en pago que se tramita en el Congreso.

Creo que es un exceso legal que sea la policía, con instrucciones de la Delegación del Gobierno correspondiente, quien limite el derecho de concentración y manifestación estableciendo, de manera arbitraria, “espacios de seguridad”.
Esa capacidad de limitar un derecho democrático recogido en la Constitución, “solo puede tenerla el poder judicial y no el ejecutivo con la utilización de la policía.

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¡¡Seguiremos viéndonos en las calles¡¡

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