O las dos cosas. Hablamos de lo que quiere el FMI para España. Menos salrios y más reformas laborales.

Por supuesto, no vayamos a liarla, me refiero al FMI (La Sra. Lagarde, su directora, cobra 324.000 € al año libre de impuestos), al  vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Ollie Rehn que le parece bien la propuesta, al Presidente de Mercadona (Sr.Juan Roig) que dice que hay que seguir el modelo chino, al Sr.Rosell que quiere contratos por debajo del Salario mínimo, a Rajoy, Rudi, Cospedal  y toda esa “presunta” cuadrilla que aplica las recetas que manda el FMI.

La última, ya la sabemos: Rebaja salarial del 10 % para crear empleo y otro “retoque” a la reforma laboral.

Se es sádico, bueno diré “presunto sádico” cuando se disfruta con el dolor y sufrimiento ajeno. Sólo “presuntos” sádicos pueden proponer más hambre, miseria dolor y sufrimiento a quienes, sin ser los causantes, están siendo las víctimas de esta estafa que es la crisis y ya están sufriendo y pasándolo muy mal.

Se es prevaricador, también diré “presunto prevaricador” cuando se toman decisiones sabiendo que van causar daño. Eso hace toda esta “presunta cuadrilla de indeseables” que siendo conscientes de que sus “recetas” nos han llevado a 6 millones de parados y paradas, a que ya se haya perdido más de un 13 % de media de masa salarial, a que la rebaja de las retribuciones haya sido del 22 % en los tres últimos años y a que no haya más que empleo basura precario y temporal,  perseveran y siguen  tomando decisiones que joden la vida a millones de trabajadores y trabajadoras.

¡¡Hay que echarlos cuanto antes¡¡

Con permiso de Forges

Este fin de semana, el Sr.Rajoy, ha declarado nada más y nada menos que España va bien. ¡¡La hostia¡¡. ¿Se ha enterado en qué país vivimos?. Una de dos, o vive en una burbuja, o es un cínico desalmado. Justifica esa afirmación en los datos del desempleo del último mes. Es verdad que hay menos parados y paradas inscritos e inscritas en el desempleo. Es verdad, también, que 9 de cada 10 de est@s nuev@s trabajador@s, dentro de 60 días van a estar otra vez en las filas del desempleo.

Algunos de esos «nuevos empleos» se deben a condiciones laborales como las que vemos en esos miles de anuncios de «ofertas» de trabajo. Pongo como ejemplo esta que cita Publico: «Se precisa recepcionista Freelance para atender centralita desde casa, preferiblemente chica, para empresa call center. Se exige título de ESO y dos líneas de teléfono en casa. Contrato de autónomo. 450 euros brutos. Jornada completa» y con esos 450 € te pagas las cotizaciones tú mismo.

La triste, dura y dramática realidad es, entérese D.Mariano, que desde que Vd. gobierna somos un país en el que cada vez hay más pobres, incluso entre los que trabajan. Lo dice el último informe hecho público por Cáritas. Más del 26% de los ciudadanos de nuestro país son pobres, 630.000 hogares (más del doble que en 2007) carecen de ingresos; uno de cada diez trabajadores con empleo sobrevive con el salario mínimo o con menos; el 46 % de desemplead@s han agotado las prestaciones por desempleo, la mayor parte de las madres con bebés no pueden permitirse darles el pecho; los niños con problemas de desnutrición se cuentan por millares.

Eso sí, seguramente el país va bien para la Casa Real, a pesar de los escándalos. Irá bien para esos y esas que cobran sobresueldos, para quienes hacen negocios con las posibles olimpiadas, para esos defraudadores (aclamados deportistas incluidos), para los chorizos y corruptos, para esos banqueros responsables de la crisis que se llevan los riñones bien cubiertos.

Pero para la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas la cosa está muy jodida. Así que, Sr. Rajoy, no sea cínico, no mienta y háganos el favor de dimitir y dejar que haya unas nuevas elecciones.

¡¡Gobierno Dimisión¡¡

Este fin de semana he repasado, despacio, lo que han acordado PP y PSOE. Es lo que van a presentar, juntos y en buena armonía, en el Congreso. Es un «pacto de Estado» para que España lleve una posición «común» al Consejo Europeo de los próximos días 27 y 28 de junio. Si este acuerdo sale adelante, entre otras cosas, ya “no hará falta luchar” por una Política Agrícola Común (PAC) porque “la agricultura habrá desaparecido en España”.

Su acuerdo incluye, también, el impulso de un acuerdo de libre comercio entre EEUU y la Unión Europea (UE) que supondrá el “fin de la poca soberanía económica en este país”. Ya hemos perdido la soberanía financiera y ahora, PP-PSOE entregan totalmente la posibilidad de planificar, aunque sea mínimamente, nuestra economía.

Revitalizan e impulsan “de manera efectiva” la directiva de Servicios, la Directiva Bolkenstein, con la que se pretende favorecer la libre circulación de servicios entre los Estados de la UE. No me extraña que el PP defienda estas propuestas, pero el colmo es que el «renovado e izquierdoso PSOE» apoye ese acuerdo de libre comercio y la directiva de Servicios y se retraten juntos Rubalcaba y Rajoy.

Bueno, frente a todo ello hay una alternativa que pasa por la aprobación de la proposición no de ley presentada por IU, ICV-EUiA, CHA y que se debatirá también mañana, martes día 25, en el Congreso conjuntamente con la de PP-PSOE. En ella se reclama la anulación de la reforma del artículo 135 de la Constitución -ejecutada con celeridad en 2011- para que se elimine así la prioridad absoluta del pago de la deuda y se justifiquen los recortes.
Nuestra iniciativa incluye además varios puntos para que en el próximo Consejo Europeo se promueva la derogación del Pacto de Estabilidad, se adopte un plan de emergencia contra el desempleo y se defienda el diálogo social en el ámbito comunitario, entre otras propuestas.

Se trata, en definitiva, de pasar de Europa de los mercados y banqueros a la de los trabajadores y trabajadoras.

Llegando al Parlamento Europeo

¡¡Si se puede¡¡

El Gobierno ha encargado un informe sobre la próxima reforma de las pensiones y ya se conoce el borrador que han elaborado los expertos a quienes ha consultado. Lo primero que “recomiendan», es que se aplique cuanto antes lo que proponen.

Proponen una nueva reforma, que dicen hay que aplicar ya en 2014 y, desde luego, antes de 2019. Una vez más, dicen que para garantizar la sostenibilidad del sistema, hay que recortar. Proponen, atentos y atentas, congelar las actualizaciones del IPC para todos y todas los y las pensionistas actuales y bajar las cuantías de las pensiones para l@s nuev@s perceptores. Dicen, no se lo pierdan, que no hay que revalorizar las pensiones según el índice de precios sino en función de de las cuentas de la Seguridad Social.

¿Se quedan aquí?. No, ni mucho menos. Están dispuestos a hacer algo que, hasta ahora, no se habían atrevido. Han llegado a congelar las pensiones, pero ahora proponen bajarlas. Eso si, dicen que esto no debería afectar a los pensionistas actuales porque (que detalle) supondría cambiarles «drásticamente» las reglas del juego a gentes quienes, como ya están jubilados y sin posibilidad de cotizar más, ya no tienen posibilidad de adaptarse a las nuevas rebajas, pero que es necesario para las nuevas pensiones que entren en el sistema en los próximos años. Ponen sobre la mesa la necesidad de bajar las pensiones si la Seguridad Social tiene más gastos que ingresos.

Lo justifican relacionando la pensión y la cuantía con la esperanza de vida. Recomiendan que, para las nuevas pensiones se aplique una reducción del 6 % para quienes se jubilasen en 2024 y un 12 % para quienes lo hicieran en 2032. En definitiva, si vas a vivir más cobrarás menos.

Esto significa que, además de que todos, los actuales y los nuevos, van a sufrir pérdida de su poder adquisitivo, los y las pensionistas futuros serán doblemente afectados. Ni siquiera se les actualizará la pensión que, por eso de las cuentas de la Seguridad Social, se les habría rebajado.

Bueno, pues eso. Atentos y Atentas y a rebelarse. Todos y todas somos, o seremos, pensionistas (eso espero al menos)

Sólo podemos pararles con una movilización contundente.

¡¡Nos vemos en las calles¡¡

El jueves 9 de mayo, toda la comunidad educativa (madres y padres, estudiantes y profesionales de la educación) ha convocado una huelga general para mostrar su unánime rechazo a los ataques que sufre la educación pública, mediante políticas centradas en brutales recortes que tienen como objetivo el desmantelamiento del servicio público educativo, único garante real del derecho a la educación en condiciones de igualdad.

A ello se suma el ministro Wert que sigue adelante con la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), a pesar del rechazo de amplios sectores de la comunidad educativa y del varapalo recibido desde el Consejo de Estado, que sostiene que, ni se necesita una nueva ley de educación, ni es de recibo plantearla sin amplio acuerdo con el conjunto de las fuerzas políticas y sociales.

Las medidas que recoge la LOMCE supondrán el principio del fin del modelo de educación pública conquistado durante décadas, y su sustitución por un sistema mercantilizado, cuya calidad estaría relacionada con el poder adquisitivo de las familias. Trata así de consolidar y aumentar la diferenciación de dos redes de educación. La pública centrada en atender a las clases bajas, y a quienes sean rechazados por el sector privado y zonas rurales, que no son rentables para la iniciativa privada.

También se quieren potenciar centros de diferentes niveles según los contextos socioeconómicos, fomentando la especialización y “excelencia” de unos en detrimento de otros, en lugar de garantizar el derecho universal a una educación de calidad para todos y todas. Además esa especialización estará más ligada a intereses privados empresariales y de “los mercados,” que a la formación integral del alumnado.

La LOMCE pretende potenciar territorios escolares reservados a la élite, excluyendo a su vez a las hijas y los hijos de la clase trabajadora a la hora de acceder a determinados niveles y centros educativos. Por eso busca reducir el período de enseñanza obligatoria, la exclusión de una parte de quienes han sido incluidos en el último medio siglo y la reformulación del principio de gratuidad mediante fórmulas de re-pago. El bachillerato supondría gastos que no toda la ciudadanía podrá costear, por no hablar de los aumentos, que ya estamos sufriendo, de las tasas para los ciclos de FP, de las tasas universitarias o de los desorbitados precios de másteres y cursos de postgrado.

Todo enmarcado, a su vez, en un proceso de recortes que atacan directamente la calidad de la educación pública: aumento de ratios de alumnado, reducción drástica de personal docente, eliminación o reducción de becas y ayudas, presupuesto irrisorio en las partidas destinadas a formación, investigación…

La comunidad educativa viene reclamando desde hace meses las medidas que pueden mejorar la calidad del sistema educativo con equidad, asegurando en todo caso los recursos necesarios para ello y aplicando un “rescate” a la educación pública semejante al que se ha puesto a disposición de las entidades bancarias. La educación pública no se vende. Se defiende

Defendemos una educación pública inclusiva, igualitaria, laica, de calidad, gratuita y democrática. Una educación laica que respete la libertad de conciencia y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. Una educación personalizada, integral e inclusiva, que reduzca la ratio de estudiantes por grupo y potencie la tutoría y la orientación educativa, con un currículo y una organización pensados para atender mejor a la diversidad del alumnado y formar ciudadanos críticos y capacitados para cooperar en la construcción de un mundo mejor y más justo. Una educación en igualdad que fomente la coeducación y no segregue por razón de sexo ni de orientación sexual ni por ninguna otra característica de índole personal o cultural

Por ello toda la comunidad educativa y toda la ciudadanía debemos sumarnos a la huelga del 9 de mayo, tan oportuna como necesaria; y a cuantas movilizaciones sean convocadas contra los recortes y frente a las contrarreformas educativas que quieren imponernos.

¡¡Nos vemos en las calles¡¡

Se extiende la teoría del pacto. Llaman al Pacto Nacional, y de su necesidad quieren convencer a la gente, el empresariado español, los grandes partidos y, como he visto en los últimos días, una buena parte de los ciudadanos.

Más o menos la cosa se plantea en los términos de «remar  juntos» en la lucha contra el paro. Ante este grave drama social puede ser mal visto no querer hacer de “remero”. Yo, lo que pienso es que antes de “alistarse”, hay que saber el rumbo que lleva el barco. Lo digo porque prefiero ser acusado de “no remar” que de remar en la dirección equivocada.

¿De qué pacto hablamos?. ¿Empezamos por derogar las reformas laborales o se va a profundizar en el abaratamiento del despido?. ¿Hay que recuperar la inversión pública o se trata de continuar con los recortes y la austeridad?.¿Reformamos la Constitución para sacar del Artº 135 el principio del cumplimiento del déficit o seguimos las recetas de la economía europea que nos han llevado a más de 6 millones de parados y paradas?.

Es evidente que entre las políticas que, siguiendo las directrices de la troika han aplicado los últimos gobiernos, y la ciudadanía (incluyendo a votantes y exvotantes de PP y PSOE) hay un abismo. Hay, como se vió este 1º de Mayo, un rotundo y contundente NO a las políticas neoliberales. ¿Qué otro gran pacto se puede pedir que no sea para el cese inmediato de las políticas de ajuste y recorte?.

Seamos serios. No es tiempo de la demagogia oportunista, ni de lanzar cortinas de humo, ni de llamadas vacías de contenido sobre supuestos pactos. Es el momento de que todos, partidos, sindicatos, empresarios, banqueros, nos “retratemos” y hagamos propuestas concretas para crear empleo. No “remaremos” en ningún barco que busque mantener la política económica actual. No estaremos si el pacto es para confirmar la política de austericidio y la pérdida de derechos.

La trampa es clara y evidente. Bruselas dice que hay que recortar más. ¿Cómo hacerlo con la que le está cayendo al PP y al PSOE?. Pues vistiendo de “acuerdo social y político” las “necesarias” medidas. El pacto-trampa es una perversa tergiversación. Pretende demostrar que las nuevas medidas de ajuste no son impuestas por Merkel y la troika sino que es fruto de un gran pacto nacional al que se «apuntan», y además corriendo, todos.

Recuerdo el último gran acuerdo que hubo. Era sobre las pensiones y permitió alargar la edad a la que nos jubilamos sin apenas oposición social organizada. La excusa empleada fue garantizar la sostenibilidad del sistema. Pero empezó un camino que se quiere seguir. Estamos discutiendo si nos aplican antes de lo “acordado” la ampliación de la edad de jubilación a los 67 o si, directamente y mediante un Decreto-Ley, nos aplican la edad de jubilación a los 70 años.

¿Estoy en contra de los pactos y acuerdos?. No, claramente no. Los considero necesarios. He vivido algunos que, para mi, han sido importantes. Por ejemplo el que permitió la salida de la dictadura. En los 70 queríamos democracia y libertad y, aún con dudas, las renuncias estuvieron acompañadas de avances (democráticos y sociales). Durante mi experiencia sindical he negociado convenios colectivos y he mediado en conflictos laborales. En todos los acuerdos, es verdad que unas veces más que otras, hubo avances para los trabajadores y trabajadoras. He participado, ya como diputado, en consensos y acuerdos de los que destaco el del agua, el del nuevo estatuto de autonomía, el de la Ley de muerte digna,… todos estos acuerdos en los que he participado me han demostrado lo importante que es encontrar una salida y hacerlo de manera negociada y, en la medida de lo posible, consensuada.

Por eso, desde el convencimiento de la necesidad de abrir la puerta a un acuerdo, afirmo que frente a un Pacto de Estado para “salvar” al sistema, apuntalar políticas que nos han llevado a la recesión, al desempleo y al desmantelamiento de los servicios públicos, hay que “acordar” una salida de la crisis basada en la creación de empleo, en los derechos sociales, en la Reforma Fiscal necesaria y en la defensa de la Democracia.

Ese es el gran acuerdo que reclama la gente en las calles y es el que necesitamos. 

Millones parados y paradas, una recesión económica salvaje y la única medida que propone el Gobierno de Rajoy es pedirle a la gente paciencia. Nos están arruinando la vida, desmantelando los servicios públicos, criminalizando por protestar y reivindicar  y….. nos pide paciencia. Podrán tenerla los que se están forrando con su crisis, los que salen de la banca indemnizados con 88 millones, los obispos que exigen poner coto al derecho de las mujeres al aborto libre, los Borbones con sus «asuntos» turbios,…. pero la gente quje está jodida, que no tiene empleo, que cae en la pobreza, que… esa gente necesita soluciones.

Rajoy, y su gobierno, deben largarse, deben dimitir.  Han reconocido su fracaso y han demostrado su incapacidad para crear empleo. Así lo demuestra el Programa de Estabilidad 2013-2016 y el Plan Nacional de Reformas aprobadas previamente para enviar a la Unión Europea. Es más de lo mismo: ¡¡Mas recortes¡¡ Pero, además, han mentido. Rajoy prometió la creación de 3,5 millones de puestos de trabajo.

Lo indevcente e impresentable es que ¡¡Sí se puede¡¡. Se puede crear empleo, por ejemplo, con una “política de Empleo Público para la defensa y mejora de los servicios públicos que garantice los derechos sociales”,  con un “programa de rehabilitación sostenible de viviendas”,  con un “Programa de empleos verdes”, que apueste por la  reforestación, explotación y mantenimiento de superficies forestales, y un Plan de Desarrollo Rural Integral. Hay más alternativas  sobre empleo. Puede apostarse por el reparto del trabajo existente “disminución de la jornada laboral hasta llegar a 35 horas, conciliación de la vida personal, laboral y familiar”, programas de ayuda para la pequeña empresa, los autónomos y la economía social o “medidas de estímulo al consumo responsable”.

Y ahora nos salen con el pacto. PP y PSOE, responsables de la crisis y del drama social que se vive, llaman a un gran acuerdo nacional sobre el paro. Pero quieren un pacto para seguir el camino que marcan Merkel y la troika europea. En ese pacto no entraremos. Si se hace un debate serio y riguroso en el que tienen voz todos los partidos, participan los agentes sociales, se garantiza que no se recorta ningún derecho más y se derogan las reformas laborales…. hablaremos. Si no seguiremos en las calles.

Mañana, 1º de Mayo, a llenar las calles de rebeldía y a demostrar que no nos rendimos. Que no tenemos paciencia porque queremos soluciones.

¡¡Viva el 1º de Mayo¡¡

¡¡Viva la lucha obrera¡¡

¿Qué promesas pide la Iglesia cumplir?. ¿Las del empleo?, ¿Las de la calidad de vida?, ¿las de vivienda?. NO. Miremos las reclamaciones que hace la Iglesia Católica a través de su portavoz Rouco Varela:

Legislar el derecho a la vida
“No es fácil entender que todavía no se cuente ni siquiera con un anteproyecto de Ley que permita una protección eficaz del derecho a la vida de aquellos seres humanos inocentes que no por hallarse en las primeros estadios de su existencia dejan de gozar de ese básico derecho fundamental”.

“Es urgente la reforma en profundidad de la legislación vigente”, explica el presidente de la CEE, que añade, “se ha de poner coto cuanto antes a este sangrante problema social de primer orden. No solo con medidas jurídicas proporcionadas a los bienes que se hallan en juego, sino también mediante la protección de la maternidad y el fomento de la natalidad”. Gallardón ya está en ello y promete una nueva Ley del Aborto.

Legislación sobre el matrimonio
“Hemos de reiterar también que es urgente la reforma de nuestra legislación sobre el matrimonio”, también expresaba el arzobispo de Madrid, destacando que “no se trata de privar a nadie de sus derechos, ni tampoco de ninguna invasión legal del ámbito de las opciones íntimas personales”. ¿Acaso ahora se obliga a alguna opción íntima?, digo yo
 
Según explica el cardenal Rouco Varela, “se trata de recuperar una definición legal de matrimonio que no ignore la especificidad de una de las instituciones más decisivas para la vida social; se trata de proteger adecuadamente un derecho tan básico de los niños como es el de tener una clara relación de filiación con un padre y una madre, o el de ser educados con seguridad jurídica como posibles futuros esposas o esposos”. Vuelve el nacionalcatolicismo, digo yo
 
Libertad de enseñanza
“Se espera todavía una legislación más justa en lo que se refiere a la libertad de enseñanza y, en concreto, al efectivo ejercicio del derecho fundamental que asiste a los padres en la elección de la formación ética y religiosa que desean para sus hijos”, afirmaba el cardenal Rouco Varela, que destacaba “la imposición de materias impregnadas de relativismo e ideología de género”. ¡¡¡ Uffff…., que cosa más rancia ¡¡¡ digo yo

Un año más recordamos aquel 14 de abril que, de la mano de los ayuntamientos, se proclamó la II República. Fue el turno del pueblo frente a los caciques. La Constitución del 31 fue el primer ensayo europeo de un régimen social democrático.

Lo hemos conmemorado siempre. A pesar de quienes nos consideraban unos nostálgicos, de quienes nos veían como unos románticos trasnochados, de quienes, incluso, nos miraban con recelo al considerarnos unos provocadores revanchistas.

A veces, incluso desde esa izquierda que hoy se proclama republicana convencida, se ha defendido la monarquía por considerar la Corona una institución más de las que consagra la Constitución

Hoy los valores republicanos son más necesarios que nunca.

La crisis ha dejado claro que es la estafa resultante del modelo económico capitalista.  También está quedando claro que el bipartidismo, alentador de ese modelo, está afectado por demasiados casos en los que, por una parte es evidente la falta de escrúpulos de algunos de sus dirigentes y, por otra, no aplican un riguroso código ético que aparte a los corruptos y les sitúe claramente ante la justicia. El llamado caso Bárcenas, hoy en sede judicial gracias a la querella interpuesta por Izquierda Unida, junto a otros y otras tramas (Gurtel, Pokemon, Palmarena, EREs, Matas, Pujol, Pallerols….) han puesto de manifiesto ante la opinión pública como actúan los empresarios que, a cambio de comisiones millonarias, hacen suculentos negocios.

Estas actuaciones, además de ayudar a la financiación ilegal de algunos partidos políticos, defraudan al conjunto de la ciudadanía y evaden capitales.

Entre el “festival” de las prácticas corruptas para un enriquecimiento ilícito está el caso Urdangarín, que junto con la imputación de la Infanta, ha conseguido, llevar a la Monarquía a una situación muy difícil. El caso Noos ha coincidido, también, con el conocimiento que ha tenido la ciudadanía española de comportamientos nada ejemplares de la vida privada del Monarca, relación comercial incluida, y de la existencia de cuentas de la familia real en bancos suizos.

Todas ellas, junto a la crisis que se lleva por delante derechos, empleo, servicios públicos y que socava la democracia, son evidentes muestras de que el régimen que salió tras la dictadura está superado. Nos encontramos ante una crisis del régimen, con Rey incluido, que salió de la transición. Es necesario un nuevo proceso constituyente claramente republicano. Es momento de redoblar esfuerzos de movilización política y de construcción de alternativas y los valores republicanos lo son.

El republicanismo no es pasado, aparece hoy como un valor social emergente. El republicanismo es pensamiento político y opción ideológica. No es utopía.

El primer fundamento del republicanismo se basa en el desarrollo de los derechos ciudadanos básicos de Libertad, Igualdad y Fraternidad. Libertad desde el concepto de garantizar las condiciones materiales para que la persona tenga autonomía. Igualdad desde la extensión de derechos a todas las personas y Fraternidad desde el concepto de solidaridad y conciencia de clase. La libertad, igualdad y fraternidad constitucionalizan a las personas, no pueden ser mercantilizados, ni se compran ni se venden. El republicanismo democrático significa universalizar para todos y todas la libertad.

El segundo consiste en un orden social dependiente de la responsabilidad ciudadana, que rompa el secuestro de lo político en el actual sistema de representación y que impida la fractura entre representantes y representados. El republicanismo cívico, enlaza con lo más innovador de nuestra sociedad actual porque impugna el actual modelo social y económico.

Necesitamos un nuevo renacimiento de la democracia. Un nuevo renacimiento cuyo fin es la repolitización de la sociedad. Republicanismo como compromiso ético por el interés de todos. Recuperar el derecho y deber de estar informado y la confianza en la acción colectiva para cambiar las cosas.

La lucha por la República es un modo de materializar nuestro convencimiento por otro mundo posible. Es nuestro compromiso alternativo y transformador.

¡¡Viva la República¡¡

Hoy hemos denunciado la desproporcionada actuación policial ante una protesta ciudadana que, de manera pacífica y sin violencia, se manifestó en la calle. Hemos denunciado el inicio de un expediente sancionador, por parte de la Delegación del Gobierno, a 51 personas que participaban el pasado martes en un escrache en la calle donde vive el diputado nacional del PP Eloy Suárez.

Me parece inadmisible la criminalización que pretende hacerse de las protestas ciudadanas. Me parece muy burda la campaña puesta en marcha por la derecha para justificar un «cordón de seguridad» que impida el ejercicio del derecho democrático de la manifestación en una calle pública.

Por mucho que se hable de la inviolabilidad del domicilio, derecho constitucional que defiendo, los escraches se realizan en la calle que, mientras no se diga lo contrario, «sigue siendo espacio público».
Por eso me parece un exceso policial identificar indiscriminadamente a la ciudadanía, incoar expediente sancionador y remitir el atestado a la fiscalía.

Es lo que ya pasó cuando la Plataforma Stop Desahucios hizo una protesta en la CAI que fue finalmente retirada y sobreseída. Esto mismo es lo que se hizo ayer con el expediente de identificación realizado a 51 personas que se manifestaron para reclamar apoyo a la ILP sobre dación en pago que se tramita en el Congreso.

Creo que es un exceso legal que sea la policía, con instrucciones de la Delegación del Gobierno correspondiente, quien limite el derecho de concentración y manifestación estableciendo, de manera arbitraria, «espacios de seguridad».
Esa capacidad de limitar un derecho democrático recogido en la Constitución, «solo puede tenerla el poder judicial y no el ejecutivo con la utilización de la policía.

¡¡Seguiremos viéndonos en las calles¡¡