Estos días vivimos, una vez más, la polémica sobre si la enseñanza debe ser pública o concertada. Yo, es conocido, me posiciono abiertamente a favor de la enseñanza pública, laica, universal, gratuita y de calidad.

Se cargan las tintas en el número de unidades que, dada la realidad demográfica, hay que cerrar en la enseñanza concertada. Ya me habría gustado a mí el mismo intenso debate cuando se cierran unidades en el sistema público.

El argumento más oído, el que más utilizan quienes defienden la privada concertada, es aquel de la libertad de las familias de elegir la enseñanza que quieren para sus hijos e hijas.

No seré yo quien niegue esa libertad, claro que quien quiera puede llevar a sus hijos e hijas al colegio privado que consideren. El problema no es el “quien quiera”, sino “quien pueda”. Porque, en este mundo capitalista que vivimos, la educación es, además de fuente de negocio, fuente de segregación y clasificación elitista. Por eso los colegios e institutos privados, tanto si son confesionales, como si no, son caros. Así el “derecho a elegir” solamente puede darse si el dinero público, el de todos y todas, lo asegura.

Solamente la educación pública es, de verdad, la que garantiza la igualdad de oportunidades, más allá de la posición social que se tenga, independientemente del lugar donde se viva (pocos centros privados hay en el medio rural) y la única que no es objeto de mercado y, por consiguiente, no está para dar rentabilidad económica.

Conviene mirar un poquito la historia para tener algunos datos. En este país llamado España, la educación, hasta bien entrado el S XIX, no ha sido razón de estado. La educación ha sido elemento de segregación clasista y, lamentablemente, hoy todavía lo es.

La primera Ley que establece un mínimo sistema de enseñanza en España es la Ley de Instrucción Pública, de Septiembre de 1857, conocida como “Ley Moyano”. Esa Ley, rubricada por Isabel II, pretendía dar respuesta al escandaloso nivel de analfabetismo que había en nuestro país en aquellos años, permitía que la enseñanza pudiera darse en centros públicos (apenas había) y en centros privados con la correspondiente subvención. La “Ley Moyano” reconocía a la iglesia el derecho a “vigilar la pureza ideológica de los estudios” lo que, de facto, suponía la legitimación del intervencionismo eclesiástico y aseguraba, por la vía de la financiación, el importante peso de la enseñanza religiosa en el sistema educativo.

Lo penoso, y patético, es que salvo el intento hecho por la II República en los cinco años que existió (1931-1936) la Ley Moyano ha sobrevivido más de un siglo.

En 1970, con el régimen franquista, se promulga la Ley General de Educación (Villar Palasí) que fue la primera vez, desde la Ley Moyano, que se refuerza y unifica el sistema educativo. Se establece la obligatoriedad de la enseñanza entre los 6 y los 14 años. La Ley Villar Palasí mantiene la presencia de la enseñanza privada subvencionada en el sistema.

El propio preámbulo de la Ley Villar Palasí señala: “El marco legal que ha regido nuestro sistema educativo en su conjunto respondía al esquema ya centenario de la Ley Moyano. Los fines educativos se concebían de manera muy distinta en aquella época y reflejaban un estilo clasista opuesto a la aspiración, hoy generalizada de democratizar la enseñanza. Se trataba de atender a las necesidades de una sociedad diferente de la actual: una España de 15.000.000 de habitantes con el 75 por 100 de analfabetos, 2.500.00 de jornaleros del campo y 260.000 “pobres de solemnidad”, con una estructura socioeconómica preindustrial en la que apenas apuntaban algunos intentos aislados de industrialización. Era un sistema educativo para una sociedad estática, con una Universidad cuya estructura y organización respondía a modelos de allende las fronteras.”

Ese sistema educativo elitista y segregador llevaba operando más de 100 años y el franquismo no lo resolvió. Lo que sí hizo el franquismo fue “agradecer” el apoyo de la Iglesia en su cruzada favoreciendo el auge y desarrollo de la enseñanza religiosa subvencionada.

En 1985, gobernando Felipe González, la Ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE) consagró los conciertos. Los centros religiosos y privados mantenidos con dinero público pasaron a formar parte del sistema educativo y pasaron a llamarse “colegios concertados”.

El PSOE resolvió las necesidades del crecimiento demográfico (baby boom de los 80), así como las derivadas del incremento en dos años de la obligatoriedad en la enseñanza, recurriendo al sistema privado en vez de potenciar y desarrollar el sistema público.

Hoy, 30 años después, tenemos un mapa escolar en el que la enseñanza pública es el 65 %, la enseñanza concertada es el 30 % y la enseñanza privada el 5 %.

Revertir esta situación, incrementar la enseñanza pública y disminuir la concertada, debe resolver dos grandes problemas. El primero se llama Conferencia Episcopal puesto que la Iglesia Católica es la propietaria del 80 % de los centros concertados y no parece dispuesta a renunciar a esa importante entrada de dinero que recibe del estado. El segundo es más complejo. Es “esa libertad de elegir” que invocan y que todos los gobiernos, hasta ahora, han consentido. Los centros concertados siempre han tenido más demanda, y eso les permite elegir. Tienen el alumnado con las mejores condiciones socioeconómicas, tienen, en general, mejores equipamientos e instalaciones que los públicos y tienen, en períodos de matriculación, “mejor carta de presentación”. Mientras tanto las personas más desfavorecidas, el alumnado con necesidades educativas especiales, la población inmigrante, la que sufre la pobreza y la exclusión social son atendidas por el sistema público. Es inadmisible, en una sociedad democrática, que se define igualitaria, estas situaciones clasistas y segregadoras que marcan diferencias sociales inaceptables en este S XXI.

Esta evidencia se llama segregación social. Pero algunos/as lo llaman “derecho a elegir”.

El verdadero derecho, constitucional y que es responsabilidad de garantizar por los gobiernos, es el de tener un sistema educativo que asegure la igualdad de oportunidades para todos y todas. Ello solo se garantiza, y consigue, con una escuela pública, laica, universal, gratuita y de calidad.

40 años separan estas dos fotografías

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