rioEl proceso de reforma de los diferentes estatutos de autonomía está volviendo a reabrir debates sobre el uso y “propiedad” de las aguas que ponen de manifiesto la necesidad de definir una política de gestión del agua. La izquierda alternativa y transformadora debe considerar el agua como bien público y exigir la gestión social del agua.

Es un momento en el que hay que “mojarse”, expresar opinión y aportar propuesta política al debate.

Personalmentge considero superados los planteamientos originales de aquellos Planes Hidrológicos Nacionales que, promovidos tanto por PSOE como por PP, se limitaban a atender las demandas y aumentar la oferta de agua poniendo a disposición de las actividades productivas y especulativas, sin distinción, los caudales necesarios. Eran políticas claramente trasvasistas.

Es necesario y urgente reorientar la política hidráulica con los nuevos parámetros que marcan las directivas comunitarias y los requerimientos de sostenibilidad del Planeta.

Eso sólo se consigue con una política hidraúlica capaz de conjugar los diversos intereses sociales y ambientales en torno al agua. Debe hacerlo teniendo en cuenta, además, los legítimos intereses que suponen la satisfacción de las necesidades reales de desarrollo sostenible, lejos del modelo económico y urbanístico depredador y especulativo que conocemos. Debe, igualmente, defender, con criterios de sostenibilidad, la satisfacción de las necesidades básicas para la población.

La nueva gestión social del agua se apoya en unas premisas fundamentales. La primera es considerar EL AGUA COMO BIEN PÚBLICO y evitar la privatización de la gestión del recurso en cualquiera de las fases del ciclo integral del agua. No debemos aceptar la privatización de los abastecimientos, ni del saneamiento y depuración.

La segunda es considerar el AGUA PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN asegurando su calidad y garantizando el mínimo vital reconocido de 90 litros/día/habitante.

La tercera pasa por garantizar AGUA PARA PRESERVAR LOS ECOSISTEMAS considerando sus requerimientos, los caudales ambientales y las necesidades de calidad de las aguas subterráneas, superficiales, marinas y las costeras de transición como un derecho social que los poderes públicos  obligatoriamente deben garantizar y satisfacer.

La última es disponer de AGUA PARA EL DESARRROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE garantizando la creación de riqueza social, planificada democráticamente y utilizando el agua con criterios de eficacia, eficiencia, racionalidad y sostenibilidad, tanto en la industria como en la agricultura.

Todo ello, además, debe hacerse con una legislación avanzada que proteja este bien público y con una gestión participativa que involucre a la sociedad en el control del recurso.

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