El PP se ha empeñado y ha sacado adelante “su” nuevo código penal. Con esto el PP hace un populismo oportunista, culmina una chapuza y abre la puerta a la inseguridad jurídica tal y como advierten las organizaciones de los profesionales de la justicia y la abogacía. El PP hace “populismo penal” con esa fórmula de “cadena perpetua indeterminada”. 

Es un nuevo código penal que, como señaló LLamazares en el Congreso,  busca “imponer la austeridad y las políticas antisociales para el resto de la legislatura”, porque “muerto el consenso social, es necesaria la autoridad”.  Es un texto electoral, una reforma autoritaria y un auténtico despropósito que, en materia de derechos y libertades nos retrocede a la España del Nodo.

Ya puede darse por seguro que este Código Penal del PP se acabará en cuanto Rajoy y los suyos dejen de gobernar.  Los cambios impuestos con su mayoría absoluta no están para quedarse, ni su prisión permanente revisable, ni sus medidas de criminalización de la protesta, ni tampoco sus prejuicios con respecto a la pobreza. Esta es la reforma oportunista y populista de un partido que tiene los meses contados hasta las próximas elecciones generales.

El eufemismo de la ‘prisión permanente revisable’ es, en realidad, una cadena perpetua indeterminada, pura y dura. Mientras deja sin castigo la corrupción que es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía.

Antes de la reforma, nuestro código penal ya es el  más duro de la Unión Europea y la condena más larga por terrorismo, con penas de prisión de hasta 40 años.  Ahora, esta decisión, demuestra claramente que el PP no cree en la reinserción y, por eso, vuelve hacia la cadena perpetua  que, además de ser inhumana,  es anticonstitucional.

Evidentemente era, y es, necesaria una modificación del código penal, pero para condenar y penalizar más la corrupción. No puede ser, por ejemplo, que gente como Bárcenas ya esté en la calle y que lleve más de 20 meses sin ser juzgado, o que el caso de La Muela (aquí en Aragón) lleve más de cinco años por los juzgados. Pero de estas cosas no se ha preocupado el PP al imponer su reforma.

Lo que hemos visto es que se endurece lo relacionado con el terrorismo, se endurece la pena por la pequeña criminalidad y delincuencia y los delitos de la corrupción ni se tocan cuando es lo que, de verdad, hay que endurecer. Vuelve a haber dos varas de medir distinta. Una dura y cruel para el delito menor y otras para los de guante blanco.

El colmo, y uno de los mayores riesgos para las libertades, es que, a partir de ahora, la declaración del “estado de alerta” es una decisión del Gobierno y no del Parlamento.

La pena, lo preocupante, es que cosas tan graves como esta, pasan desapercibidas para la gente.

 

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