Memoria, Verdad, Justicia y Reparación es lo que, durante la transición, hemos defendido y exigido cuando reclamábamos responsabilidades por los crímenes franquistas y dignidad para las personas víctimas del franquismo.
El término Memoria Histórica surge después, sobre todo a partir de la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007. Esta Ley, no voy a negarlo, supuso un avance. Está claro que, comparada con el vacío existente, fue un paso adelante y facilitó algunas medidas como retirar calles y plazas de recuerdo de fascistas, abrir la puerta a apoyar económicamente las exhumaciones, reconocer la nacionalidad española a brigadistas internacionales,… pero no resolvió lo fundamental.
Por ello, aunque Izquierda Unida la apoyó en el Congreso, muchos y muchas expresamos nuestro desacuerdo y comprometimos seguir trabajando para resolver las lagunas que esa Ley tenía (tiene porque aun no se ha modificado).
Y no las resuelve porque los problemas vienen de muy atrás, vienen de esa transición pactada que se apoyó en la Ley de Amnistía de 1977. Esa Ley, que no se quiere tocar, formó parte del pacto constitucional que se daría al año siguiente. Esa Ley significaba el blanqueo del golpe de Estado fascista y de todos los crímenes franquistas. Alguien me dirá que exagero, pero inserto aquí lo que dice el artº 1º de esa Ley (pueden verla en el BOE Ley 46/1977 de 15 de Octubre):
Quedan amnistiados:
a) Todos Ios actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis.
Y si nos vamos al artº 2 vemos que:
En todo caso están comprendidos en la amnistía:
 
a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar.
Hoy vemos, y sufrimos, ese empeño, lleno de buenismo en algunos casos, por anular la reclamación de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación y sustituirla por el concepto de la “reconciliación”. Un concepto que no tiene nada que ver con la historia y sí mucho con la defensa de ese pacto constitucional que llevó a la amnistía.
La “reconciliación” está reescribiendo la historia y llega a hacer una interpretación equidistante de lo sucedido. En muchas ocasiones reparte responsabilidades entre las “dos Españas” que se enfrentaron, se destruyeron y que, según afirman, solo han vuelto a encontrarse con la democracia superadora de esa triste etapa. La “reconciliación” habla de “dos bandos” y equipara a un gobierno democrático y legítimo con la rebelión fascista que da un golpe de Estado y provoca una guerra. La “reconciliación” hace que se nos llame “guerracivilistas”, “revanchistas”, “recorosos vengativos”,… a quienes, y asi lo seguiremos haciendo, buscamos Verdad, Justicia y Reparación. Nos quieren hacer ver que es tiempo de pasar página, olvidar y mirar hacia delante. Que todo quedó superado con la Constitución de 1978.
Pero lo cierto, lo objetivo, lo histórico, lo que verdaderamente ocurrió fue una transición que mantuvo todo el aparato y todos los estamentos de la dictadura que, durante 40 años, había tenido el poder absoluto. 40 años violentos, con una represión salvaje. Todo el aparato del nuevo Estado quedó contaminado.
Todo el entramado político, policial, militar, judicial, administrativo y económico del franquismo, convertido ahora en “demócrata”, quedó integrado en el régimen constitucional. Incluso la Iglesia Católica, que había bendecido como “cruzada” el golpe de estado, que había tenido representación en las Cortes franquistas y llevado bajo palio a Franco, se hizo “constitucionalista” y “demócrata”.
Se nos puso un monarca constitucional, que había jurado lealtad a Franco y su régimen y que, de hecho, fue nombrado heredero por el propio dictador en 1969.
Incluso el mal endémico de la corrupción que sufre este país tiene sus raíces en ese sistema caciquil creado por la dictadura y mantenido y alentado por el franquismo.
No, no queremos revancha ninguna, ni reabrir ninguna herida. Tan solo queremos Verdad, Justicia y Reparación.
No nos desanimamos, seguiremos adelante porque sigue siendo necesario que este país, para ser democrático de verdad, condene el franquismo y devuelva a sus víctimas la verdad, la justicia y la dignidad y en ello estamos comprometidos/as.
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Estos días, al hilo de la chapuza que ha hecho el Tribunal Supremo con el tema de las hipotecas, se abre paso el debate de la separación de poderes que, se supone, debe haber en un estado democrático.

Como todo el mundo sabe los tres poderes que deben quedar bien separados en una democracia son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Es más, todo el mundo reconoce que la separación de poderes es el pilar fundamental de la democracia porque garantiza que los tres poderes actúen de manera autónoma y separada los unos de los otros con el fin de equilibrar y limitar la concentración de poder en el Gobierno.

Esa es la teoría de la democracia que se inspira en los postulados que ya desarrollaron John Locke y, posteriormente, Montesquieu.

Pues bien, en España, no hay separación de poderes. Es una falacia largamente mantenida que empieza a ser desmontada por los últimos acontecimientos. El último ha sido el de las hipotecas, pero si damos un repaso a los dos últimos años, no hace falta irse más lejos, veremos como el poder judicial está al servicio del poder político y del económico. Sentencias como las de Otegui, impugnada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, las relacionadas con el proces, los desahucios, los falsos masters y la judicialización permanente que ha hecho el PP de los temas molestos para su gobierno, demuestran la dependencia del poder judicial del poder político.

La propia Constitución, esa que cumple 40 años y a la que desean larga e intocable vida los/as constitucionalistas, supedita el poder judicial al poder político. Eso es lo que le va bien al sistema, eso es lo que durante décadas el bipartidismo que nos ha gobernado cuida y protege, eso es lo que el liberalismo quiere. Disfrazar de democracia lo que es una dictadura del capital.

Así vemos que el Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de Gobierno, se compone del presidente y 20 vocales. Al presidente lo eligen los miembros del Consejo, veamos quien nombra a los vocales que eligen al/la Presidente/a. 12 vocales deben ser jueces y magistrados/as, de los que el Congreso de los Diputados/as propone seis y el Senado otros seis, en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros. Los/as otros/as 8 son abogados/as u otros juristas, de los que el Congreso elige a 4 y el Senado a otros 4 también por mayoría de tres quintos de ambas Cámaras.

Resultado, la composición de los máximos órganos del poder judicial son un reflejo de la composición política del Congreso y el Senado. No hay nadie independiente en el Consejo General del Poder judicial. Por ello, en nuestra “modélica” democracia, una misma mayoría parlamentaria controla los tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

Si la separación de poderes se rompe, la democracia desaparece. Y esto es lo que está sucediendo en España mientras nos entretienen con banderas y homenajes a la guardia civil.

Es uno de más de los argumentos a favor de cambiar la Constitución, de tener una nueva carta magna que, además de garantizar los derechos básicos de la ciudadanía, sea profundamente democrática. Mientras tanto, como muy bien señalaba El Roto, la separación de poderes será un sinónimo de la unión de los poderosos.

Recordarán que, al hilo de la sentencia que decía que los gastos de la inscripción de las hipotecas los pagaban los bancos, salió inmediatamente el Tribunal Supremo a paralizarla invocando “el gran impacto social y económico” que tenía esa medida.
El capital, no se olviden vivimos en un sistema capitalista, movió ficha, la bolsa, esa cueva de intercambios millonarios, que había bajado cuando se conoció la sentencia a favor de la gente, subió inmediatamente en cuanto se conoció la paralización de la sentencia.
Casi nadie habla de ello, pero ayer, la bolsa volvió a subir como consecuencia del triunfo de la ultraderecha en Brasil. Ya ven inversores y accionistas las grandes posibilidades de negocio.
Esta mañana, en la SER, el Presidente de la Asociación de la Banca Española, se permite el lujo de decir que la banca no está para impuestos, que aún no se han recuperado a pesar de los miles de millones de dinero público que les han dado. Ha añadido que si, al final, paga la banca los gastos de las hipotecas, lo pagarán quienes tengan que firmarlas, es decir, al final, la banca gana y pagamos los y las demás.
Ha dicho otra cosa que es, lamentablemente cierta, pero no por eso deja de ser inmoral.
Textualmente ha dicho que” si los bancos no dan los beneficios que esperan los/as accionistas (capitalistas) se irán”.
Dicho esto he buscado datos para saber lo mal que está la banca que “aún no se ha recuperado”  y averiguar que es lo que esperan ganar los/as accionistas. Las hemerotecas me han permitido darlos, aquí van algunos:
– La gran banca gana 14.000 millones en 2017, un 7% más, tras la absorción de otros bancos.
– La gran banca ha ganado 84.000 millones desde el inicio de la crisis
– La cúpula de la gran banca se reparte 77 millones de euros en 2017
– El beneficio del Banco de España en 2017 se eleva hasta los 1.857,9 millones
– Las empresas del Ibex ganan 43.500 millones en 2017, un 16% más
– El Banco Santander ha despedido el 2017 con unos beneficios de 6.619 millones de euros.
Uno ve como está la la gran mayoría social, como sube la pobreza, como pasa frío la gente, como la mitad de la población las pasa canutas para llegar a fin de mes,…. pero, ya lo ven, dicen que “aún no se han recuperado”
Lo indecente, lo inmoral, lo que está falto de toda ética, es que, además,  les parece insuficiente a los/as accionistas que quieren más. Ese más sale, a lo que se ve, de no devolver las ayudas públicas, no pagar impuestos por los negocios millonarios, cerrar sucursales y despedir gente y pasar los costes de sus negocios, que eso son las hipotecas, al consumidor o consumidora.
Pues eso, y mientras tanto hay quien sigue empeñado en decir que el verdadero problema económico de este país es que suba el SMI a 900 €

 

Expresé mis dudas sobre los impuestos y licencias que pagan las empresas de los patinetes eléctricos, esas empresas que se lucran gracias al uso gratuito de nuestras calles y aceras. Hubo quien me hacía ver que, a pesar de todo, era de agradecer que la gente tuviera un modo de desplazarse menos contaminante que el coche.
Ciertamente, los patinetes eléctricos ayudan a una movilidad menos contaminante. Pero aunque así sea, que no lo niego, eso no quita para que pongamos las cosas en su sitio.
En este mundo capitalista que vivimos no tenemos que dejar que, con la excusa de ayudar a una movilidad menos contaminante, se haga un negocio, mucho menos deberíamos dejar que se haga a expensas de la ciudadanía y, mucho menos todavía, que sea a base de la explotación de trabajadores/as.
Sobre lo primero. Estas empresas no tienen sede abierta, no pagan locales, ni alquileres, ni tasas, ni impuestos. Utilizan nuestras calles, las que se mantienen con los impuestos que pagamos los/as ciudadanos/as, por no tener no tienen ni siquiera un almacén o garaje para sus vehículos. Están por la aceras, ocupando espacio y, en ocasiones, dificultando la movilidad peatonal que es mucho menos contaminante que un patinete.
Sobre lo segundo, sobre la explotación de los trabajadores. estas empresas, que no tienen sede, ni local, tampoco tienen trabajadores/as en nómina. Sin embargo, para su negocio, tienen un sistema para asegurar que sus patinetes funcionan cada día.
Recurren a autónomos/as que, como todos/as sabemos, corren con sus gastos sociales, les pagan 5 € por la recarga de cada patinete, recarga que hacen en su casa y que, por lo tanto, va a cargo de la factura de la luz que paga cada autónomo/a. Añadan a esto que el/la autónomo/a que recarga debe ir con su propia furgoneta o coche, con lo que paga también la gasolina o el diesel, y el mantenimiento de su vehículo, y el impuesto de circulación de su vehículo, a recoger los patinetes a recargar para, una vez recargados, con su propio vehículo, volverlos a repartir por las calles y plazas para que estén listos de nuevo para su uso. Por supuesto debes hacer esta operación en horario nocturno que es cuando menos demanda hay del patinete.
Con razón estas empresas llaman a sus recargadores/as “juicer” (exprimidor) porque les exprimen a fondo.
En resumen, unas empresas que tampoco sabemos donde tienen su sede fiscal, gracias a la conciencia ciudadana de intentar moverse de una manera más limpia, hacen otro de los negocios del siglo. Todo beneficios.
Y claro que los patinetes pueden aportar mucho a la movilidad urbana en condiciones menos sucias que las que hay, pero yo no discutía, ni discuto, eso. Lo que pido, y creo que deberíamos pedirlo todos y todas, es que esta actividad se regule adecuadamente, se reglamente el uso, las empresas que se lucran aporten como las demás a las arcas públicas y, de paso, exijo (también creo que deberíamos exigirlo todos/as) que no se “exprima” a trabajadores/as.
De paso, y esto no tiene que ver con los patinetes, hago otra reflexión sobre lo que está pasando con el empleo. Son cada vez más los sectores en los que se implantan empleos basados en eso que ahora llaman “economía colaborativa” que no es, ni más ni menos, que recurrir a la explotación indecente de trabajadores/as a quienes se les exige hacerse autónomos/as para acabar siendo subempleados/as.
Pero, vamos, que ya se que el personal no quiere saber nada de estas milongas. Al fin y al cabo son cosas de rojos que siempre están sacando las cosas de quicio. Con lo bien que van los patinetes, y lo cómodos que son, y lo poco que contaminan.

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Salen a la calle, se quitan las caretas, proclaman sus opiniones y lo dejan claro. Llenaron Vistalegre y bastantes se quedaron en las puertas sin poder entrar.
Discrepo de quienes opinan que “ya han llegado aquí también”, no aquí han estado siempre, por eso se dan medallas a torturadores, por eso hay una justicia machista y patriarcal, por eso hay banderas en los balcones, por eso no se condena oficialmente el fascismo, por eso mantenemos un concordato con la Iglesia, por eso aumenta la xenofobia y el racismo. El fascismo y la ultraderecha han estado, y están, entre nosotros y nosotras.
El problema es que esta democracia de baja intensidad que tenemos, la que se pierde en debates de lazos y banderas, la que hace una política de gestos y declaraciones en vez de hechos y resultados, la que solamente resuelve los intereses de las clase altas, es puerta abierta a los populismos y del populismo al fascismo solo hay un paso.
En los discursos que lanzaron a su enardecido público había mensajes contra el aborto y a favor de la familia, hubo llamadas a la deportación de inmigrantes, compromisos de derogar leyes, “de comunistas y progres”, como las de Violencia contra la Mujer y la de la Memoria Histórica, llamadas a la grandeza y unidad de España suspendiendo las Autonomías, vivas a la Guardia Civil y a la Policía,…
Vamos, toda la lista de proclamas que marcan los manuales del populismo y del fascismo.
No entiendo a quienes minimizan el dato, a quienes dicen que no hay que preocuparse porque son una minoría. Bueno, lo cierto es que la ultraderecha avanza, en todas partes, y aquí también. Los ataques a rojos y progres eran previsibles, los lanzados a favor de recortes y derechos son normales en la ultraderecha, los lanzados al PP (derecha cobarde) y a Ciudadanos (veleta naranja) buscan la simpatía de las alas más reaccionarias de la derecha. Todo sigue el guión.
Eso sí, el padre de todos los problemas, la gran preocupación es Cataluña y la guerra de lazos y banderas.
¿Cual es el problema?, pues que como estamos viendo en muchos países, el último Brasil, hay auténticos fascistas, que llegan, y se instalan, aplaudidos por sus propios seguidores, aupados por campañas en medios de comunicación y redes sociales y, sobre todo, votados por millones de “apolíticos/as” que reniegan y maldicen la política, que no participan en nada, que no entienden nada, que no les importa nada, pero que votan y deciden y pueden llevarles al Gobierno.
Y vale, ya han llegado, y hay y habrá cientos y miles de tw y de entradas en face de indignación y cabreo, seguro que habrá alguno también de autocrítica (necesaria en la izquierda), pero…. ¿lo entendemos y nos organizamos para que la cosa no vaya a peor, o seguimos mirándonos el ombligo y poniendo pelos a las calaveras?
Recordamos, más allá de los dimes y diretes que provocan los lazos y las banderas, que hace muy poquito el Gobierno Español, el actual, el de Pedro Sánchez, “anunció” que no vendería a Arabia Saudí las bombas que el anterior gobierno, el de Mariano Rajoy, había comprometido.
Luego, como recordarán, el actual gobierno, el de Pedro Sánchez, dijo que nada, que las bombas iban para allá. Hubo algún impresentable y cínico socialista que afirmó que no nos preocupáramos, que como eran “bombas inteligentes” sabían donde caer y no provocarían esos daños sobre civiles que las bombas “tontas” provocan. No se ese inteligente socialista para que narices se cree que son las bombas, tanto las “listas” como las “tontas”.
Recordarán, también, que el Gobierno Español actual, el de Pedro Sánchez, decidió mantener todos los contratos de ventas de armamento a Arabia Saudí que había contratado el anterior, el de Mariano Rajoy. Nos hablaron de la necesidad de respetar los acuerdos, de empleo y, sobre todo, de los miles de millones que estaban en juego si los (me resulta muy complicado aquí poner /as porque son ellos, los machistas saudíes los que deciden) saudíes se enfadaban.
En esos miles de millones van, además de los de la construcción de las fragatas de guerra, los que se embolsan las empresas españolas del IBEX que hacen cosas como los AVE allá por aquellas tierras.
Bueno, pues ayer, los socialistas españoles, los de Pedro Sánchez, votaron en el europarlamento a favor de que se “exija a los gobiernos de la UE que dejen de vender armas a Arabia Saudí”. La iniciativa de pedir a los países no vender más armas a Arabia Saudí ha salido adelante por 353 votos a favor, 217 en contra y 33 abstenciones. Los populares españoles, los de Pablo Casado, han dejado clara su posición a favor de seguir vendiendo armas a Arabia Saudí y han votado en contra de la demanda, mientras que los del PSOE la han apoyado.
Bien, me parece muy bien la decisión del Europarlamento. Pero…. ¿que va a hacer el actual Gobierno Español?, el de Pedro Sánchez.

¿Nos van a sorprender y van a romper los contratos de armamento con los saudíes?
¿No piensan hacer ni puñetero caso a lo que Bruselas dice y van a seguir vendiendo armas a Arabia Saudí?.
¿Son muy cínicos votando en Europa lo contrario de lo que aquí hacen?.

 

No lo podrán hacer ni las dos niñas ni las dos mujeres asesinadas ayer.
Ayer, puede que hoy también, fueron noticia estas mujeres muertas, niñas y mujeres que el machismo asesino se ha llevado por delante. Ayer, puede que hoy también, hemos visto minutos de silencio, lutos oficiales, mensajes de condolencia, actos de denuncia y repulsa contra esta sociedad patriarcal que no termina de asumir que hay que erradicar el machismo.
Y ese es el problema. No se quiere reconocer que este es un país machista.
Los 40 años del franquismo han adoctrinado sobre el desprecio a la mujer, sobre el menos precio de lo femenino. La transición, esa que mucha gente califica de modélica, no ha cambiado esa doctrina y eso hace que una gran mayoría de la población, sea machista. Lo son muchos, demasiados, hombres y lo son, también, mujeres.
El machismo esta presente en nuestras instituciones, en la judicatura, en los colegios e institutos, en las calles, en los medios de comunicación,… 
Lo está porque el machismo es más que una actitud, es una forma de entender el mundo, es una ideología presente en la sociedad, presente en nuestras vidas.
El machismo es excluyente, porque desprecia a la mujer. Es intolerante, porque impone su superioridad a quien considera inferior. El machismo es una expresión más de esa ideología fascista, la que repunta para nuestra vergüenza, que se apoya en la superioridad, en este caso sobre el género femenino, pero es la misma expresión de esa ideología fascista que se apoya en la superioridad y pureza de una raza, de un sexo, de una especie, de un color o de una clase social sobre todo lo demás.
Este es un país machista. Lo demuestra incluso el CIS, esa encuesta de la que hablamos tantas veces. A pesar de que van casi 1000 mujeres asesinadas desde que hay datos oficiales, de que van 27 niños/as asesinados/as, de que hay más de 200 huérfanos/as, de que aumenta la violencia sexista contra las jóvenes, a pesar de episodios vergonzantes y vergonzosos de la judicatura como fue la sentencia de la manada,… según el CIS las principales preocupaciones de españolitos y españolitas son, por este orden, el paro, la corrupción, los políticos, los problemas económicos, las pensiones, la independencia de Cataluña.
La pregunta 11 del CIS, la que pregunta por los principales problemas, demuestra la realidad. La violencia contra la mujer es el primer problema para un 0,4 %, es el segundo para un 0,8 % y el 3º para el 0,6 % de la población.
Por supuesto, y como siempre, #NiUnaMenos, pero nos queda mucho por hacer, por reclamar, por exigir, por educar.
¿Cuando empezamos en serio?, ¿Cuando se ponen en marcha medidas políticas, judiciales, educativas, sociales,…. que acaben con el machismo?

No, hoy no escribo sobre esas motos que, a nuestro cargo, han “rugido” en Alcañiz.
Me refiero a esas que nos venden para decir las cosas que hacen, o van a hacer, cuando todos y todas saben, y si no lo saben es que son unos/as irresponsables, que no pueden hacerse.
Viene esto al hilo de ese debate que nos han lanzado sobre el cambio de la Constitución para quitar el aforamiento a políticos. Otro día hablaré del aforamiento, vaya por delante que soy total y absolutamente partidario de que desaparezcan los aforamientos, pero hoy me interesa más demostrar lo inútil de este debate.
Nos dicen, y esa es la única verdad, que para eso hay que cambiar la Constitución. Salen los independentistas y dicen que solo apoyan si, de paso, se introduce el derecho a un referéndum de autodeterminación (como he publicado en más de una ocasión, no soy independentista, pero soy partidario de que pueda hacerse ese referéndum) y sale Unidos Podemos diciendo que solo apoya si se incluye la inviolabilidad del rey (como también es conocida mi posición no la reitero).
Es decir que soy partidario de reformar la Constitución, de acabar con los aforamientos, de que se puedan celebrar referéndums, de que se acabe con la inviolabilidad del Rey y que, de paso, este país deje de ser una monarquía.
Dicho esto pongo los pies en la tierra. Hoy en día es imposible cambiar la Constitución, salvo proceso revolucionario que, la verdad, no veo por ningún sitio o, cambio radical del voto ciudadano en las urnas.
Es imposible porque para cambiarla, tal y como dice la propia constitución, hace falta mayoría de 2/3 en el Congreso y en el Senado y, queridos/as, os recuerdo cual es la composición actual.
Nos “venden” la moto de pretender demostrar que hay “reformas exprés” de la Constitución, y nos ponen como ejemplo el reformazo del Artº 135 que propuso Zapatero y apoyó Rajoy. Poca memoria deben tener algunos/as. En aquel tiempo (Agosto de 2011) entre PSOE (169 escaños) y PP (152 escaños) tenían más de los 2/3 requeridos.

No se pudo someter a referéndum porque la propia constitución, esa que para cambiarla hacen falta las mayorías que señalo más arriba, hace falta un 10% de diputados/as que lo soliciten, y en aquel entonces, tan solo había 29 escaños que no eran de PSOE y PP. No llegaban a los 35 requeridos para ese 10 % que habría posibilitado someter a referéndum el reformazo que nos metió en la senda austericida y que todavía está y nadie parece tener intención de cambiar.
Pedro Sánchez sabe que no va a haber reforma de la Constitución y, una vez más, nos lanza una cortina de humo. Pero también la lanzan los/as independentistas que saben que, hoy en día, la Constitución (la que no hay manera de cambiar salvo proceso revolucionario) se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, literal.
Sale también, y eso me molesta más, Unidos Podemos pidiendo que se “quite la inviolabilidad del Rey”. Lo que ocurre es que la Constitución que tenemos vigente (la que, una vez fracasado el asalto a los cielos, no se puede cambiar salvo proceso revolucionario o vuelco radical en las urnas a favor de quienes defendemos la “ruptura con el régimen), tiene el Título II de la Constitución relativo a la Corona que incluye la inviolabilidad del Rey.
Una pena el nivel, de verdad. Debates políticos basados en propuestas demagógicas, en mentiras, cuando menos medias verdades, sirven para tapar la inacción ante los graves problemas que siguen afectando a la mayoría social de este país.

Nueva subida de la luz, nuevo record, la prometida reforma del sistema no llega, el oligopolio eléctrico sigue haciendo su negocio y la pobreza energética llama a la puerta de 2,5 millones de hogares.
Ayer, el Gobierno, a través de la Ministra para la Transición Ecológica, anunció medidas para rebajar la factura eléctrica.
Dos medidas anunció. La primera anular un impuesto. Cierto que eso rebaja lo que pagamos los/as consumidores/as, pero esa medida, también, rebaja los ingresos del estado y repercute en la sanidad, la educación, las prestaciones sociales. En definitiva, esa medida sigue siendo a cargo de todos y todas. Quitamos un impuesto pero las eléctricas siguen ganando los mismos millones. Siguen con su negocio.
Quizá nadie se acuerde, pero este impuesto que anuncia que va a quitar el Gobierno de Pedro Sánchez lo recurrieron las eléctricas y el PP se comprometió a retirarlo. En definitiva esta medida “estrella” sirve para contentar a las eléctricas y a la derecha casposa, por eso saldrá adelante. Es otra más de esas medidas que anuncia el Gobierno del PSOE, que disfraza de carácter social, pero que no molesta a los mercados, ni a las grandes empresas.
La segunda potenciar los bonos sociales. En principio suena bien, pero el proceso es tan farragoso y los requisitos tan exigentes que el bono social, en estos momentos, tan solo llega a 600.000 hogares cuando los datos del propio gobierno señalan que hay 2,5 millones de hogares en riesgo de pobreza.
Lo cierto es que, estos dos anuncios, presentados forzados por el escandaloso precio de la luz, no resuelven nada.
Es verdad que supondrá una rebaja de entre el 2,5 y el 4 % pero el precio de la luz ha subido un 19% en el último año.
Los datos señalan que esta espectacular subida se ha acentuado en los 14 días de Septiembre.
La diferencia del precio de la luz entre agosto de 2017 y agosto de 2018 fue de un 11 % más, pero en estos momentos la diferencia entre el precio de la luz entre Septiembre de 2017 y Septiembre de 2018 ya es del 19% más. Es decir que en 15 días la luz, en relación con hace un año, ha subido un 8% más.
El recibo de la luz puede rebajarse, podemos dejar de tener una de las tarifas eléctricas más caras de Europa, pero para hacer eso hay que plantar cara a las grandes empresas eléctricas, a esas que abren sus puertas giratorias, a esas que negocian con un bien esencial. Eso se llama recuperar el control público sobre el sector energético. Tan solo desde el control público se pueden implementar tarifas sociales, potenciar y desarrollar el autoconsumo, aplicar una fiscalidad justa y redistributiva (en estos momentos la electricidad está gravada con un 21% de IVA y la paga igual quien la usa para calentarse que quien la usa para ese despilfarro energético que son los centros comerciales), acabar con la pobreza energética y acabar con ese gran negocio que hace el oligopolio enérgético que hay en este país.
Lo tengo muy claro. La electricidad es un bien esencial y su acceso debe estar garantizado. Hacer negocio y engordar los dividendos de los/as accionistas es incompatible con el derecho que tenemos.

Master por aquí, master por allá, yo plagio, tu copias, el/ella no va a las clases,…. Colas de periodistas para leer una tesis que, hasta ahora, a nadie le ha importado.
El festival es una novela por entregas, hoy el de esta, mañana el de este, pasado,……. Morbo servido, tertulias calientes, debate político y social que, en definitiva, es un no debate puesto que los masteres hacen de árboles que no dejan ver el bosque.
Nadie va al fondo. Una de las consecuencias del Plan Bolonia, radical y chavista llegaron a llamarme cuando como Portavoz de IU dejaba clara nuestra oposición, era ésta. Segregar y discriminar en función de la “titulitis universitaria”, en función de las “capacidades académicas certificadas”. El problema era que a esa titulitis se llegaba con un importante gasto económico que, como se ha demostrado, endurecía el camino para las clases populares y abría puertas y ponía alfombras a las clases más altas, a esa sociedad VIP destinada a dirigir el gobierno, la economía y las grandes cuestiones sociales.
Se hizo asumir a la sociedad que sin títulos y masteres no se llegaba a ningún sitio. Para triunfar hay que tener títulos, la vergüenza, la moral, la honestidad, la honradez, la capacidad,…. bueno, estas cosas, eran secundarias, lo importante eran los títulos y diplomas.
El Plan Bolonia abría, también, la puerta a cortijos personales y, como se vuelve a demostrar, a chiringuitos especializados en “fabricar” masteres y titulaciones que, lejos de con el esfuerzo personal, se pagan con prebendas, privilegios, tratos de favor y vaya Vd. a saber con que otras cosas todavía más indecentes.
La clase VIP, los y las de siempre, han tenido resueltos los problemas que, generalmente la mediocridad, les causaba en sus “carreras profesionales”. Los masteres y los títulos que a las clases trabajadoras les cuestan esfuerzo y sacrificio, además de un importante coste económico, a ellos y ellas les podían llegar en función de su posición social y económica, posibilidad a la carta de hacerlos en casa, sin pisar un aula.
Pero nadie cuestiona este modelo universitario que, además de ser segregador, produce estas indecencias.
Nadie se preocupa tampoco de algo que, a mi juicio, es importante y peligroso. Se supone que los expedientes universitarios y académicos, que los trabajos internos de la Universidad, responde a unos protocolos y a unos controles que protejan los derechos de las personas. ¿Ese protocolo permite filtrar a la prensa y medios de comunicación los expedientes y trabajos del alumnado?, ¿se pueden filtrar datos y expedientes académicos?, ¿se hace lo mismo con los currículos y masteres de todo el mundo?, porque la prensa, con el nivel de morbo al que ha llegado se interesa por los masteres tramposos pero puede que el mercado, la banca, los poderes económicos,… también sientan interés en conocer la trayectoria, trabajos, notas y resultados. La duda que surge enseguida, al menos a los “radicales chavistas”, es si estas cosas pasan y contribuyen a la “selección natural” de las clases dominantes porque….. ¿alguien garantiza que al igual que dan información a la prensa no la den también a las empresas del IBEX?.
Porque vamos, vale que se ha pillado a gente tramposa y mentirosa, pero ….. ¿es muy honesto quien filtra?.
Con mi recuerdo y reconocimiento de Forges