Soy maestro, siempre me gustó más esta denominación que la de profesor. Me ha parecido siempre más real, más republicano si se quiere.

Desde mi experiencia, más de 30 años en la escuela pública, he vivido el debate entre pública y privada desde el principio. He trabajado en colegios públicos en las condiciones precarias en las que el franquismo dejó a la escuela pública mientras, de la mano de la Iglesia, los colegios privados, solo en las zonas urbanas porque en el medio rural no se estableció ninguno, se consolidaban entre las capas sociales menos desfavorecidas. Frente a la pública tenían mejores instalaciones, mejores edificios, y, sobre todo, tenían gente de estratos sociales muy diferentes de los que iban a la pública.

En los años 80, con una incipiente democracia, la realidad del sistema educativo era el de una fuerte descompensación entre la enseñanza pública, abandonada durante décadas, y una enseñanza privada ampliamente establecida en las zonas urbanas que se había desarrollado vinculada a la Iglesia Católica y a los privilegios que les otorgaban la fidelidad al régimen y el Concordato.

En estas circunstancias llegó el PSOE al poder y para dar respuesta a las necesidades de plazas y equipamientos escolares suficientes para el incremento de alumnado que supuso el Baby Boom de los 80, optó por concertar con la privada y establecer las dos redes que existen hoy todavía.

El Gobierno de Felipe González fundamentó su decisión en la necesidad, totalmente cierta, de universalizar la educación básica. Dado el abandono al que el franquismo había sometido al sistema público educativo era evidente que las necesidades económicas para universalizar la red pública sobrepasaba las disponibilidades presupuestarias del Estado. Por ello, mientras se dotaba al sistema de una red pública suficiente, se optó por la concertación con la red privada. Realmente la concertación significó que la factura del cole privado la pagábamos entre todos y todas, pero el cole privado seguía con sus normas, con su ideario, con su uniforme, con sus actividades, con su selección de alumnado.

Lo que ya no se cumplió nunca fue aquello de “mientras se dotaba al sistema educativo de una red pública suficiente”. La realidad es que, tanto el PSOE como el PP, han concebido el sistema con la doble red y han facilitado que la privada concertada se consolidase con el eufemismo de “red de centros educativos sostenidos con fondos públicos”.

Esa es la realidad. Con esta política educativa se ha mantenido el elitismo y clasismo de la escuela privada, especialmente la vinculada a la Iglesia Católica, y no se ha superado ese imaginario colectivo de que la socialización del niño y de la niña en la escuela requiere que lo hagan sin ese mestizaje, sin esa mezcla social, que se da en la escuela pública. Por eso el argumento del derecho a la elección de centro lo que en realidad esconde es un rechazo a educar a sus hijos e hijas con quienes no son, o no consideran, de su misma clase social.

Si no rompemos esto estaremos legitimando la segregación social y facilitando la brecha en la cohesión social.

Hablando de derechos constitucionales, que también invocan los/as defensores/as de la privada concertada. La Constitución, habla del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. En ningún momento habla del derecho a elegir centro. Estos principios constitucionales están referidos a la posibilidad privada de crear centros educativos como una actividad económica más y la libertad de enseñanza está referida a la libertad de cátedra que el/la docente, en un sistema democrático debe tener, algo que dudo mucho se de en centros con un ideario católico.

Interesadamente la enseñanza privada concertada manipula el derecho a crear centros privados y lo convierte en el derecho a que el estado financie la elección de las familias.

Finalmente, la educación es un derecho y, por ello, no puede ser objeto de mercado ni de “gustos” ni “apetencias”. Las administraciones públicas deben garantizar la equidad en vez de mantener esa clasificación que, por elitista, acaba siendo segregadora. Y, es evidente, la única escuela inclusiva que no segrega es la escuela pública.

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