Recordareis que el almacén de gas conocido como «Proyecto Castor», impulsado por la empresa Escal-UGS (el 68 % es de ACS, la empresa de Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid) fue el causante de los cientos de terremotos que sufrieron en Septiembre pasado pueblos de Tarragona, Castellón y Teruel. Fue paralizado por su peligrosidad y, ahora, Florentino y los suyos, reclaman 1.400 millones de € de indemnización por no poder hacer el negocio que esperaban. Lamentable, y desgraciadamente, tienen la ley a su favor porque, cosas del liberalismo, el rollo de la colaboración público-privada es eso. Si hay negocio se lo quedan las multinacionales y si hay pérdidas las pagamos entre todos y todas.
Dicho esto sabemos que el Gobierno de Mariano Rajoy ultima incluir en los recibos de todos los usuarios de gas para los próximos años la indemnización de 1.400 millones de euros que el Estado debe pagar a la empresa Escal UGS . Lo quiere hacer así para que esta deuda no le compute como déficit. Quiere pedir un préstamo a la banca y pagarlo con la subida en el recibo.
En una Rueda de prensa, Cayo Lara y yo, hemos advertido que el Ejecutivo prepara esta fórmula y la llevará “de forma inmediata” a un Consejo de Ministros para que los cerca de siete millones de consumidores que tienen contratos de gas se hagan cargo de esta factura, por lo que a cada uno de ellos le tocará pagar unos 200 euros.
Esto es consecuencia del “fracaso” de un proyecto como el «Castor» que nunca se debió permitir. Es consecuencia del modelo energético del PP que, mientras lapida las energías renovables se dedica a proteger los intereses especuladores, promueve este tipo de instalaciones, quiere reabrir las nucleares y apoya el Fracking. Es un modelo que se deja a las multinacionales que gestionen, se les garantiza el negocio y, cuando el negocio no funciona, se les indemniza.
Hemos pedido la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para que “clarifique” públicamente estos planes. Hasta el momento desde el Gobierno, incluido su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha negado la posibilidad de que el pago final de la indemnización vaya a hacerse vía recibos particulares del gas pero creemos que ya es hora de que nos digan cómo lo van a pagar y quién.
Nos opondremos radicalmente al intento de ‘socialización’ de esta deuda porque jamás tiene que ser a costa de los ciudadanos.
Ya es hora de que se anteponga el interés general al de las multinacionales y se tengan en cuenta los riesgos medioambientales, los sociales y la peligrosidad de los proyectos para “no hacer pagar a los consumidores los desastres y fracasos de estas políticas.
Adolfo Barrena 