La Ley Gallardón, la Ley que recorta el derecho a decidir de las mujeres, sigue dando sus pasos. Ya se ha pronunciado sobre ella el Comité de Bioética, organismo público, en teoría independiente, que debe informar el Proyecto de Ley antes de que se debata en el Congreso. Las 12 personas que lo integran (11 hombres y una mujer) son elegidas por el Gobierno (6) y las Comunidades Autónomas (6). Es evidente que, en su composición, se nota claramente quien tiene la mayoría. De los 12 miembros actuales 7 se han declarado pública y abiertamente antiabortistas.

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Foto de familia del Comité con la Presidenta de la Asociación de Bioética

El informe del Comité de Bioética, que aún no es oficial pero del que informan ABC y La Razón, es un apoyo más que tiene Gallardón. Según esos diarios, el informe tiene el voto favorable de nueve de los doce miembros.

Este apoyo es un espaldarazo a la reforma de Ruiz Gallardón, porque significa el respaldo de expertos de prestigio. El comité se compone de reconocidos especialistas de campos muy distintos (académico, jurídico, médico, científico…) pero todos relacionados con la bioética.

Según ABC, el informe del Comité apoya total y absolutamente una ley que, sobre todo afirman, protege al no nacido. El informe avala, tal y como señala el proyecto de Ley, que el embarazo solo pueda interrumpirse en casos de violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer. Tampoco considera necesario incluir el supuesto de malformación en caso de graves anomalías fetales, tal y como piden las organizaciones médicas y otras asociaciones y colectivos.

El informe del comité, siempre según ABC, también cree necesario reforzar la educación sexual de los menores, eso sí, sin ideologías matizan, y piden mejorar la ayuda a las mujeres que decidan y puedan legalmente abortar. De las que “legalmente” no puedan no dice nada.

Hacen algunas recomendaciones para mejorar el texto. En línea con lo más casposo y recalcitrante de la derecha, piden que la ley incluya ayudas a la maternidad y que refuerce la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios que no quieran intervenir en un aborto, lo hagan de manera directa o indirecta. También pide para ellos que puedan negarse en cualquier momento.

La mujer apenas aparece en el informe.

¡¡Redios, que banda¡¡

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