Creo en la política, hago política y, temporalmente, me dedico a la política. Lo hago defendiendo un programa, lo hago representando a la ciudadanía, y porque quiero hacerlo con rigor, lo hago con dedicación exclusiva. En todo momento apuesto por la democracia. Milito en Izquierda Unida, una organización pionera en la aplicación de fórmulas de regeneración democrática, que suspende de militancia en casos de imputación por posible corrupción, que tiene limitación de mandatos, que declara la incompatibilidad de cargos remunerados, que tiene un estatuto que regula estrictamente el régimen económico de sus cargos públicos y orgánicos.
La transparencia forma parte consustancial, desde siempre, de nuestro discurso y de nuestra práctica política. Hoy, vinculado a la transparencia, pero también a la política de recortes y ajustes, se habla de los sueldos de los políticos. Tenemos casos ya en los que se “retira” el sueldo a diputados y diputadas, como ha hecho Cospedal en Castilla-La Mancha y sale el propio Rajoy defendiendo que el 80 % de concejales y concejalas no cobrará. Quieren que la gente crea que la democracia es muy cara.
Ciertamente, hoy hay una mayor exigencia de transparencia porque la ciudadanía, con toda legitimidad, ante los continuos escándalos de corrupción que aparecen, reclama más información sobre los cargos públicos. Interpela a todos por igual. La derecha ramplona ha conseguido que la gente nos trate a todos como si todos y todas fuésemos sospechosos de corrupción y/o de enriquecimiento ilícito. Como si todos y todas cobrásemos “sobres”, como si todos y todas estuviéramos imputados o imputadas.
Sabemos, de sobras quienes son porque tienen nombre y apellidos y sabemos que, aunque se empeñen, no todos los políticos somos iguales. Hay una minoría, perfectamente identificada, que son corruptos, sinvergüenzas y chorizos.
Independientemente de ello, atiendo esa reclamación ciudadana y hago público mi sueldo, mi patrimonio, mis deudas, mis actividades, lo que aporto a mi organización,….
Lo hago a la vez que salgo al paso de la perversa forma en que se está criminalizando la política. Defiendo y reclamo que el cargo público, el político elegido que dedica su trabajo a la política, tiene derecho a ser retribuido por su trabajo de representación. Tiene derecho a un salario. Un salario justo, que obligatoria y necesariamente, debe ser regulado y controlado.
Tan sólo con un sistema retributivo que fije y regule el régimen económico y laboral, que implante un sistema de incompatibilidades y que establezca la forma de responder penal y patrimonialmente en casos de corrupción demostrada de los cargos públicos, estará asegurada la democracia. Un sistema que deje sin retribución alguna a quienes representan a la ciudadanía en las instituciones es un sistema antidemocrático que dejará la representación parlamentaria en manos de quienes “puedan” dedicarse a la política como “hobby”, o como segunda actividad o de quienes, pagados por “lobbyes” económicos, claramente, quieran poner la acción política al servicio de sus intereses. Esa es la política corrupta y caciquil que hemos tenido en este país hasta hace bien poco.
Hoy, con la justificación de la crisis, la derecha más reaccionaria y populista, trata de impedir que quienes “quieran servir a la ciudadanía y representarla en las mejores condiciones” puedan llegar a ser cargo público. Quieren que quienes dependen de su trabajo como único medio de vida renuncien a ser cargos públicos por la vía de negarles la remuneración por su trabajo.
Por eso reivindico, también, el derecho a hacer política, a participar en la política. Quiero democracia en la política y, por ello, defiendo la necesidad, en una sociedad democrática, de mecanismos que posibiliten, en igualdad de oportunidades, independientemente de la capacidad económica y al margen de los intereses particulares, que cualquier ciudadano o ciudadana, si así lo decide y le vota la gente, pueda representar a la ciudadanía en las instituciones democráticas.
Adolfo Barrena 