Hace semanas, cuando se empezó a hablar del nuevo rescate para la banca, vimos a un Rajoy exultante. «¡¡Menuda negociación hemos hecho¡¡«, nos dijo. Oyéndole parecía que lo mejor que nos podía ocurrir esa ese nuevo, el segundo, rescate para la banca.

Preguntamos directamente por las consecuencias para la ciudadanía española de este nuevo rescate y nos dijeron (está grabado en los diarios de sesiones del Congreso) que nada. Que ese rescate iría directamente a los bancos y que los bancos se responsabilizaban de esa deuda. El Estado, es decir todos y todas, sólo avalaba pero no computaba como deuda pública.

Bien, pues se ha celebrado una nueva cumbre europea, Merkel ha puesto las condiciones y le ha dicho a Mariano que los 40.000 (cuarenta mil) millones que van a recibir los bancos españoles van a cuenta del empleo, de la educación, de la sanidad,… vamos, a cargo de las cuentas públicas.  Ahora sabemos que España, es decir todos y todas, debe cargar con el coste de saneamiento de la banca y que las cuentas públicas no se libran del sablazo de los 40.000 millones, más sus intereses, para recapitalizar los bancos en dificultades. Una vez que le han dado un nuevo guantazo, con la cara dura que le caracteriza, D.Mariano sale ahora diciendo que los 40.000 millones (cuarenta mil millones) de € necesarios para recapitalizar a la banca no son tan importantes.
Será ………. En estos momentos esa es la cantidad que han conseguido «ahorrar» a fuerza de cargarse la educación, la sanidad, el empleo, las libertades, el salario de los trabajadores y trabajadoras públicos, las pensiones, el recetazo,….. Justamente 40.000 millones y eso es para nuestro presidente «una minucia». Vaya personaje. Vamos a volver a sufrir recortes, ajustes, y agresiones a los servicios públicos por esos 40.000 millones que vamos a poner entre todos y todas para sanear a la banca.

Llegados a este punto conviene destacar, una vez más, que el sistema financiero español tiene su mayor deuda contraida con bancos alemanes (139.191 millones) y con bancos franceses (115.261 millones). Es decir, los bancos alemanes y franceses tienen la mitad de la deuda de los bancos españoles. Eso significa, ni más ni menos, que los bancos alemanes y franceses son los principales acreedores de la banca española y, por lo tanto, los principales interesados en que los bancos españoles paguen sus deudas.

En definitiva, el famoso rescate para los bancos españoles es, en realidad, el rescate para los bancos alemanes y franceses fundamentalmente. Este “rescate” únicamente consiste en proporcionar, con dinero público, recursos al sistema financiero español para que pueda pagar sus deudas. Lo indignante es que se consigue ese rescate aplicando como condición duros procesos de reestructuración interna que se llevan por delante miles de puestos de trabajo en las propias entidades bancarias y tienen un efecto demoledor sobre los servicios y las políticas públicas porque obligan a anteponer el pago de la deuda (insisto, deuda privada) a la educación, la sanidad, la dependencia, las carreteras, los ferrocarriles…. Vamos, que se cargan lo que tanto, y tanta lucha, costó conseguir.

Aquí os dejo este gráfico explicativo de la deuda de los bancos españoles.

                                                                                                                                    ¡¡El 14 N hay que parar el país y gritar ¡¡Ya Basta¡¡

Rajoy y su Gobierno deben  “aclarar cuanto antes” a los y las pensionistas si va a cumplir lo establecido y les va a compensar la desviación que pueda haber en la previsión de inflación para 2012 para que no pierdan poder adquisitivo.

Eso es lo que marca la  ley, con independencia de la cifra que pueda darse en el IPC de noviembre, mes que se toma como referencia para hacer el cálculo definitivo y al margen de que haya convocadas elecciones en Galicia, Euskadi y Cataluña. Ya sabemos que, en épocas electorales, el PP oculta sus intenciones.

Esta es la respuesta que hay que dar hacia las cortinas de humo que se lanzan desde el Ejecutivo del PP sobre su verdadera intención de actualizar, o no, las pensiones, después de que la inflación subiera hasta el 3,5 en septiembre. No sirven declaraciones como las que hizo el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que afirmó la necesidad de esperar a saber la subida de precios en noviembre para decidir qué harán con la subida y si ésta es ‘sostenible para el sistema’. Montoro y  Rajoy “están jugando con los y las pensionistas”.

Lo hacen a la vez que el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, viniera a nuestro país, además de para reunirse con el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, para ordenar “lo que hay que hacer con el sistema de pensiones, sin respetar las formas”. Es una nueva cantada de Rajoy que acepta que, desde fuera, se nos diga lo que hay que hacer”. El colmo es que el citado Sr. Rehn manifestó públicamente que el Gobierno debe acelerar la reforma del sistema de pensiones y que, tal y como ha señalado la Comisión Europea, hay que subir la edad de jubilación de forma equivalente al aumento de la esperanza de vida.

Ya les vale. En definitiva, trabajar más, más tiempo, en peores condiciones y bajar las pensiones

                                                                                                                                                                                            ¡¡ Nos vemos en las calles¡¡

Sabemos, lo hemos dicho muchas veces y lo saben quienes se empeñan en decir que es intocable, que la Constitución del 78 está obsoleta y no da respuestas a los problemas de la gente. Menos ayuda la última reforma pactada por los partidos del régimen, el PP y el PSOE, que ha puesto nuestra Constitución al servicio de los mercados, con las duras y dramáticas consecuencias que estamos viendo de paro, empobrecimiento de la población, pérdida de derechos y libertades y destrucción del Estado Social.

Sabemos que nuestros gobiernos gobiernan al servicio de lo que impone la Troika. Por eso tenemos un sistema que desahucia familias cada día, que condena a las y los jóvenes a una vida sin futuro, a paro y precariedad donde la única salida que tenemos es la emigración, donde se desmontan los servicios públicos, donde se instaura otra vez el racismo y la xenofobia. Por eso vemos como, día a día, desmontan la sanidad y la educación públicas. Vemos como la Ley de Dependencia queda en papel mojado. Vemos como se «rescata a los bancos» mientras se sume a la gente en la miseria y en la desesperación.

Nuestra Historia reciente es fruto del Pacto Constitucional que, una vez acabada la dictadura, estableció el marco en el que se desarrollaría el Estado. Ese acuerdo, con sus virtudes y defectos, es la base de nuestro actual sistema democrático. En los debates pre y constitucionales tuvieron un protagonismo especial los conceptos de Autonomía y Libertad y ambos, los dos, dieron luz a la Constitución de 1978. Autonomía y Libertad abrieron la puerta de la democracia. Autonomía y Libertad están presentes en nuestra vida en los últimos 35 años. No puede venir ahora el PP, con la excusa de la crisis, a hacernos retroceder a los 70 del siglo pasado. Autonomía y Libertad están en peligro.

El PP, ayudado por la derecha más reaccionaria, va decididamente hacia la involución. Aprovechando la crisis económica y social que no sabe resolver, carga contra Autonomías y Ayuntamientos. Les responsabiliza del déficit y de la desconfianza de los mercados y de la subida de la prima de riesgo.

No niego los déficits de gestión que hay en algunos Gobiernos Autónomos y en algunos Ayuntamientos. La política de grandes fastos y eventos que han seguido aprovechando el desarrollismo y la burbuja inmobiliaria es absolutamente reprobable. Estas realidades, ejecutadas por Gobiernos del PP o del PSOE, son las que utilizan ahora el PP y la derecha para afirmar que el Estado Autonómico es caro e ingobernable. ¿El problema es el autogobierno o el mal uso que de esa capacidad se ha hecho?. ¿Hay garantías de que un estado centralista no haga Expos, o Juegos Olímpicos, o que no llene el país de insostenibles líneas de AVE?.

El golpe quiere completarlo reduciendo diputados y concejales. Quiere quitar representantes elegidos por la gente. Quiere hacerlo sin modificar la Ley Electoral actual que garantiza el bipartidismo que nos gobierna. Ciertamente al PP y al PSOE les es indiferente el número de escaños. Siempre, mientras no haya un sistema más justo, proporcional y democrático, serán los dos partidos mayoritarios y se alternarán en el Gobierno o, incluso, como ya han hecho con la política de ajuste del déficit, llegarán a un “acuerdo de estado”. Lo que ocurrirá, si el PP saca adelante su idea, es que la gente que vote a un partido diferente de los dos grandes, tendrá más complicado que sus opciones políticas lleguen a Las Cortes o a los Ayuntamientos. Eso es pérdida de calidad democrática, va contra la pluralidad política y, en definitiva, es un recorte de libertad.

Es verdad que hay que ajustar la administración a las realidades. Afirmo que sobran administraciones públicas, pero no son las Autonomías. ¿Necesitamos la Corona?. ¿Cerramos el inútil e inservible Senado?. ¿Quitamos los Ministerios del Gobierno Central una vez que las Autonomías tienen competencias plenas?. ¿Suprimimos las Diputaciones Provinciales que son entes decimonónicos?. Nada de esto. El PP quiere desmontar Autonomías y Ayuntamientos porque, dicen, han agravado la crisis. Saben, de sobras, que la crisis la han provocado la burbuja inmobiliaria y la banca especulativa. La diferencia es que a la banca la rescatan sin siquiera pedir responsabilidades y a los Ayuntamientos y Autonomías les agreden a golpe de Real Decreto. También quieren, como alguna otra gente, quitar políticos. Parece que salen muy caros los Parlamentos y los Ayuntamientos. Cuidado con esto que también propaga y difunde la derecha. ¡¡Fuera Políticos¡¡ le viene muy bien al populismo oportunista, a quienes defienden un gobierno de tecnócratas sin ideología y a cualquier salvapatrias.

La Libertad le resulta molesta al PP y a la derecha. No soporta las calles llenas de gente reivindicando, ni la resistencia ciudadana, ni la rebeldía ante los recortes continuos. Por eso endurece el Código Penal, por eso identifica a todo el mundo, por eso detiene y reprime.

No podemos permitir que nos lleven otra vez al punto de partida. Autonomía y Libertad son patrimonio de la gente, de los trabajadores y trabajadoras, de quienes  defendieron los valores republicanos y de quienes resistimos a la dictadura fascista y asesina. Autonomía y Libertad son nuestras. No nos las quitarán

El ferrocarril internacional del Canfranc, que cruza el Pirineo, que tiene estudios realizados, y aceptados por todo el mundo, que demuestran que con una inversión de 200 millones de € la línea esta operativa y reabierta en dos años, está abandonado a su suerte. Pero, mientras tanto, el Gobierno de Aragón se empeña en una quimera que se llama Travesía Central del Pirineo, cuyo coste superará los 40.000 millones de €, que no tiene ni siquiera estudios de trazado y que, si algún día lo es, no será realidad hasta 2050
Pues bien, ayer, en Monzón, nada más y nada menos que tres Consejeros del Gobierno de Aragón, rodeados de autoridades y empresarios comarcales, escenificaron una apuesta de futuro para las comarcas de Cinca Medio, Somontano y La Litera, y, ahí es nada, para las generaciones venideras.
Hablan de un Area de Logística quienes nos están llevando a una regresión económica salvaje. Recesión que se está llevando por delante todo el tejido industrial y está bloqueando toda posible actividad económica. Supongo que serán, también, conscientes de que Areas Logísticas (4) ya tenemos en Aragón más que aeropuertos (3) de los que, por cierto, ya tenemos más que la Alemania de Merkel. Eso si Aeropuertos de decorado uno, el de Teruel sin aviones, otro, el de Huesca que se utiliza de vez en cuando con algún vuelo charter y el de Zaragoza que está hipotecado por albergar una base militar que utiliza la OTAN para sus necesidades.
Conciben el Área Logística Cinca Medio-Somontano-La Litera como una plataforma «discontinua» para el asentamiento de empresas al calor de la vía férrea Zaragoza-Lérida quienes echan el cierre al ferrocarril el próximo mes de Enero y son incapaces de reabrir el Canfranc.
Y, para colmo de despropósitos consideran que esta Plataforma Logística se consolidará con la famosa Travesía Central del Pirineo de la que no hay ni siquiera estudios y a la que, en el mejor de los casos, no se espera hasta 2050.
¿Algo para hoy, para mañana, para el mes que viene?, ¿resistirán los parados y paradas de 2012 hasta 2050?,
Pero que gente……

                                                                                                                                                                                                            ¡¡Nos vemos en las calles¡

El pasado jueves, como en toda España, Izquierda Unida de Aragón convocó varios actos públicos. Uno de ellos en Zaragoza.
Envié por Twittet la convocatoria al Acto Público en el que invitábamos a la rebelión ciudadana contra los recortes. Era un acto que contaría con tres intervenciones y que tendría hojas de recogidas de  firmas para que, quien quisiese, apoyara la campaña.
Recibí una respuesta: «Muy bien, me apunto a la rebelión pero vosotros también sois el enemigo, sois cómplices directos de todo».
¿De quien soy-somos enemigos?. Hasta ahora me habían considerado su enemigo fascistas, nazis, racistas, machistas, xenófobos, ….¿Sería uno de ellos quien me envió el twitter?, o ¿sería algún ciudadano que, por aquello de ser político, ya me considera enemigo?.
Ciertamente hay un especial empeño en desacreditar a toda la clase política, sin distinciones y cada vez es más común aquello de «todos iguales».
Hoy, sin ir más lejos, puede leerse en uno de los rotativos aragoneses, un artículo titulado «No es el déficit, es el paro» y ahí, al final (reproduzco exactamente) dice: ..Es la ceguera de la clase política y de los dirigentes de media Europa, empezando por la de España. Y es la nula sensibilidad hacia la gran fuente de crecimiento:el capital humano. Lo que quieren que la gente de este país entienda es, en definitiva, sus mentiras».
¿Empezará, alguna vez, a llamarse a las cosas por su nombre?, ¿Se dirá alguna vez quienes de la clase política son mentirosos?, ¿Se hablará claro y se le dirá a la gente quienes de la clase política toman las decisiones que nos están llevando al desastre?.
Esto me lleva a la reflexión sobre la segunda parte del amable twit que recibí. Esa que afirma que somos (I.U.) cómplices directos de todo.
¿Alguien puede decirme una sola medida de las que están jodiendo al personal que haya sido apoyada por I.U.?.
¿Alguien ha visto a I.U. recortando la educación, la sanidad, las pensiones, el desempleo…..?
¿Alguien ha dejado de ver a I.U. en las calles, con la gente, oponiéndose a los recortes y reclamando alternativas?.
Reconozco que, por las malas prácticas, abusos, corruptelas y falta de respeto a la gente de algunos políticos (muchos de ellos y ellas, por cierto, reiteradamente votados en elecciones libres y democráticas) haya ese cabreo. Me parece absolutamente injusto tratar a todos por igual. También creo que el mensaje populista del «fuera políticos» interesa, sobre todo, a los poderes fácticos y económicos de siempre, bueno, y también a los tecnócratas, salvapatrias y demás figuras semejantes (desgraciadamente hay unos cuantos ejemplos en la Historia sobradamente conocidos). Franco afirmaba: «Haga como yo y no se meta en política»
El mensaje  del «todos iguales, además, interesa a quienes apuestan por el bipartidismo existente ya que este tipo de campañas a quienes más afectan es a las organizaciones políticas que tienen alternativas, que dicen claramente que esto no es una crisis sino una estafa y que dejan en evidencia a los dos grandes partidos que pactan acuerdos de estado, modifican juntitos la Constitución y secundan las políticas liberales.

Con todo seguiremos adelante. Intentaremos dejar de ser el enemigo y trataremos de ayudar a construir una alternativa.

                                                                                                                                                                                                            ¡¡Nos vemos en las calles¡¡

La continua utilización de la tijera (auténtica herramienta de la crisis) que está haciendo el Partido Popular supone la quiebra y ruptura del Pacto Social sobre el que se asienta un sistema democrático.

El Pacto Social es sencillo: La ciudadanía paga impuestos directos según su renta y patrimonio y el Estado garantiza los servicios públicos y atiende las necesidades sociales. Con la herramienta de la crisis en la mano el PP ha decidido que, además de los derechos laborales, los cuatro pilares básicos del estado del Bienestar (Educación, Sanidad, Pensiones y Servicios Sociales) sufran la dureza del recorte con la justificación de la crisis.

Justamente, cuando la crisis y el desempleo llevan a la pobreza a familias enteras, cuando se desahucian las viviendas de quienes no pueden pagar su hipoteca, cuando miles y miles de jóvenes están sin futuro laboral, cuando miles y miles de personas desempleadas agotan las prestaciones y subsidios a las que tienen derecho,… en estos duros y dramáticos momentos, el gasto social se reduce.

Ya ni siquiera se molesta el PP en intentar mantener aquel engaño reiterado de que el gasto social no sufriría por la crisis. No hay más que ver los Presupuestos para comprobar que ha sido reducido. No hay más que leer los últimos decretazos sobre el recorte en Educación y Sanidad. No hay más que leer la orden de paralización de la aplicación de la Ley de dependencia. No hay más que leer los Planes de Equilibrio Financiero. Es una evidencia: el gasto social ha sufrido el tijeretazo.

Los Servicios Sociales adelgazan cuando más necesarios son y se derivan las urgencias y necesidades hacia las ONGs que, también han sufrido recortes, que ven como no se renuevan convenios. Estas organizaciones no tienen recursos ni infraestructuras para atender todas las necesidades. El Estado y las Administraciones públicas “olvidan” que el tercer sector es complementario y, por ello, nunca debe suplir a las administraciones que son quienes tienen la obligación de atender las necesidades sociales.

Reducir el gasto social afecta gravemente a la ciudadanía. Convierte derechos en beneficencia y agrava la dureza de la crisis para quienes, sin haberla causado, son víctimas de ella.

Dejar a la gente sin otra alternativa que los comedores sociales es atentar contra su dignidad, destruye la autoestima, atenta contra la persona y la deja en claro, y grave, riesgo de exclusión social.

Siempre, pero especialmente en situación de crisis, los derechos están por encima de la caridad. Hablamos de derechos constitucionales.

Nos argumentan que el nuevo Artº 135 de la Constitución, aquel que pactaron PP y PSOE, obliga al ajuste y al recorte. Pero no quieren saber nada del Artº 10, que declara inviolable el derecho a la dignidad de la persona ni del Artº 41, que garantiza la asistencia y prestaciones sociales en caso de necesidad, especialmente en situación de desempleo.

La Beneficencia y la caridad son propias de siglos pasados y claramente contrarias al estado de derecho democrático moderno.

Lo indignante es que se justifique esta ruptura del pacto social alegando escasez de recursos económicos y necesidad imperiosa de recortes del gasto social. Recursos hay pero no quieren cogerlos. La Derecha y el Partido Popular prefieren castigar a los más débiles antes que enfrentarse con los poderes económicos, con los grupos financieros o con las clases sociales que tienen las rentas más altas y que, además, no pagan impuestos.

Prefieren dar una amnistía al fraude fiscal y al dinero negro en vez de perseguir estos delitos con energía.

Prefieren “rescatar” al sistema financiero antes que rescatar a la ciudadanía del desempleo y de la pobreza.

Y en este contexto nos salen el PP y la derecha pidiendo a la gente que acepte y acate los recortes. Hablan de excesos en las manifestaciones y actos reivindicativos y se atreven a insinuar que hay una “guerrilla urbana” organizada. Cuando se rompe, o degrada hasta lo inaceptable, el pacto social es legítimo, saludable y democrático que la ciudadanía se rebele y reclame sus derechos.

Diga lo que diga Rajoy, España está «intervenida», y lo que procede ahora mismo, como primera medida, es que el Gobierno de Rajoy nos explique por qué ha decidido que sea la ciudadanía quien pague el agujero financiero de la banca causado, entre otras cosas, «por la estafa inmobiliaria».

Tras escuchar a Rajoy en la rueda de prensa que ha dado esta mañana antes de irse a ver el partido de España, le pido un mínimo de honestidad. Sr. Rajoy deje de mentir. Vd, Sr. Rajoy, ha decidido que seamos los ciudadanos y las ciudadanas quienes al final paguemos esta deuda a través de un doble rescate, ya que es el Estado el que absorbe la deuda de las entidades financieras con problemas y quien se convierte en avalista de la misma ante Europa.

Es inaceptable que esta decisión, que Vd, Sr. Rajoy vende como un triunfo de su política de recorte y ajuste duro, signifique que aumenta la deuda y el déficit y, de media, cada ciudadano de este país, va a tener una deuda individual de más de 2.000 euros que pagará a través de los Presupuestos Generales del Estado,

La deuda de la banca española supera los 100.000 millones de euros y, aunque Vd. Sr.Rajoy, diga que es un préstamo lo cierto es que España «está intervenida» . Ya le avisa en un comunicado el Eurogrupo. Dicen “que van a estar vigilantes mientras se produce el préstamo».

Esa vigilancia quiere decir que vamos a pagar esa deuda y sus intereses antes que tener un Estado del Bienestar, por mucho que De Guindos diga que solo afecta al sistema financiero, también al Estado porque es el garante..

Por este motivo Europa ya ha dado a España las directrices que debe seguir para mantener controlado un déficit que se incrementará como consecuencia de los intereses de este rescate y que pasan por subir el IVA, incrementar el ajuste en las prestaciones por desempleo, esas que ya se recortan en los PGE de 2012 un 5,4% pese a que el Gobierno prevé 650.000 parados más, reducir el gasto en pensiones y acelerar la aplicación del retraso en la edad de jubilación, al margen de reducir los empleados públicos y aumentar las privatizaciones.

Respecto a las afirmaciones del ministro de Economía acerca de que esta medida permitirá que comience a circular el crédito, vuelven a ser una falacia porque, tal y como sabemos, la banca «lleva tiempo recibiendo prestamos al 1% de interés y no se ha destinado a la economía productiva sino que se ha destinado a cobrar intereses especulativas a las propias administraciones públicas como son los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas”.

Lo mismo va a pasar con esta recapitalización del sistema financier0. Irá principalmente destinado a pagar las deudas de la banca española con la francesa, la alemana y de otros países, pero no para beneficiar a la ciudadanía que seguirá sufriendo el recorte y el ajuste duro.

Por todos estos motivos creo que en estos momentos es más necesario que nunca que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca ante el parlamento porque los ciudadanos quieren saber lo que ha pasado, para que no se repita, pero también para depurar responsabilidades de los gobiernos anteriores y actuales, de los consejos de administración de las entidades financieras, del Banco de España y de los órganos reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”.

Como la mesa del Congreso ya ha rechazado en tres ocasiones la creación de una comisión de investigación, fuentes del Grupo de la Izquierda Plural en el Congreso informan que se presentará el próximo martes en la Cámara Baja una moción «que provoque que, al menos, se genere un mínimo debate y expliquen por qué el PP vota en contra de una comisión de investigación que aclare la situación».

«Es urgente que Rajoy, que se comprometió a decir la verdad a los españoles y no lo está haciendo, lo haga en vez de irse a ver un partido de fútbol. Por eso es urgente que explique en el Parlamento por qué el Estado absorbe la deuda de los bancos, a que condiciones y con qué coste para los ciudadanos.

                                                                                                                                                   Mientras tanto recortes y más recortes

La Reforma Laboral entra en el Sector Público y abre la puerta a los despidos del Personal Laboral.

Como todos y todas sabemos uno de los objetivos de la Reforma del Mercado Laboral, (contra la que hicimos Huelga el 29 M) es facilitar el despido tanto en el sector público como en el privado.

En las Administraciones Públicas afecta al Personal Laboral ya que sus relaciones laborales se rigen por el Estatuto de los Trabajadores que es el texto que ha reformado Rajoy. Quienes son laborales y trabajan en las Empresas, Consorcios, Fundaciones y Entes Públicos y, también, quienes son personal laboral de plantilla de los ayuntamientos, de las comarcas, de las Diputaciones o del Gobierno de Aragón, ya pueden sufrir un Expediente de Regulación de Empleo y ser despedidos.

Bastará, así lo señala la Disposición Adicional 2ª del decreto-ley de la reforma, que la Administración o Empresa Pública correspondiente, justifique nueve meses de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente. No necesitan más para aplicar un ERE por causas económicas y despedir al personal laboral con una indemnización de 20 días por año trabajado sin, siquiera, necesitar que la autoridad laboral lo apruebe.

Esta Reforma prohibe al Sector Público aplicar ERES de suspensión temporal de empleo o de reducción de jornada. Tan sólo permite aplicar los de suspensión de relación laboral lo que significa despidos. Es evidente que esta decisión se toma con el objetivo claro de facilitar el ajuste presupuestario que impone el Gobierno Central mediante el despido de personal laboral.

Esto es una discriminación lesiva para los trabajadores y trabajadoras laborales del Sector Público. En el sector privado, cuando una empresa sufre dificultades económicas puede optar por la suspensión temporal de contratos o por la reducción de jornada. La empresa que toma esta decisión recibe una bonificación del 50% en las cuotas a la Seguridad Social durante 240 días. Los trabajadores y trabajadoras afectados cobran 180 días de prestación por desempleo, sin que eso suponga merma alguna en su derecho a cobrar luego el paro si definitivamente acaban perdiendo su empleo. La reforma laboral cierra esta posibilidad para los laborales del Sector Público que sufran un ERE por decisión de la Administración que les tiene contratados o contratadas.

Es absolutamente inaceptable que la administración que aprueba y gestiona sus presupuestos pueda invocar la “insuficiencia presupuestaria” para justificar el despido colectivo por motivos económicos. Estamos ante una flagrante vulneración del derecho de quienes pueden ser víctimas de un ERE en los entes y organismos públicos ya que la Administración o Empresa Pública que aplica el ERE es la que aprueba el presupuesto y, por consiguiente, es la propia responsable de la “insuficiencia presupuestaria” que lo justifica .

El trabajador o trabajadora laboral del sector público queda absolutamente indefenso y sufre las consecuencias ya que la Reforma Laboral impuesta facilita y abarata el ERE y permite a la Administración provocar la causa que motiva el despido.

Puedo entender que sea necesario reordenar los recursos humanos pero creo que, en un país democrático y serio, eso debe hacerse negociando en las Mesas y Organos de Representación de los trabajadores y trabajadoras las posibles medidas de ordenación de las necesidades de personal que, en todo caso, deberán ser acordes con un Plan de Ordenación de Recursos Humanos previamente aprobado tras la negociación con los representantes del personal afectado. Ese Plan debe valorar las necesidades de personal, las posibilidades de recualificación, recolocación, medidas de movilidad dentro de la misma u otras Administraciones y todo ello dentro de un Plan de Viabilidad y Sostenibilidad Económico-Financiera que habrá de ser presentado a los Representantes de los Trabajadores y a los Grupos Parlamentarios que deben controlar la acción del Gobierno.

No podemos permitir más pérdidas de empleo ni seguir aceptando que la crisis es la excusa para acabar con los servicios públicos y con el empleo de quienes trabajan en ellos.

                                                                                                                                                                                                Hay que seguir. ¡¡ Nos vemos en las calles ¡¡