Estos días vivimos, una vez más, la polémica sobre si la enseñanza debe ser pública o concertada. Yo, es conocido, me posiciono abiertamente a favor de la enseñanza pública, laica, universal, gratuita y de calidad.

Se cargan las tintas en el número de unidades que, dada la realidad demográfica, hay que cerrar en la enseñanza concertada. Ya me habría gustado a mí el mismo intenso debate cuando se cierran unidades en el sistema público.

El argumento más oído, el que más utilizan quienes defienden la privada concertada, es aquel de la libertad de las familias de elegir la enseñanza que quieren para sus hijos e hijas.

No seré yo quien niegue esa libertad, claro que quien quiera puede llevar a sus hijos e hijas al colegio privado que consideren. El problema no es el “quien quiera”, sino “quien pueda”. Porque, en este mundo capitalista que vivimos, la educación es, además de fuente de negocio, fuente de segregación y clasificación elitista. Por eso los colegios e institutos privados, tanto si son confesionales, como si no, son caros. Así el “derecho a elegir” solamente puede darse si el dinero público, el de todos y todas, lo asegura.

Solamente la educación pública es, de verdad, la que garantiza la igualdad de oportunidades, más allá de la posición social que se tenga, independientemente del lugar donde se viva (pocos centros privados hay en el medio rural) y la única que no es objeto de mercado y, por consiguiente, no está para dar rentabilidad económica.

Conviene mirar un poquito la historia para tener algunos datos. En este país llamado España, la educación, hasta bien entrado el S XIX, no ha sido razón de estado. La educación ha sido elemento de segregación clasista y, lamentablemente, hoy todavía lo es.

La primera Ley que establece un mínimo sistema de enseñanza en España es la Ley de Instrucción Pública, de Septiembre de 1857, conocida como “Ley Moyano”. Esa Ley, rubricada por Isabel II, pretendía dar respuesta al escandaloso nivel de analfabetismo que había en nuestro país en aquellos años, permitía que la enseñanza pudiera darse en centros públicos (apenas había) y en centros privados con la correspondiente subvención. La “Ley Moyano” reconocía a la iglesia el derecho a “vigilar la pureza ideológica de los estudios” lo que, de facto, suponía la legitimación del intervencionismo eclesiástico y aseguraba, por la vía de la financiación, el importante peso de la enseñanza religiosa en el sistema educativo.

Lo penoso, y patético, es que salvo el intento hecho por la II República en los cinco años que existió (1931-1936) la Ley Moyano ha sobrevivido más de un siglo.

En 1970, con el régimen franquista, se promulga la Ley General de Educación (Villar Palasí) que fue la primera vez, desde la Ley Moyano, que se refuerza y unifica el sistema educativo. Se establece la obligatoriedad de la enseñanza entre los 6 y los 14 años. La Ley Villar Palasí mantiene la presencia de la enseñanza privada subvencionada en el sistema.

El propio preámbulo de la Ley Villar Palasí señala: «El marco legal que ha regido nuestro sistema educativo en su conjunto respondía al esquema ya centenario de la Ley Moyano. Los fines educativos se concebían de manera muy distinta en aquella época y reflejaban un estilo clasista opuesto a la aspiración, hoy generalizada de democratizar la enseñanza. Se trataba de atender a las necesidades de una sociedad diferente de la actual: una España de 15.000.000 de habitantes con el 75 por 100 de analfabetos, 2.500.00 de jornaleros del campo y 260.000 «pobres de solemnidad», con una estructura socioeconómica preindustrial en la que apenas apuntaban algunos intentos aislados de industrialización. Era un sistema educativo para una sociedad estática, con una Universidad cuya estructura y organización respondía a modelos de allende las fronteras.»

Ese sistema educativo elitista y segregador llevaba operando más de 100 años y el franquismo no lo resolvió. Lo que sí hizo el franquismo fue “agradecer” el apoyo de la Iglesia en su cruzada favoreciendo el auge y desarrollo de la enseñanza religiosa subvencionada.

En 1985, gobernando Felipe González, la Ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE) consagró los conciertos. Los centros religiosos y privados mantenidos con dinero público pasaron a formar parte del sistema educativo y pasaron a llamarse “colegios concertados”.

El PSOE resolvió las necesidades del crecimiento demográfico (baby boom de los 80), así como las derivadas del incremento en dos años de la obligatoriedad en la enseñanza, recurriendo al sistema privado en vez de potenciar y desarrollar el sistema público.

Hoy, 30 años después, tenemos un mapa escolar en el que la enseñanza pública es el 65 %, la enseñanza concertada es el 30 % y la enseñanza privada el 5 %.

Revertir esta situación, incrementar la enseñanza pública y disminuir la concertada, debe resolver dos grandes problemas. El primero se llama Conferencia Episcopal puesto que la Iglesia Católica es la propietaria del 80 % de los centros concertados y no parece dispuesta a renunciar a esa importante entrada de dinero que recibe del estado. El segundo es más complejo. Es “esa libertad de elegir” que invocan y que todos los gobiernos, hasta ahora, han consentido. Los centros concertados siempre han tenido más demanda, y eso les permite elegir. Tienen el alumnado con las mejores condiciones socioeconómicas, tienen, en general, mejores equipamientos e instalaciones que los públicos y tienen, en períodos de matriculación, “mejor carta de presentación”. Mientras tanto las personas más desfavorecidas, el alumnado con necesidades educativas especiales, la población inmigrante, la que sufre la pobreza y la exclusión social son atendidas por el sistema público. Es inadmisible, en una sociedad democrática, que se define igualitaria, estas situaciones clasistas y segregadoras que marcan diferencias sociales inaceptables en este S XXI.

Esta evidencia se llama segregación social. Pero algunos/as lo llaman “derecho a elegir”.

El verdadero derecho, constitucional y que es responsabilidad de garantizar por los gobiernos, es el de tener un sistema educativo que asegure la igualdad de oportunidades para todos y todas. Ello solo se garantiza, y consigue, con una escuela pública, laica, universal, gratuita y de calidad.

40 años separan estas dos fotografías

Hay quien me dice que el primer síntoma de la vejez es dedicarse a contar batallitas. Pues, ya me jode recordar. Me molesta porque veo que la cosa se repite y siento que la memoria es frágil.

Estos días estamos viendo como el sistema se reinventa, como escenifican esas aparentes diferencias que hay entre los dos grandes partidos que, gracias a ese sistema electoral que protege al bipartidismo, han gobernado este país.

Hoy me acuerdo de un 2 de febrero, el de 1984, ese día CC.OO., también ELA-STV en Euskadi, convocaron una huelga contra la reconversión industrial. Esa huelga no era apoyada por la UGT de Nicolás Redondo que, por aquel entonces, estaba claramente alineada con el PSOE y la socialdemocracia. La huelga paralizó por entero ciudades como Vigo, Ferrol, Cádiz, Gijón, Avilés, Sagunto, Cádiz,…

En 1984 gobernaba Felipe González. Había ganado las elecciones de 1982, su lema fue: Por el Cambio (¿os suena?) era la primera mayoría absoluta de la democracia y tenía 202 diputados.

Su gobierno, el primero de ellos, fue muy duro para la gente. Especialmente para trabajadores y trabajadoras del sector industrial.

El PSOE estaba empeñado en entrar en la OTAN y en lo que, entonces, era la Comunidad Económica Europea. También, en 1984, el gobierno socialista reformó el Estatuto de los Trabajadores e introdujo la “flexibilización” que acabó significando la precarización.

Europa, como condición previa a la entrada, exigió el desmantelamiento de sectores productivos importantes como eran el naval, el siderúrgico, el textil, el lechero e incluso el productor de vino.

El PSOE había ganado las elecciones prometiendo crear 800.000 empleos, pero el desmantelamiento industrial que reclamaba Europa dejó 100.000 parados y paradas y miles y miles de jubilaciones anticipadas.

El desmantelamiento de empresas fue llamado “reconversión industrial” pero realmente, lo que ciertamente ocurrió, es que se produjo un cierre, liquidación y privatización de empresas estatales como eran los astilleros y las siderurgias.

Ese proceso, además de miles de parados y paradas, de desmontar el sector industrial, le costó al estado (eran empresas públicas la mayoría) un billón (con b) de pesetas.

Fue el inicio del camino que convertía a España en un “país de servicios”.

Los ministros socialistas, Boyer y Solchaga, el brazo ejecutor de esta política, no tenían reparos en proclamar que la titularidad de las empresas nos importa y que España no debe competir con los países europeos industriales. Afirmaban que nuestro futuro está en el turismo.

Para no aburrir. El PSOE gano en 1986 (mayoría absoluta), en 1989 (mayoría absoluta) y en 1993 (mayoría simple que reforzó pactando con nacionalistas catalanes y vascos a quienes prefirió en vez de pactar con IU que, con Anguita, tenía 18 escaños).

Y,… bueno, aquí estamos, seguimos pagando la crisis los mismos, seguimos votando a los mismos y se siguen forrando los mismos.

Los datos macroeconómicos, una vez hechos los balances del 2016 que acaba de concluir, dicen que España logró un crecimiento superior al 3% en 2016 por segundo ejercicio consecutivo.

Ese es el mensaje del Gobierno, de los poderes económicos y de los medios de comunicación.

Pero la realidad es que esa riqueza que, a pesar de la crisis se ha producido, no es para toda la población. Los datos económicos, aunque en ello se ponga menos énfasis y se pase de puntillas, dejan muy claro que la brecha (trinchera más bien) entre ricos y pobres es cada vez mayor.

En estos momentos la mitad de la riqueza de este país está en manos del 10 % de la población. El ranking lo encabezan Amancio Ortega (dueño de Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y demás marcas del grupo Inditex), su hija Sandra y Juan Roig (propietario de Mercadona), entre los 3 tienen la misma riqueza que la que pueden sumar 14 millones de españolitos/as.

La cosa no es particular de España. Intermon-Oxfam, en su último informe, señala que «en el mundo hay más de siete mil millones de personas y sólo ocho, ocho empresarios, ocho personas, acumulan la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, es decir ocho frente a 3.600 millones de personas».

Son datos conocidos. Si tenéis interés en conocer las grandes fortunas no tenéis que hacer nada más que entrar en internet, teclear Lista Forbes 2016, y conoceréis a quienes la crisis les está haciendo más ricos y ricas cada vez. En esa lista hay, junto a la de los Ortega, otras 20 fortunas españolas más.

Lo cierto y evidente es que el crecimiento de la economía española, por encima del 3 por ciento, no ha conseguido reducir la brecha que es, cada vez más profunda, en salarios y condiciones de vida.

Lo que también es cierto es que en estos años de «recuperación económica» tan solo han subido los salarios de las personas que ocupan cargos ejecutivos en los Consejo de Administración y, es cierto también, que las empresas del IBEX han repartido más dividendos.

Los datos, con la frialdad que dan las cifras, señalan que mientras los salarios altos han crecido, dicen que muy poco, solo un 3%, los salarios que no llegaban a los 1000 € en 2007 han caído el 28 %. Eso da resultados tales que hay salarios de ejecutivos/as que equivalen al de 90 trabajadores/as de nivel medio.

A ello debemos añadir que, tal y como demuestran, también, las cifras, que el deterioro del mercado laboral, la precariedad y la bajada de salarios, es el principal factor generador de desigualdades y el responsable de que la renta de los hogares haya perdido un 20 % en estos años de crisis.

Estas políticas, tan alabadas y bendecidas por el FMI, la Comisión europea y la propia Sra. Merkel no se cansan de repetir parabienes a Rajoy y a Montoro por lo bien que se ha resuelto la crisis en España, nos han situado, en lo que a brecha social entre ricos y pobres se refiere, en el 2º lugar de Europa. Tan solo Chipre nos supera en lo que a desigualdad se refiere.

Esto es la globalización. Esto es lo que significa, y los resultados, de las políticas neoliberales, de los tratados económicos y comerciales (CETA, TTIP,…) que recortan derechos laborales y desmantelan los servicios públicos.

Esto es lo que venimos denunciando, esto es lo que nos lleva a salir a la calle pidiendo Pan, Techo, Trabajo y Dignidad.

Publicado en https://www.facebook.com/IU.Aragon/?fref=ts

La gente de orden dice que mentir es muy feo, la gente que frecuenta las iglesias dicen que es un pecado, violenta el 8º mandamiento, mentir y levantar falsos testimonios. El PP miente y levanta falsas expectativas.

Os preguntareis a que viene este inicio. Hace días que nos están bombardeando con aquello de…. “este país necesita con urgencia un gobierno que asegure la recuperación económica que ya ha empezado”, incluso el gobierno en funciones se permite decir que “estamos creciendo y superando la crisis”.

Se ha conocido estos días el informe que Eurostat , la oficina estadística de la Unión Europea, ha hecho con motivo del “Día Internacional de Erradicación de la Pobreza”.

Ese informe, que puede consultar quien lo considere oportuno, dice y demuestra la burda mentira de la recuperación que dice el PP que llega a nuestro país.

Eurostat establece el umbral de la pobreza en nuestro país en unos ingresos anuales de 8.011 euros para un adulto solo o de 16.823 para una pareja con dos hijos. Es evidente que quienes están por debajo de esos ingresos ya son considerados pobres.

Los datos publicados señalan que esta España, que según el PP avanza, es el tercer estado de la UE en el que más ha crecido la tasa de personas en riesgo de pobreza. Tan solo ha crecido más que aquí en Grecia y en Chipre.

En nuestro caso el riesgo de pobreza está 5 puntos por encima de lo que estaba en 2008, el año que se inició la crisis. En 2008 la pobreza afectaba al 23,8 % de la población española y ahora afecta al 28,6 % mientras que la media europea es del 23,7. El dato escalofriante es que hemos llegado a los 13,1 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social.

Un dato, todavía más preocupante, es que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social menores de 18 años llega al 34,4%.

En lo referente a las ayudas sociales, algo de lo que no suele hablar el PP, los datos dicen que somos el cuarto país por abajo. Tan solo están por detrás de nosotros Rumanía, Letonia y Lituania por lo que, se concluye, no hay políticas eficaces en materia de protección social.

El informe de Eurostat demuestra otra de las mentiras peperas. El de que el crecimiento ayuda a resolver la crisis. Los datos oficiales dicen que, en el último ejercicio económico, el de 2015, ha habido un crecimiento superior al 3%.

Como hemos venido denunciando, y así volvimos a hacerlo esta semana de lucha y resistencia contra las políticas neoliberales, se produce crecimiento económico a costa de los trabajadores y trabajadoras que ben como se empeora su empleo porque se precariza y se reducen sus salarios. La “receta del PP”, la de crear empleo convirtiendo uno fijo en 2 o tres temporales da estos resultados.

España es el segundo país europeo, por detrás de Grecia, en el que más personas (el 15,4 %) viven en hogares en los que, a pesar de que alguien de la familia trabaja, no llega el salario a fin de mes. El PP ha creado un nuevo tipo de pobre. El trabajador/a que. Aunque trabaja, no cubre con su salario sus necesidades básicas.

Desgraciada y lamentablemente hay que añadir a este despropósito la denuncia de la ONGs que trabajan con niños y niñas que dicen que el 16 % de la población infantil de nuestro país sufre pobreza severa.

Finalizo con una pregunta ¿de verdad quieren convencernos de que lo mejor para este país es que siga el PP otros 4 años?, ¿no seríamos capaces de desenmascararlos si hubiese otras elecciones?.