Lamentablemente el pasado jueves Las Cortes de Aragón aprobaron (con la mayoría absoluta de PSOE-PAR) la Ley a la carta que Gran Scala necesitaba.

Las mismas Cortes que aprobaban esa aberración jurídica que, por todos los medios, seguiremos combatiendo, maltrataban a los miembros de la Plataforma “Stop Gran Scala” tratándoles como presuntos delincuentes (sufrieron cacheos, confiscación de chapas y pegatinas y los únicos 5 autorizados a entrar fueron obligados a sentarse separados). Fue un día triste para la democracia en Aragón.

En un rápido resumen señalo los elementos más importantes para seguir combatiendo contra Gran Scala”:

1.- Será un Guantánamo Aragonés y un oasis jurídico ya que cuenta con su. Legislación a la carta.

2.- Apuesta por modelo económico que ha sido causante de la crisis

3.- Será un Guantánamo Urbanístico porque tiene, también, régimen especial para hacerse.

4.- Será un Guantánamo del Juego (No rige aquí la Ley del Juego de Aragón, ni la de horarios comerciales, ni la de espectáculos y establecimientos públicos)

5.- Falta de participación pública y sin proceso de información

6.- Sensación de gobierno bananero plegado a los intereses de aventureros y especuladores. Invade también la legislación sobre turismo.  Permite la expropiación forzosa aludiendo a la “utilidad o interés público” No entendemos que este tipo de proyectos esté acorde con la Constitución que literalmente dice “ Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por una causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”. Difumina competencias en diversas materias (urbanísticas, inspección, sanciones) que las deja en manos de un Consorcio Público cuyos estatutos aprobará por decreto el Gobierno de Aragón.

Un ejemplo ilustrativo. El Artº 37 Que fija los supuestos de exclusión de responsabilidades de las infracciones, recoge, en su letra d, que estarán excluidos cuando haya TENIDO LUGAR LA INFRACCION EN VIRTUD DE UNA INTERPRETACIÓN RAZONABLE DE LAS NORMAS JURÍDICAS CUYA INFRACCIÓN SE IMPUTE AL PRESUNTO RESPONSABLE (¿quien es el interpretador que interpreta?