Otro viaje al Canfranc

Ahora nos sale el Ministro de Fomento, Pepiño Blanco, con que el ferrocarril normal, el de siempre, sale muy caro y hay que cerrar las líneas deficitarias. En definitiva, lo que anuncia Pepiño, es una nueva agresión al ferrocarril normal, al de siempre.

Es evidente que si se aplican criterios economicistas, que es lo que hace el PSOE, a los servicios públicos el resultado siempre será el cierre puesto que, al someterlos al mercado, se olvida la componente social que tiene la prestación pública. Esto es sencillamente impresentable. Responde a una nueva exigencia que hacen el FMI y la Unión Europea que siguen diciendo a Zapatero que tiene que recortar más.

Ahora, el Gobierno socialista, pretende que los recortes lleguen al ferrocarril con la justificación de que las líneas de ferrocarril normal actuales ‘pierden’ 150 millones de euros al año. En ningún momento se hace referencia alguna a las pérdidas reales que supondría para los ciudadanos y las comarcas afectadas esos cierres sólo justificados por razones de mercado. Sin el ferrocarril la gente tiene que recurrir a su coche particular para desplazarse y eso, en definitiva, supone cargar al bolsillo de la ciudadanía su derecho a desplazarse. Es, en el fondo, una privatización más.

Esos 150 millones anuales suponen apenas la cuarta parte de lo que gastamos en la ocupación militar de Afganistán o la mitad de lo que el Estado ingresa a la Iglesia Católica en concepto de IRPF. Sin embargo, parece que esas razones no le pueden pasar por la cabeza a un Gobierno inmerso en una negativa estrategia ‘neocon’ de desmantelamiento de los servicios públicos.

Lo grave es que nadie se responsabiliza de la la falta de planificación y visión estratégica que arrastran los sucesivos gobiernos. Ni PSOE, ni PP han sido capaces de aprovechar los años de bonanza económica para terminar la red ferroviaria convencional, modernizarla y dignificarla como sí han hecho el resto de los países europeos. No han sido capaces, ni siquiera de extender el ancho internacional a toda la red existente para superar el reduccionismo franquista y conseguir un ferrocarril moderno, seguro, ecológico y vertebrador del territorio, los sucesivos gobiernos del PP y PSOE optaron por dedicar miles de millones a una red de Alta Velocidad que, rozando el absurdo, se realiza paralela a las líneas ya existentes.

Es patético, o cuando menos lamentable, que José Blanco se dé cuenta ahora, en plena  crisis económica, de lo caro que resulta todo esto y que, por el contrario, sólo se le ocurra la fórmula de cerrar vías y suprimir servicios porque son deficitarios. Quizás debería dar cumplida información pública de lo que cuesta mantener cada kilómetro de vía de AVE -10 veces más que uno de vía normal-, explicar que la Alta Velocidad apenas cubre gastos pero no amortiza las millonarias inversiones y renunciar a seguir con el desarrollo de nuevas líneas del elitista e insostenible AVE.

En definitiva, estamos ante un nuevo recorte, ante una nueva agresión a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Desmantelar el ferrocarril convencional en vez de potenciarlo es una apuesta por la insostenibilidad y un auténtico despropósito.

En estos días en los que se habla de la crisis, de cómo salir de ella, y de ajustes y recortes del gasto público me parece necesario dar datos y cifras que ayuden a la ciudadanía a tomar posiciones. Venimos insistiendo en que hay otras maneras de salir de la crisis. Crisis que no voy a negar pero que la han provocado los mercados financieros, las políticas económicas neoliberales y un modelo económico y productivo claramente capitalista. El problema es que son los mismos que han causado la crisis quienes dicen como salir de ella, como salir de su crisis. Yo pienso que se puede salir de otra manera

La gran mayoría de ideas, propuestas, modos y formas de salir van todas, bueno casi todas, en la misma dirección. Reducir gasto público, congelar pensiones, no hacer inversiones públicas, recortar empleo y salarios del sector público, subir el IVA y proteger a los mercados. A ésto se apunta el PSOE (que tiempos en los que, al menos, eran socialdemócratas) y lo hace también el PP aunque ahora se proclame el partido de los trabajadores y los pensionistas. Un inciso. ¿ Han visto al Rajoy, a la Cospedal, a la Aguirre, al Camps,…….. en alguna de las manifestaciones y concentraciones que hemos protagonizado los trabajadores y trabajadoras del sector público?.

Bueno, no es de ésto de lo que hoy quiero hablar sino de dar algunos datos sobre cómo es posible hacer las cosas de otra manera. Me habrán oído hablar muchas veces de la necesidad de que la Iglesia Católica cumpla, en este caso sí que debe ser religiosamente, con las obligaciones fiscales que tenemos la ciudadanía, las administraciones públicas, las empresas…. La Iglesia, en este país, no paga.

Pero además de no pagar la Iglesia recibe dinero de hacienda. Sí, Sí, de ese sitio que nos dicen que somos todos. Mientras tanto la Iglesia tampoco paga impuesto de Patrimonio, es más, ni siquiera cuida su patrimonio porque son los dineros públicos los que mayoritariamente arreglan catedrales, capillas, … aunque luego para entrar a verlas haya que dar (voluntariamente por supuesto pero si no no entras) un «donativo».

La Iglesia Católica ha cobrado directamente de hacienda la nada desdeñable cantidad de 252.682.547 € (no se pierdan que son 252 millones y pico) correspondientes a la liquidación del IRPF de 2008. A pesar de la crisis cobrará otro tanto al menos con la liquidación del IRPF de 2009 que ahora estamos preparando todos y todas (ya saben la famosa crucecita). Además no pagan el IBI. Por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza, la Iglesia Católica ha dejado de ingresar 1,6 millones de €. Pues si, aunque no se lo crean, en estos tiempos de crisis, en los que reducimos el salario a los trabajadores y trabajadoras municipales, en los que las arcas municipales necesitan recursos par atender las políticas sociales, la Iglesia Católica no paga el IBI. ¿Verdad que todos nosotros y nosotras pagamos el IBI de nuestra casa?, pues ya lo ven. La Iglesia no paga por La Seo, ni por El Pilar, ni por los conventos, ni…., tampoco paga las tasa e impuestos por obras, bueno, no paga por nada.

Pero además de que la Iglesia no paga por nada nosotros y nosotras (nuestros impuestos) pagamos un profesor o profesora de religión católica (seleccionado/a por el obispo de turno) por cada diez aulas escolares. Pagamos también 2 capellanes católicos por cada Hospital. Pagamos también los capellanes católicos que atienden espiritualmente a nuestros ejércitos. Y no estoy pidiendo que dejemos de pagar estos salarios. Sí que pido que, como se hace en toda Europa, pague la Iglesia Católica (o cualquier otra) el gasto relativo a sus necesidades doctrinales.

Puedo añadir también que a la Iglesia Católica suelen (en Huesca este mismo año) cederle gratuitamente suelos públicos para construir templos, conozco unos cuantos ejemplos en los que órdenes religiosas han conseguido  recalificar los terrenos en los que había colegios concertados y han practicado el mundano deporte de la especulación.

Estarán conmigo que, con la que está cayendo, con los «viajes» que nos están dando a los trabajadores y trabajadoras, a los y las pensionistas, a los pequeños autónomos, a las pequeñas explotaciones familiares agrarias, a los artesanos y artesanas, a los…. es el momento de exigirle al Gobierno que rompa el Concordato dichoso o que, cuando menos, la Iglesia Católica pague impuestos como los y las demás. ¿Verdad que es incomprensible que estemos dejando de hacer hospitales y colegios mientras pagamos para que hagan iglesias?.

Mira el IBI de la casa en que vives. La Basílica que ves no paga nada

Mira el IBI de la casa en la que vives. La Basílica que ves NO PAGA NADA

Ha sido una de las pocas veces que, públicamente, me he dirigido así a una persona. No pretendo, ni mucho menos, justificarme. Asumo esta frase gorda pronunciada en la cafetería de un edificio público.

Vino a cuento de la crisis y del último plan de ajuste presentado por Zapatero que, como ya sabe todo el mundo, congela las pensiones, impide la inversión pública necesaria para infraestructuras o equipamientos, retrasa la Ley de Dependencia, reduce el importe de la cooperación española con los países necesitados, recorta el gasto público a costa de empeorar los servicios públicos y reduce el salario a los trabajadores y trabajadoras de la función pública.

Este era el tema sobre el que, en la cafetería aludida y mientras tomaba el café matutino, estaban hablando un ordenanza y un trabajador de una de las contratas  que, gracias a la privatización, atiende el mantenimiento del edificio.

El compañero del mono se reía del ordenanza: ¡¡ Ya era hora de que te metieran mano y las pasaras un poco más putas ¡¡. El compañero ordenanza le contestaba: ¡¡Riéte que yo me reiré el lunes cuando te apliquen el decretazo de la reforma laboral y te jodan un poco más¡¡.

No pude evitarlo y, olvidando que soy diputado, me sentí el trabajador que soy, me volví y les pregunté a gritos : ¿Cómo se puede ser tan gilipollas?.

Me pareció un despropósito que, con la que está cayendo, hayan conseguido que la clase trabajadora, en vez de montar una gorda, se dedique a alegrarse de las miserias de cada uno porque, lo jodido del caso es que hablaban en serio. No expresaban el cabreo con quienes les han llevado a esa situación, no, no. Estaban, en definitiva, asumiendo que hay que meter la mano a los salarios, a los servicios públicos y a los derechos laborales.

Mientras la banca sigue tan tranquila con los millones y millones que le hemos regalado, los ricos no pagan ni clavo, la Iglesia no sufre recortes, ni la casa real, pensamos en pagar 600.000 € a nuestros futbolistas….

Hay otras salidas de la crisis, pero hay que convencer a la gente de que es posible hacer las cosas sin acabar jodiendo a los de siempre. Por eso hay que movilizarse para defender lo nuestro, para hacer que la paguen los que la han provocado y para conseguir que deje de haber gilipollas entre los de siempre.

En manos del capital, de los mercados, de las políticas económicas más liberales y ultraconservadoras y obediente a lo que manda Obama. Así aparece Zapatero al anunciarnos su plan de ajuste para recortar el déficit público. Ciertamente que hay déficit. Como todo el mundo sabe cuando el gasto es superior a los ingresos hay déficit. Evidentemente hay que equilibrar las cuentas.

 Eso puede hacerse de dos maneras: gastando menos o ingresando más. Zapatero, y el PSOE, han optado por la primera fórmula que es la que quieren, mandan, e imponen quienes han provocado la crisis. Aún con todo, habría estado de acuerdo en gastar menos si, por ejemplo, no hubiésemos gastado 250.000 millones de € para salvar al sistema financiero que, a pesar de la crisis, tiene beneficios y da pensiones de 82 millones de € a los directivos que jubila. Estaría, también de acuerdo, en dejar de gastarnos un millón de € (166 ,6 millones de ptas.) DIARIOS en la invasión de Afganistán.

Aquí, en Aragón, estaría de acuerdo en dejar de gastarnos dinero de todos en aventuras olímpicas, aeropuertos inservibles, Expos y eventos similares, Pistas de Esqui en el valle de Castanesa o en llenar Los Monegros de casinos y ruletas.

Pero no va por ahí la propuesta de Zapatero. Va en la perversa dirección de meterle mano a las pensiones, a la Ley de dependencia, a la inversión en colegios, hospitales y carreteras, a reducir los fondos de cooperación con los países en desarrollo, a meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores y trabajadoras del sector público.

Zapatero quiere reducir gastos a costa de las partes más débiles de la sociedad. No se atreve con los ricos, ni con las grandes fortunas, ni con la banca especuladora. Mientras aplica el IRPF a las nóminas, y el IVA a los productos de mayor consumo, en definitiva mientras recauda a los trabajadores y trabajadoras deja que las rentas del capital, los beneficios empresariales, y los escandalosos salarios de los altos ejecutivos no coticen.

 En vez de reducir los gastos sociales, de empeorar los servicios públicos, de congelar pensiones puede aumentar los ingresos haciendo que pague más quien más tiene.

Puede volver a gravar a los ricos con el impuesto de Patrimonio. Un inciso en este tema y como ejemplo de lo que hace el ajuste de Zapatero. Aragón recaudó (en el año 2008 que fue el último que se pagó ese impuesto) 68,3 millones de € que pagaron 103 personas que tenían patrimonio. Justamente eso es lo que supone lo que va a ahorrar el Gobierno de Aragón con la rebaja de sueldo a sus 44.000 trabajadores y trabajadoras. Conclusión los 68,3 millones que han metido en el bolsillo de los ricos salen ahora de los bolsillos de 44.000 empleados y empleadas públicos.

Puede subir el IRPF (ahora el tope es el 43 %) para quienes cobren más de 60.000 € al año. Ahora pagan exactamente igual quienes cobran 60.000 € al año que quienes cobran 100.000 y que quienes cobran 1 millón (que los hay). Puede subir el IVA a los artículos de lujo (yates, rolex, coches suntuosos,…).

 Puede gravar con algo más del 1 % que pagan en la actualidad las fortunas que se refugian en las SICAV. Una SICAV es una sociedad de Inversión en Capital y Valores. Para montar una no hay nada más que tener la módica cantidad de 24 millones de €. Bien, pues las SICAV sólo tributan el 1 %. Es decir que paga más una nómina de 900 € que un capital de 24 millones o más.

Puede, también, ya que hablamos de solidaridad cobrarle los impuestos que no paga la Iglesia Católica. Son medidas y propuestas que estamos hartos de hacer (puedes encontrarlas visitando www.iunidaragon.org).

 Son medidas, claramente redistribuidoras, que buscan que la crisis tenga una salida más justa y democrática y, sobre todo, son medidas que pretenden evitar que los ricos, los banqueros, los especuladores y, en definitiva quienes han provocado la crisis, salgan de ella con los bolsillos llenos y se vayan de rositas.

No habrá brotes verdes sin el rojo de la reivindicación

 ¡¡ LA CRISIS QUE LA PAGUEN LOS RICOS ¡¡

Me parece impresentable que en la reunión que han tenido hoy en Moncloa no se haya tratado el primer tema del que deberían haber hablado como es qué piensan hacer con los casi 5 millones de parados y paradas que hay en España entre los que se encuentran 100.000 aragoneses y aragonesas.

Si no fuera por el drama personal y humano que viven esos millones de trabajadores y trabajadoras, parecería un mal chiste que el jefe del Gobierno y el líder de la derecha no hayan debatido al detalle alternativas para crear, de manera urgente, empleo.

Una vez más, Zapatero y Rajoy, dan prioridad a lo que interesa a los mercados y al sector financiero y bancario mientras aparcan las respuestas que demandan y necesitan los trabajadores. De esta manera, el presidente del Gobierno sigue con su autocomplacencia de cómo está abordando este tema, y Rajoy puede continuar con su política de ‘cuanto peor, mejor’, mientras son los trabajadores quienes seguiremos pagándolo todo.

Es un auténtico timo que una reunión a la que se ha dado tanta importancia no tenga ni una sola alternativa concreta a la crisis. No obstante, visto lo ocurrido, tengo que reconocer que no me ha sorprendido en absoluto.

Desgraciadamente el Gobierno socialista, aquel que pidió el voto para que no llegara la derecha, mira cada vez más en la dirección del liberalismo económico para abordar la crisis, como ya hemos visto en el decreto-ley salido de los acuerdos de Zurbano. Esto no ha terminado y aún nos obsequiará Zapatero con más giros a la derecha en su política económica.

En relación al acuerdo para reforma la Ley de Cajas de Ahorro me preocupa seriamente que, con el beneplácito de la derecha, se vayan a dar más pasos para desnaturalizar los objetivos y el funcionamiento de estas entidades para acercarlas más a los intereses privados de los grandes bancos. No hay que olvidar que, al menos, los Cajas de Ahorro no reparten dividendos y tienen que desarrollar alguna labor social.

De avanzarse por ese camino habrá que oponefrse radicalmente a que se modifique el régimen jurídico de las cajas. Pese a los mensajes tranquilizadores que se quieren dar, no quiero que se ponga aún más en riesgo el papel para ayudar a la salida de la crisis que deben tener las cajas y que, para mi, deben ser junto al ICO (Instituto de Crédito Oficial) eje fundamental para recuperar lo que en su día fue la Banca Pública.

En relación al otro punto acordado en la reunión, relativo al apoyo a la financiación de la UE de la deuda de Grecia para ayudar a este país a salir de su grave situación, yo comparto la necesidad de prestar ayuda al país heleno, pero me opongo a las condiciones leoninas que le están poniendo y que van a sufrir principalmente sus ciudadanos, no quienes causaron el problema.

Lo de Grecia enseña con toda su crudeza lo que es el poder financiero y es una de las consecuencias de la Europa del capital que resuelve la crisis destruyendo los servicios públicos y cargándola a trabajadores y trabajadoras tanto en activo como pensionistas.

Sigo pensando que las alternativas pasan por la lucha decidida contra el fraude fiscal y la economía sumergida y realizar una reforma fiscal progresiva para que pague más quien más tiene, lo que ayudaría a poner en marcha políticas de inversión pública en el Estado, que tiene que ser locomotora de tirón de la economía.


“Las corporaciones y los gobiernos de los países denominados más desarrollados, en complicidad con un segmento de la comunidad científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un problema reducido a la elevación de la temperatura sin cuestionar la causa que es el sistema capitalista.

Confrontamos la crisis terminal de un modelo civilizatorio basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza que se acelera con la revolución industrial.

El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de dominación sobre esta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma.

Bajo el capitalismo, la Madre Tierra se convierte en fuente sólo de materias primas y los seres humanos en medios de producción y consumidores, en personas que valen por lo que tienen y no por lo que son.

El capitalismo requiere una potente industria militar para su proceso de acumulación y el control de territorios y recursos naturales, reprimiendo la resistencia de los pueblos. Se trata de un sistema imperialista de colonización del planeta.

La humanidad está  frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida”.

Es una pequeña parte de la declaración final acordada en la Conferencia de los Pueblos Contra el Cambio Climático celebrada en Cochabamba (Bolivia) los pasados días 19 al 23 de Abril.

Sin embargo lo que ha trascendido en Europa, y lamentablemente de manera resaltada, es un sensacionalismo intencionado para desacreditar la Conferencia y al Presidente de Bolivia. Yo era una de las 20.000 personas que asistí  a la inauguración de la Conferencia y escuché, en directo y de forma presencial, el discurso de Evo Morales. Me parece deplorable que la trascendencia y la información que ha llegado a Europa, salvo por los canales propios de quienes allí hemos estado, quede reducida a unos titulares más o menos sensacionalistas. Evo, tan natural como siempre, hizo un discurso cargado de humor, y en un contexto determinado, Evo Morales aludió al engorde de pollos con hormonas, muchas de ellas femeninas, y se preguntaba si eso no acabaría provocando “desviaciones en el ser de los hombres”.

Posteriormente, en la parte del discurso que hizo relajado, afirmó que, por culpa de los transgénicos, los europeos eran “todos calvos”.

Personalmente pienso que no era esto lo más reseñable de una intervención de 45 minutos. Lo que sí se es que esas frases, y en el contexto que se dijeron, no pueden ser tomadas como afirmaciones serias de un presidente de gobierno. Ya se que han dado lugar a unos titulares fáciles y han conseguido que no se hablase más que de pollos y calvos en vez de centrar la atención en los contenidos, completos, trabajados y elaborados en horas y horas de debate, trabajo y encuentro, de una conferencia y de un discurso mucho más rico. Un discurso que, finalmente, lo que hizo fue confrontar dos modelos productivos: el capitalismo feroz y el auténticamente sostenible y respetuoso con la Pachamama.

En definitiva,  hay que saludar, valorar, difundir y apoyar la declaración de Cochabamba que es una esperanza.

Aquí os dejo íntegro el documento para que lo podáis descargar: Acuerdo de los Pueblos (Cochabamba)

Representación indígena de la Pachamama

El próximo 19 al 22 de abril estaré en Cochabamba (Bolivia). Allí participaré con los pueblos y los procesos que se oponen a las políticas transnacionales y persisten en defender la Pachamama (así llaman a la Madre Tierra los pueblos indígenas aymara y quechúa del altiplano), en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, convocada por el Presidente Evo Morales. Esta convocatoria, realizada desde los pueblos y desde el Gobierno de Bolivia es una respuesta ante la incapacidad de los gobiernos del Norte y la falta de voluntad política característica de las transnacionales, que en Copenhague no permitieron tomar decisiones y acciones contundentes para frenar las agresiones a la Madre Tierra. Es así como en Cochabamba nos reuniremos los partidos de la izquierda alternativa y transformadora, con movimientos sociales, con colectivos, gobiernos, organizaciones campesinas, ecologistas… y con personas individuales para seguir reflexionando sobre las causas estructurales y las consecuencias de la crisis climática, con el ánimo de tomar decisiones y medidas necesarias que permitan una relación armónica entre los seres humanos y la naturaleza.

Os cuento a la vuelta

Vaya por delante que reconozco la importancia de la celebración del Gran Premio Aragón en Motorland y que creo que tendrá repercusiones muy positivas para Alcañiz, para el Bajo Aragón y para Aragón en su conjunto. Pienso, también, que la organización de este gran premio puede ser una buena ocasión para que Motorland empiece a recuperarse de los números rojos a los que la mala planificación de inversiones han conducido y dar alguna utilidad a la faraónica inversión que ya se ha producido y que, hasta ahora, tan sólo ha generado 18 empleos directos.

Estoy seguro, como siempre lo he estado, de que todo el mundo hará lo necesario para que salga bien porque nos jugamos mucho. Lo hará también, con total lealtad, el ayuntamiento de Alcañiz que siempre ha colaborado con Motorland acelerando, dentro de la más escrupulosa legalidad, todos los procedimientos administrativos para que los trabajos que ha necesitado, y sigue necesitando, el circuito, y que dependían de trámites municipales, salieran lo antes posible.

Pero dicho esto no vamos a aceptar, ni podemos consentirlo, que desde el Gobierno se diga que tan sólo hay que aplaudir y que no es el momento de hablar del coste. Estamos hablando de dinero público, de dinero de todos los aragoneses y aragonesas y en medio de una crisis salvaje que requiere rigor en el gasto público.

Por eso, porque tenemos derecho y la ciudadanía a la que representamos también, pedimos, como en todos los casos, toda la información referente al proyecto, a su desarrollo, a su presupuesto, a sus inversiones, a su cuenta de resultados y a las repercusiones económicas y sociales que tenga.

Motorland no es un cortijo, como tampoco lo son Gran Scala, el Aeropuerto de Caudé, Dinópolis, Plaza, las Olimpiadas, las Expos o cualquier otro de los importantísimos proyectos en los que se embarca el Gobierno de Aragón. Ninguno de estos proyectos son un cortijo en el que el señorito ordena, dispone, exige acatamiento incondicional de sus decisiones y no da explicaciones. Eso, afortunadamente, ya hace mucho tiempo que dejó de ser así aunque el Sr. Biel parece no haberse enterado.

Insisto, una vez más, en que debe darse toda la información porque estamos hablando de un nuevo gasto comprometido. ¿Cuál es el coste exacto del contrato firmado con Dorna Sports para que Motorland acoja una, de momento sólo una, carrera de motos?. Ese dinero deberá ser aportado por las arcas públicas y, por consiguiente, debe conocerse con exactitud y de forma transparente, ya que el presupuesto de la DGA está cerrado, es muy ajustado y no tiene partidas presupuestadas para la organización de un Gran Premio de motos.

Deberíamos, también, conocer las contraprestaciones que vamos a recibir. Cuestiones como ¿cuántos contratos de trabajo va a producir para los más de 95.000 parados y paradas que hay en Aragón?, ¿qué tipos de contratos?, ¿indefinidos, por 15 o 7 días?, ¿de 700 € al mes?. Ya se que la velocidad de la moto en la que se ha subido Biel le impide ver estas cosas, pero para mí, y para esa gente sin trabajo, son importantes.

No puede despacharse Biel desde la prepotencia, demostrada en la propia tribuna parlamentaria, con la vaguedad de que el Ejecutivo buscará fórmulas para financiar el Gran Premio exigiendo, si hace falta, una aportación de todos los departamentos, en función del presupuesto del que dispone cada uno.

¿Qué servicio, qué hospital, qué carretera, que residencia, qué partida, en definitiva, va ser destinada a financiar el convenio con Dorna?. El Gobierno debe dar explicaciones y si se lo encomienda a Biel es quien debe hacerlo con rigor y con trasparencia dado que la envergadura, volumen de inversión y repercusión social y económica que puede tener Motorland así lo requiere. No aceptaré nunca la callada por respuesta ni las acusaciones de “antitodo” que se me hacen cuando pido algo que es la base de la democracia, que es algo a lo que tengo derecho como diputado y representante de la ciudadanía.

Pido información de todos los proyectos que, como el de Motorland, son de iniciativa pública y se promueven con el dinero público. Lo seguiré haciendo aunque se moleste el Señorito.

¿Quien echará chispas?

¿quien echará chispas?

Siempre respeto y acato las decisiones del poder judicial porque creo en el sistema democrático y en la separación de poderes. Lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo a pesar de que el bipartidimo feroz que vive la democracia española haga, en muchas ocasiones, un flaco favor a este elemento esencial de un estado democrático.

Ahora bien, acatar y respetar, no significa compartir. Hay casos en los que obliga a opinar y lo que está ocurriendo con el juez Garzón es uno de ellos. Nunca ha sido Garzón un juez por el que yo haya sentido especial admiración y en muchas ocasiones he manifestado mi desacuerdo con su afición a las cámaras y medios de comunicación así como su, en ocasiones, oportunismo político.

Pero claro, lo que sucede ahora, es que va a acabar en el banquillo acusado por la ultraderecha que, incluso, ve reforzada su acusación por personajes implicados en las últimas tramas de corrupción que están en los tribunales.

En estos momentos parece que la Falange Española, responsable de la casi totalidad de los crimenes del franquismo, y sus aliados, van a conseguir que acabe acusado el juez que intentó abrir una causa para investigar la represión franquista.

Creo, y por eso este escrito, que ha llegado el momento de responder de una forma democrática y absolutamente respetuosa con la independencia judicial a esa campaña contra el juez Garzón iniciada por sectores de la extrema derecha y la derecha de nuestro país. Estamos ante un hecho inadmisible en democracia que busca minar la independencia judicial y pretende enviar un mensaje a toda la sociedad de que existen límites no escritos para la acción de la justicia y la democracia.

Es indignante que en lugar de animar al esclarecimiento de los delitos cometidos durante la dictadura franquista contra muchos ciudadanos y dar respuesta a las legítimas exigencias de sus familiares y de las asociaciones de la Memoria Histórica para contribuir a solucionar desde el ámbito judicial el problema de los juicios ilegales y de las fosas comunes, tal y como marca la ley, se persiga a aquellos que intentan contribuir a hacer justicia. No es de recibo que una vez más se ampare a quienes siempre han apoyado esos crímenes y se deje de lado a las víctimas, a sus familiares y a las asociaciones que les representan.

En medio de este proceso Correa, un imputado en el caso Gurtel se suma a este acoso querellándose contra Garzón. Es una clara actuación emprendida contra el magistrado de la Audiencia Nacional para apartarle de la carrera judicial que, asi lo parece, busca anular las actuaciones llevadas a cabo por Garzón en el marco de sus competencias como instructor.

Este es el otro objetivo claro del acoso contra Garzón. Se pretende cortar de raíz cualquier acción judicial que intente esclarecer tramas de corrupción como el ‘caso Gürtel’, cuya investigación inició este magistrado antes de que pasara a otras instancias judiciales.

El ataque a la actuación de este juez tiene, también, como finalidad anular una parte sustancial del procedimiento llevado a cabo, lo que limitaría la posibilidad de investigación presente y futura. De continuarse por este camino, además del reflejo que tendría en otros casos, se pondría en peligro la investigación del ‘caso Gürtel’ y, una vez más, se abriría el camino para la impunidad de sus presuntos responsables”.

Por todo ello creo que es necesario actuar para mostrar la solidaridad y apoyo al juez Baltasar Garzón, ante la campaña de acoso y derribo a la que está siendo sometido.

Hay que exigir al Consejo General del Poder Judicial que actúe con absoluta imparcialidad en el presente asunto sin proceder a tomar decisiones de suspensión de las funciones del juez Baltasar Garzón en tanto en cuanto no se produzcan resoluciones judiciales en relación con los hechos que se le imputan.

También, ya que no les dejan, hay que reclamar que las víctimas del franquismo que instaron el inicio del procedimiento judicial abierto por los crímenes del franquismo puedan ser parte en el procedimiento judicial contra el juez Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo.

Y, finalmente, hay que garantizar que los procedimientos por corrupción investigados hasta el momento por el juez Garzón continúen y amplíen el ámbito de investigación con objeto de esclarecer las responsabilidades penales a que hubiera lugar.

Tumbas republicanas ya exhumadas

Tumbas republicanas ya exhumadas


PSOE, PP y los nacionalistas rechazan la reforma electoral de fondo que sugirió el Consejo de Estado y apoyaba IU.

Llamazares dice que se ha blindado el bipartidismo marginando a una tercera fuerza estatal y no descarta abandonar la subcomisión

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) –
El PSOE, el PP y los partidos nacionalistas aunaron hoy fuerzas en la subcomisión del Congreso encargada de proponer cambios en la Ley Electoral de 1985 para rechazar los cambios de fondo en el sistema vigente que sugirió el Consejo de Estado y que defendían tanto Izquierda Unida como Unión, Progreso y Democracia (UPyD).
Durante el encuentro que el órgano que preside Alfonso Guerra mantuvo esta tarde en la Cámara Baja, los partidos mayoritarios y las fuerzas nacionalistas acordaron por mayoría no atender las propuestas del órgano consultivo que apostaba por aumentar el número de diputados del Congreso, adelgazar las circunscripciones menos pobladas y prescindir de la Ley D’Hont por la que se reparten matemáticamente los escaños.
Esas reformas que apunta el Consejo de Estado coinciden con las demandas de IU, que estuvo representada en la reunión por Gaspar Llamazares, y de UPyD, cuya diputada, Rosa Díez, no acudió al encuentro de esta tarde. Ambas formaciones se consideran perjudicadas por el vigente sistema electoral por su condición de fuerzas minoritarias de ámbito estatal.
En el informe que le encargó el Gobierno, el Consejo de Estado reconocía que el actual sistema electoral perjudica a ese tipo de formaciones y, en aras a la mejora de la proporcionalidad, del principio de igualdad y del propio régimen democrático, proponía aumentar hasta 400 el número de diputados, acogiéndose a la previsión contemplada en la Constitución de 1978, disminuir de dos a uno la representación mínima inicial de cada circunscripción provincial, lo que restaría peso a las provincias menos pobladas, y buscar una fórmula electoral más proporcional que la actual ley D’Hont.
Esos cambios de calado no cuentan, en cambio, con el beneplácito de los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP, que copan los escaños en liza en buena parte de las provincias con menor censo, ni tampoco cuenta con el visto bueno de los partidos nacionalistas, que son mayoritarios en sus respectivas comunidades.

SIN CONSENSO NO HAY CAMBIOS

Tras constatar que las recomendaciones del órgano consultivo no cuentan con el nivel de consenso suficiente que requiere una reforma como la de la Ley Electoral, que afecta a las reglas del juego democrático, la subcomisión optó por descartarlas.
El debate de esas propuestas ya se esbozó en el Pleno del Congreso hace unas semanas, cuando se reclamó un proyecto de ley de reforma electoral en línea con lo apuntado por el Consejo de Estado. Esta iniciativa sólo fue apoyada por IU y  UPyD pero fue rechazada por el resto de grupos parlamentarios.
La negativa de los grupos mayoritarios y los nacionalistas a modificar el sistema electoral llevó al diputado de IU, Gaspar Llamazares, a comparecer en rueda de prensa para denunciar que se haya dado «portazo» a una reforma de fondo blindando el bipartidismo y marginando a una tercera fuerza política estatal.
«Han dicho no al aumento de diputados alegando ahora razones de austeridad, han rechazado reducir el mínimo por provincia,  considerando que algunas circunscripciones quedarían desguarnecidas, han rechazado la creación de un fondo de restos, y han desechado cambiar la fórmula D’Hont al considerar que no es bueno cambiar y porque podrían perder influencia», resumió.
Así las cosas, insistió en que se ha optado por mantener «la ley del embudo» –«el ancho para ellos y estrecho para una tercera fuerza de ámbito estatal», dijo– y por limitar el pluralismo en el ámbito territorial.
«Es una sistema a la carta para PSOE y PP y aceite de ricino para una tercera fuerza estatal», apostilló, tras constatar que, después de «dos años mareando la perdiz», la subcomisión se vaya a limitar a acordar «medidas cosméticas».
Con este panorama, Llamazares se planteará si continúa «con esta comedia» o si abandona la subcomisión para no asistir a «debates de besugos» como calificó, por ejemplo, el relativo a la creación de la figura del diputado suplente, sobre cuya conveniencia dijo tener «bastantes dudas».