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Dije, hace unos días y lo reafirmo, que disolver el Ayuntamiento de la Muela y colocar al frente una gestora era dar un golpe de estado.

En estos momentos el Ayuntamiento de La Muela está legal y legítimamente constituido. Lo integran los concejales y concejalas que legítimamente se presentaron a las elecciones municipales de mayo de 2007 y que democráticamente fueron votados y votadas por la ciudadanía de La Muela.

No hay sentencia judicial que inhabilite a nadie, no hay, que se sepa, renuncia a ningún acta de concejal y concejala y no se da ninguno de los casos que la ley permite tomar esta decisión.

No hay inhabilitados/as por sentencia judicial más de la mitad de los/as concejales/as (en Marbella, único caso que se ha dado en nuestro país, si ocurrió así), ni se han producido renuncias (téngase en cuenta que deberían renunciar los titulares y los suplentes de cada lista que tuvo representación), ni se ha producido causas (fallecimiento,…) que lo permitan.

¿Cómo se llama cambiar al gobierno democráticamente elegido por otro que se nombre sin respaldo legal?

¿Quiere esto decir que defiendo y apoyo que siga gobernando el municipio de la Muela quienes están en prisión?. Pues no, no quiere decir eso. Quiere decir que en un sistema democrático hay separación de poderes y que, cuando se ha iniciado un procedimiento judicial, corresponde al poder judicial dictar sentencia. No olvidemos, por otra parte, que, hasta ahora son sólo dos (la propia alcaldesa y otro concejal) los ediles imputados y la corporación municipal es de 11 (9 del PAR, 2 del PSOE y 2 del PP) Incluso, si al final resultasen inhabilitados, quedarían 9 concejales/as legítimamente y democráticamente elegidos y la lista del PAR podría, tal y como recoge la ley, nombrar a los dos siguientes suplentes.

Otra cosa es, pero no toca hoy hablar de esto, la buena o mala ley electoral que tenemos o de cómo hacen (hacemos) las listas electorales.

Puedo entender que, desde la ciudadanía, se pida dar solución al caso y se estime la posibilidad de la gestora. No la entiendo que la pidan desde los partidos políticos que, actualmente, están en la oposición en La Muela. En primer lugar porque demuestran un desconocimiento absoluto de la legalidad.

Los otros elementos que me llevan a criticar esta propuesta son más complejos. ¿Pretenderán que la gestora asuma todas las responsabilidades en lo sucedido en La Muela?, ¿qué han hecho durante todos estos años?, ¿no han podido, desde la oposición y con el respaldo de sus partidos, poner freno a este despropósito?.

La última cuestión, que es fundamental para Izquierda Unida, ¿una gestora haría un urbanismo diferente?. No se olvide que, salvo que se hayan producido delitos que el juez juzgará (comisiones, corruptelas, enriquecimientos ilícitos, tráfico de influencias,….) lo demás es legal. Es legal el desarrollismo salvaje, es legal modificar los Planes Urbanísticos y es legal que el urbanismo sea una fuente de obtención de recursos (ahí tenéis el caso del Pirineo o lo que quieren hacer para pagar la Expo de las flores). Es, por tanto, legal hacer negocio con el urbanismo. Y eso es lo que hay que cambiar.

De momento, quienes estamos diciendo que hay que cambiar las leyes para que el urbanismo sea social, esté al servicio del interés general y deje de ser negocio, somos nosotros y nosotras.

Lo estamos diciendo desde hace años. Lo hemos dicho en Bruselas (en la foto la última vez que estuve) y seguiremos insistiendo. Necesitamos un modelo diferente de urbanismo y un modelo diferente de ordenación del territorio.

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