En Aragón una parte importante de la agenda política la marca el urbanismo. El caso de La Muela media en el debate y está ocultando que, a la vez y simultáneamente, se están debatiendo en Las Cortes leyes importantísimas como la de Servicios Sociales, Urbanismo, Ordenación del Territorio, Gran Scala, Ley del Presidente y Ley de la Cámara de Cuentas.
Las dos últimas fundamentales para la trasparencia y el buen gobierno. La del Presidente regula el régimen de actuación, nº de Consejeros y Vicepresidentes, Régimen de Incompatibilidades, Asesores y cargos de confianza,… La de la Cámara de Cuentas es realmente el órgano de control económico del Gobierno de Aragón (30 años hace que debería estar), pero están pasando sin pena ni gloria. A nadie parecen importarle.
Escribo aquí desde la preocupación porque mi posición en estos temas no está consiguiendo tener espacio en los medios informativos. Recibo, a diario, llamadas y mensajes que así me lo indican.
Creo que el caso de presunta corrupción lo está persiguiendo y juzgando un juez que es el órgano a quien le compete. Pienso que lo sucedido en La Muela es consecuencia del modelo urbanístico que permite recalificaciones a la carta, convenios urbanísticos y crecimientos desmesurados de las zonas urbanas y urbanizables.
Aunque corruptos y sinvergüenzas puede haber en todas partes el verdadero problema está en las leyes que permiten que el urbanismo sea una fuente de ingresos. Aunque los ingresos sean para resolver el problema de financiación de los Ayuntamientos, siempre hay negocio y plusvalías que, aunque sea legal, acaban en las cuentas de resultados de las promotoras, urbanizadoras y propietarios de los terrenos que se recalifican. Por eso, sin dejar de denunciar el caso de La Muela, estoy exigiendo hablar del urbanismo que se hace en Aragón.
Si no se aprovecha el trámite de las nuevas leyes de urbanismo para evitar la misma política seguiremos con un modelo que es insostenible, depredador, especulativo y facilitador de negocios. Seguiremos, además, dando facilidades a los sinvergüenzas y personajes sin escrúpulos que hacen cosas como las presuntamente ocurridas en La Muela. Aunque acaben en la cárcel la alcaldesa y los demás, aunque cesen a quien sea, aunque cambien el ayuntamiento en la Muela, el urbanismo aragonés seguirá permitiendo el negocio y la especulación.
Seguirá adelante la locura de Gran Scala, buscarán cargarse la huerta de Las Fuentes para la «Exponabo», seguirán urbanizando el Pirineo y las sierras turolenses y seguirán intentando (lo están pactando ya PSOE y PP) recalificar importantes zonas en Zaragoza y su área metropolitana. Mientras tanto sólo se habla de la Muela, de coches y relojes de marca, de mansiones y de lujos obscenos, de ritmos de vida escandalosos que en tiempos de crisis como los que vivimos son insultantes para quien pierde el empleo o le hipotecan la casa.
También, mientras sólo se habla de La Muela, siguen cerrando empresas, sigue creciendo el paro, siguen privatizando servicios y siguen ayudando a las entidades financieras.
Por eso, pienso, porque el interés mayoritario es que siga existiendo la cultura del pelotazo (aunque sea legal) se centra todo el debate en la corrupción y no en el urbanismo. No deja de ser sorprendente que se esté permitiendo que el PP (trajes, espías, Fabra, Camps, Gurtel,…) esté apareciendo como uno de los paladines de la lucha anticorrupción. Es, al menos curioso, que la CHA del urbanismo zaragozano desaforado (Seminario, Romareda, Arcosur, Ranillas, Expo, Cubit,…) se queje de La Muela. Es patético ver a Lambán e Iglesias, en un ejercicio de oportunismo, pedir que se disuelva el Ayuntamiento cuando cualquier dirigente político debe saber que es imposible (no puede disolverse el Ayuntamiento de la Muela y, al igual que quienes abanderan una plataforma ciudadana, están utilizando la buena fe de la gente).
Nadie parece acordarse de que Izquierda Unida (hace ya tres años) denunció expresamente el caso de la Muela en Bruselas, pero también lo hizo con Arcosur, Formigal, Villanueva, Cerler, Castanesa, San Agustín y recientemente con Gran Scala. Y de ésto no habla nadie.
En definitiva, quiero que los corruptos sean juzgados y en ello está la justicia. Quiero que el PAR y el PSOE asuman sus responsabilidades. Pero quiero, también, un urbanismo social, progresista y al servicio del interés general y ese debate serio, político y social no se está dando. Izquierda Unida debe seguir insistiendo en esa necesidad y no dejarse llevar al único y exclusivo debate de la corrupción en La Muela.
También debe seguir trabajando para aportar propuestas y exigir soluciones para la grave crisis de empleo y para las familias que empìezan a verse abocadas a niveles de pobreza inaceptables.
El proceso de reforma de los diferentes estatutos de autonomía está volviendo a reabrir debates sobre el uso y «propiedad» de las aguas que ponen de manifiesto la necesidad de definir una política de gestión del agua. La izquierda alternativa y transformadora debe considerar el agua como bien público y exigir la gestión social del agua.
Hace unos días, en el Pleno de Las Cortes, se aprobó una moción sobre la Ley de la Montaña, que literalmente dice lo siguiente:
En el pasado Pleno de Las Cortes presenté una interpelación para que la Consejera de salud explicase cómo iba a resolver el Salud el servicio de cita telefónica que, como sabéis muchos y muchas está saturado.
Este mes volveremos a recordar a la II República. Quiero, una vez más, recordar y homenajear a quienes creyeron en el futuro, a quienes lucharon por la igualdad, la justicia y la libertad, hace ya tantos años. La II República hizo realidad un sueño: un país capaz de ser mejor, de ser justo, de ser solidario, de ser democrático.
Esta afirmación, que debería ser una obviedad, es necesario recordarla en tiempos de crisis porque, con la excusa de la falta de «mercado», de la falta de «ventas», del exceso de «stocks», se justifican los despidos, no se renuevan los contratos temporales o se presenta un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
