Hace 89 años que se proclamó la II República en España. Hoy es un día para rendir homenaje a quienes creyeron en el futuro y lucharon por la igualdad, la justicia y la libertad. La II República hizo realidad un sueño: un país capaz de ser mejor, de ser justo, de ser solidario, de ser democrático.
Quienes defendemos una España Republicana mantenemos el compromiso de lucha por la democracia y la modernidad, por la libertad y la justicia, por el progreso y la igualdad, por los derechos de todos y todas. Seguimos luchando por los valores republicanos y por una sociedad mejor, más libre y más justa. Seguimos luchando por el futuro
Fueron miles y miles de aragoneses y aragonesas quienes celebraron el 14 de Abril de 1931 como un día alegre y saludaron y apoyaron un nuevo sistema político democrático, basado en los principios de la igualdad, la solidaridad y la Libertad. Reivindicamos esa memoria que hoy, igual que ayer, es sistemáticamente negada. La derecha, en Aragón y en Madrid, no quiere recuperar la memoria y la dignidad de quienes defendieron la Constitución, la Libertad y la Democracia.
La II República, y quienes la defendieron, tienen derecho a existir y a formar parte de la historia democrática de este país. Es una deuda que tenemos con ellos y con ellas y es una deuda que tenemos que saldar.
Hoy, y la dramática situación que vivimos lo pone en evidencia, son más necesarios que nunca los valores republicanos. Solamente habrá una salida social si son los valores de la fraternidad, de la solidaridad, de la igualdad y de la justicia los que dirigen la acción pública, la acción política y la acción social.
República no es sólo el debate sobre lo absurdo de una monarquía, por otra parte impuesta por una dictadura y claramente corrupta, o lo democrático de la elección de la Jefatura del Estado. República es un sistema avanzado de democracia, justicia y libertad. Cuando defendemos los valores republicanos apostamos por un Aragón, y un estado, más moderno, menos conservador y más emprendedor. Por un Aragón, y un estado laico, donde la identidad religiosa sea libremente desarrollada por cada individuo. Por un Aragón, y un estado, culto impulsando la educación y la cultura como elementos fundamentales para una sociedad crítica, libre y participativa. Por un Aragón, y un estado, igualitario, donde sea efectiva la redistribución de la riqueza, se universalicen los derechos sociales y ciudadanos y donde toda persona pueda ser libre porque tiene atendidas sus necesidades básicas como derecho de ciudadanía.
Pero sobre todo por un Aragón, y un estado, más democrático
Hoy, por primera vez, no saldré a la calle a manifestarme por la República, pero hoy, como siempre, pondré el himno republicano y como siempre, pero hoy más que nunca, gritaré ¡¡Salud y República¡¡

Lamentable, bochornoso e indecente espectáculo el que dio la “leal” oposición ayer en el Congreso. Por si había alguna duda ayer demostraron, con cámaras y taquígrafos/as, lo mezquina y rastrera de su posición intentando aprovechar el drama colectivo que vivimos todos y todas con esta que nos ha caído encima.

No merecen más comentario tan ruines posiciones. Sí que escribo sobre pactos. Ayer, como lo venimos oyendo durante la última semana, Pedro Sánchez insistió en reclamar un gran acuerdo, un pacto, y recurrió al ejemplo de los que se firmaron en 1977, a los Pactos de la Moncloa. Vaya por delante que soy total y absolutamente partidario del acuerdo. Pero aporto una reflexión, un recordatorio más bien.

Recuerdo aquellos tiempos. 1977, Octubre, no teníamos todavía la Constitución. Aquellos pactos aportaron indudables mejoras. Trajeron el derecho de reunión y manifestación, la libertad de expresión, la pluralidad de la prensa, la desaparición de la censura, quitaron del código penal el adulterio y el amancebamiento, legalizaron los anticonceptivos… Ciertamente, muchas de las luchas y reivindicaciones contra el franquismo, mantenidas en años de lucha clandestina, de huelgas políticas y de jugársela en manifestaciones, asambleas y movilización ciudadana, quedaron recogidas. Era tanta la necesidad de libertad, de derechos, que aquello se vivió como una salida de la noche negra, como una llegada de la democracia. Aquellos años nuestra lucha era clara, Libertad y Amnistía. La Amnistía nos dicen que había llegado gracias a la Ley de 1977,  de unos días antes de la firma de los pactos. Cierto que esa ley sacó a la calla a las gentes de izquierda que estaban presos y presas por sus ideales, por su convicción democrática, por su oposición al régimen franquista. Pero esa ley también aseguró la impunidad del franquismo que aún sigue vigente. La libertad, pues bueno, que quieren que les diga, aún tenemos la Ley Mordaza vigente, pero ciertamente, llegaron libertades muy queridas con aquellos pactos que, como salíamos de una dictadura fascista, eran muy importantes y reivindicados.

Pero los Pactos de la Moncloa, además de esta vertiente política, tenían un fuerte componente económico.

Los Pactos de La Moncloa, por eso, porque hubo dos, se pone el plural, incluían dos acuerdos, uno, económico y otro, político. Del político ya he hablado. El político es el que más se conoce, el que más se recuerda, y se habla de este acuerdo porque es el que se toma como referencia para sacralizar esa “modélica” transición que siempre se invoca.

La vertiente económica tenía una serie de medidas de ajuste para estabilizar una economía muy dañada por el impacto de la crisis del petróleo (los amigos saudíes habían hecho de las suyas). El paro había crecido en un millón de personas, la inflación interanual superó el 30% y la peseta había tenido que ser devaluada en julio.

El peso del ajuste, como ahora, y como siempre, cayó sobre la gente trabajadora. El Pacto económico reguló, impuso, que la revisión salarial fuese en función de la inflación prevista (no de la pasada), para 1978 se fijó en el 22 %. Esto significaba perder de hecho la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo, vamos lo mismo que hemos vivido en la última crisis. Pero, además, el Pacto establecía, por primera vez, la posibilidad de la contratación temporal y el despido libre (aunque solo podía aplicarse al 5 % de la plantilla). La parte económica del Pacto de la Moncloa abrió la puerta al liberalismo. Impuso el modelo liberal. Y lo hizo en nuestro mercado laboral que, como consecuencia del franquismo no tenía consolidados los derechos laborales y sociales, ni contaba con unas organizaciones sindicales organizadas porque salían de la clandestinidad, el modelo liberal.

Ya se que aquellos pactos, con mucho debate interno, los firmó la izquierda. No entro a juzgar esa decisión porque no es el momento, ni voy a caer en lo que tanto critico del “había que…”. Se firmaron y, como militante de la izquierda, asumo la historia. Me limito a recordar, ahora que tanto se habla de los Pactos de la Moncloa, lo que fueron porque, lamentable y desgraciadamente, este país tiene muy mala memoria.

Por cierto. Conviene recordar que el acuerdo político, el que abría la puerta a las libertades democráticas NO lo firmó la Alianza Popular de Manuel Fraga (ancestros de la derecha más rancia y casposa actual) que, sin embargo, SI firmó el económico. Saquen sus conclusiones.

Está claro, para salir de esta, necesitamos un pacto. Por las intervenciones de ayer me da que la derecha, la ultra y la más ultra, no quieren saber nada que no sea desgastar y hundir al Gobierno. No soportan que haya ministros/as de Unidas Podemos. No quieren pacto alguno que no responda a sus rastreros intereses.

Pero necesitamos un acuerdo. Dicho esto creo que debe ser muy diferente del que se firmó en 1977. A pesar de que es manifiestamente mejorable, estamos en una democracia y no hay que salir de un régimen fascista que estuvo fusilando y asesinando gente hasta 1975.

No creo que sea el momento de plantear un pacto para salvar al sistema, para volver a las políticas que nos han llevado a la recesión, al desempleo y al desmantelamiento de los servicios públicos. Nos la estamos jugando. Hay que “acordar” una salida de la crisis basada en la creación de empleo digno, en los derechos sociales, en los servicios públicos, en la Reforma Fiscal necesaria para asegurar el estado social de derecho, en la recuperación del control, del estado de sectores económicos e industriales estratégicos, en la defensa de la Democracia.

Este es el pacto que necesitamos y no reeditar los Pactos de la Moncloa que, como siempre, descargaron el peso de la salida de la crisis en las espaldas de trabajadores y trabajadoras.

Imagen para el recuerdo.

El JEMAD (Jefe de Estado Mayor de la Defensa) dice que «En esta guerra irregular y rara que nos ha tocado vivir, o luchar, todos somos soldados».
Es comprensible que un jefazo, lleno de medallas, estrellas y galones, se crea que todo en este mundo gira en torno al militarismo y a sus valores.
Poco a poco, una vez más con la ayuda de los medios de comunicación y el refuerzo de ese mundo virtual de las redes sociales, nos están metiendo por ojos y orejas que estamos en “una guerra”, que en este momento dramático que vivimos deben primar los valores de la disciplina, el espíritu de servicio, el valor y la “moral de victoria”. Insisten en que “vamos a vencer”. Todo ello forma parte del ideario y del imaginario militar.
Yo me niego a ser militarizado. No soy un soldado. No es cierto que el problema se resuelva con el ejército y el militarismo.
Yo, como muchísima gente, no cumplo el confinamiento por disciplina, sino por responsabilidad y solidaridad. Ni me siento un “héroe” luchando contra un malvado enemigo, Se, como los y las demás, que saldremos de esta, pero no porque hayamos hecho una hazaña bélica, sino porque acabará la epidemia gracias al aislamiento, a pesar de esa gente irresponsable e insolidaria que lo rompe,  y la medicina.
No son los valores del militarismo los que están ayudando en esta crisis. Son los valores de la solidaridad y el apoyo mutuo ciudadano (no hay más que ver ese espacio de relación y apoyo social que son los balcones y ventanas y las redes de apoyo ciudadano que está tejiendo la sociedad civil).
No me gusta ese lenguaje militarista de “estamos en la primera línea de combate contra el virus”. Quienes más directamente se enfrentan al COVID 19 no son militares. Es el personal sanitario, el personal de limpieza, el personal que atiende el suministro y venta de los productos básicos, son transportistas, son los trabajadores y trabajadoras que van, y vienen, de su centro de trabajo. Son esos y esas trabajadores y trabajadoras que aplaudimos cada tarde, que hacen su trabajo, que asumen el riesgo, que mantienen la sonrisa y la dignidad, a pesar del miedo al contagio, a pesar del miedo a llevar a sus casas, y a su familia, a sus hijos e hijas, a su compañero o compañera el virus, y lo hacen con dignidad, con profesionalidad y con mucho compromiso. Lo hacen, además, sin los equipos de protección que vemos lucir a los militares cuando desinfectan nuestras calles, y no digo que los militares no deban ir equipados, sino que digo que el resto de personas expuestos/as al virus deberían llevarlos también.
No me gusta el militarismo, no me gustan los ejércitos. No dejo de pensar en como podríamos afrontar esta emergencia si no tuviéramos un gasto militar que es el doble que el sanitario (veanse PGE de 2019). Estamos viendo como el gasto en defensa no sirve para nada cuando es un virus el que amenaza nuestras vidas y nuestra economía.
No caigamos en el error de asumir el militarismo como solución, porque esta crisis pasará, pero el discurso militarista seguirá, y no podemos permitirnos que queden instalados sus valores en nuestra sociedad.
Y recuerda #QuédateEnCasa

Desde donde estés, compañero Luis, seguro que hoy te alegras de esta noticia.

Hoy empieza el trámite parlamentario una Ley que debería significar, después de pasar por la Comisión de Sanidad, por el pleno de la cámara baja y por el Senado, la despenalización de la eutanasia en este país. Una Ley que dará al suicidio, y al suicidio asistido, una protección legal que incluso se incluirá en el Sistema Nacional de Salud.
Es otra propuesta del Gobierno progresista que, para cabreo de la derecha ramplona, tenemos.
Es una ley que habla de derechos, de derechos fundamentales de la ciudadanía, de los dos más inviolables que tiene todo ser humano, como son el de la vida y el de la libertad.
Ese doble derecho, inalienable, cuando el de la vida está gravemente afectado por unas condiciones de salud extremas e irreversibles; cuando la enfermedad nos aboca a situaciones de insoportable dependencia que es, además, invalidante; cuando la existencia depende de medios extraordinarios, o de estar conectado/a a máquinas de supervivencia; cuando se está sometido/a a estados vegetativos,… debemos ser honestos. En estos casos ¿estamos procurando por la vida? o ¿estamos prolongando innecesariamente la agonía?.
En función del derecho de libertad, la persona afectada debe tener derecho a elegir una muerte digna. Este derecho es inseparable del derecho a una información veraz y rigurosa que, ante una situación irreversible o terminal, permita decidir con el necesario conocimiento de causa si decidimos morir, si renunciamos libre y voluntariamente a una no deseada prolongación de nuestra existencia. Y aquí viene el derecho a morir con la misma dignidad con la que se ha vivido, derecho que significa decidir el momento de nuestra propia muerte con la misma autonomía que hemos tenido en nuestra vida. El concepto de morir dignamente, así como el de ayudar a morir dignamente, debe ser entendido como el respeto a la persona en la elección de cuándo morir.
Los centros sanitarios, especialmente los públicos aunque la ley debe obligar a todos, deben garantizar el acompañamiento familiar en estos casos, una adecuada atención a la persona enferma, tanto en lo que se refiere al dolor como en lo referente a cuidados paliativos, recogiendo la posibilidad de prestarlos en el centro sanitario o en el domicilio, siempre respetando la decisión libre y personal de la persona enferma o, en el caso de que no pueda decidir o no esté en condiciones de hacerlo, de sus familiares y allegados.
Mal que les pese a los curas y a esos espacios que el nacionalcatolicismo tiene todavía en nuestra sociedad, la vida es un fenómeno natural, no es un misterio trascendente ni es un regalo divino, como quieren hacernos creer desde los púlpitos. La muerte es un acto más, el último, de nuestra vida. De la nuestra
Las personas somos los únicos dueños de nuestra vida y por eso somos los únicos dueños de nuestra muerte. Esta ley, espero que salga adelante, obligará a respetar la dignidad de las personas moribundas, protegerá la voluntad de morir voluntariamente y con la debida atención de aquellas personas que, como pacientes, no quieran estar vivos sin poder vivir.
Defiendo una muerte digna y morir dignamente es más que morir libre de dolor, es más que disponer de los analgésicos y tranquilizantes necesarios. Morir dignamente es el último derecho que debemos y que podemos ejercer.

Morir dignamente es un derecho, y como tal debemos reivindicarlo.

Tenemos derecho a decidir sobre nuestra muerte, porque forma parte de nuestra vida.

El caso de María José y Ángel, conocido en estos últimos días, ha devuelto al debate público la necesidad de una Ley de Eutanasia

Dos de los derechos más inviolables que, como personas, tenemos son el de la vida y el de la libertad.

Precisamente por ese doble derecho, inalienable, cuando el de la vida está gravemente afectado por unas condiciones de salud extremas e irreversibles, cuando la existencia depende de medios extraordinarios, o de estar conectado/a a máquinas de supervivencia, o sometido/a a estados vegetativos, debemos ser honestos y resolver un dilema. En estos casos ¿estamos procurando por la vida? o ¿estamos prolongando innecesariamente la agonía?.

Es entonces cuando, en función del derecho de libertad, la persona afectada debe tener derecho a elegir una muerte digna. Este derecho es inseparable del derecho a una información veraz y rigurosa que, ante una situación irreversible o terminal, permita decidir con el necesario conocimiento de causa si decidimos morir, si renunciamos libre y voluntariamente a una no deseada prolongación de nuestra existencia. Y aquí viene el derecho a morir con la misma dignidad con la que se ha vivido, derecho que significa decidir el momento de nuestra propia muerte con la misma autonomía que hemos tenido en nuestra vida. El concepto de morir dignamente, así como el de ayudar a morir dignamente, debe ser entendido como el respeto a la decisión de la persona que elige cuándo morir.

Asegurar la plena dignidad de la persona en todo su ciclo de vida nadie lo discute, ¿por qué discutir su derecho sobre su propio proceso de muerte?.  Una Ley de Eutanasia, de Muerta Digna, es necesaria en un estado democrático porque desarrolla derechos y determina deberes. Debe regular, y garantizar, derechos de la ciudadanía, derechos del paciente, y deberes del personal sanitario, atribuyendo obligaciones, también, para las instituciones sanitarias, tanto si son públicas como si son privadas. Debe regular todo lo referente a la obligación del personal sanitario de dar la información adecuada, una información que debe quedar recogida y reflejada en la historia clínica. Debe garantizar el respeto hacia las preferencias del paciente, bien si las ha expresado mediante consentimiento informado o mediante testamento vital y debe asegurar, cuando así lo ha decidido, la ayuda necesaria para morir dignamente cuando el o ella lo decida.

Debe obligar a que los centros sanitarios garanticen el acompañamiento familiar en estos casos, una adecuada atención a la persona enferma, tanto en lo que se refiere al dolor como en lo referente a cuidados paliativos, recogiendo la posibilidad de prestarlos en el centro sanitario o en el domicilio, siempre respetando la decisión libre y personal de la persona enferma o, en el caso de que no pueda decidir o no esté en condiciones de hacerlo, de sus familiares y allegados. El derecho de cada persona afectada está por encima de cualquier objeción de conciencia de los/as profesionales o de criterios médicos que prolongan la vida a una persona cuando ésta ya no tiene opciones de recuperarla en plenas condiciones y, también, por encima de las opiniones de la Iglesia católica o cualquier otra confesión.

Las personas somos los únicos dueños de nuestra vida y por eso somos los únicos dueños de nuestra muerte. Tenemos derecho a vivir, y se vive cuando se siente, cuando se ama, cuando se habla, cuando se huele, cuando se besa y abraza,…. no cuando se respira únicamente, no cuando se está conectado/a a un aparato.

Morir dignamente es más que morir libre de dolor, es más que disponer de los analgésicos y tranquilizantes necesarios. Morir dignamente es el último derecho que debemos poder ejercer.